Un fuerte descargo fue emitido ayer por la noche con respecto a la polémica por la mesa de espionaje ilegal que destapó el armado de causas judiciales en contra de sindicalistas de la provincia de Buenos Aires. El comunicado lleva la firma del Consejo del Partido Justicialista de Catamarca, que integran las máximas autoridades de la provincia.
La senadora por Catamarca Lucía Corpacci se expresó en varias oportunidades en sus redes acerca del tema; reprodujo el comunicado del bloque de senadoras y senadores nacionales. También, días atrás en declaraciones a Catamarca / 12, había elogiado la intervención de Juliana di Tullio en la última sesión del Congreso: “Espero que la Justicia actúe como corresponde”, agregó posterior a la sesión en la que se aprobó la Ley de Bienes Personales.
El comunicado de la mesa chica del PJ catamarqueño, expresa:
“La democracia argentina requiere para su plena vigencia política y social el respeto al sistema institucional establecido en la Constitución Nacional, y el equilibrio armónico entre los poderes del Estado. Pero esencialmente, precisa que quienes ejercen esos poderes, respeten irrestrictamente el estado de Derecho y las garantías constitucionales aseguradas a toda la ciudadanía.
Ello se logra cuando el ejercicio funcional se desempeña con apego a las normas jurídicas, y dentro del marco de las competencias, atribuciones y deberes conferidas por la Constitución y las leyes a cada poder público.
Las y los legisladores nacionales tienen inmunidad de opinión para poder ejercer libremente la función parlamentaria sin presiones ni sujeciones de ningún tipo, salvo las delimitadas por la Constitución y la ley. Y esta inmunidad es tan importante como la garantía de independencia del Poder Judicial para poder administrar justicia, porque ambas encuentran sustento y emanan de la propia Constitución.
Expresar en el Senado de la Nación la preocupación democrática por la existencia de mesas judiciales vinculadas a poderes políticos que procuraban el armado de causas judiciales destinadas a perseguir a sindicalistas o a cualquier otro ciudadano opositor, en el marco del law fare, y la presunta vinculación de funcionarios judiciales en la trama de complicidades espurias, no solo no configura ningún ataque a la institucionalidad, sino que procura proteger a la institucionalidad democrática y a toda la comunidad de los desvíos y abusos de poder.
La igualdad ante la ley es aplicable a todos y todas. Y nadie puede ni debe sustraerse a la acción de la Justicia, cuando sus actos resulten contrarios a derecho. Tampoco ningún Procurador.
Lo que resulta realmente lesivo del estado de Derecho, es que quienes fueron o son miembros de poderes del Estado, utilicen metodologías penadas por la ley, como elementos de persecución de opositores políticos o sindicales, retrotrayendo al país a épocas oscuras de conculcación de garantías constitucionales y violaciones de derechos humanos.
El espionaje ilegal, el armado de causas judiciales pergeñadas desde ilegales “mesas judiciales”, con participación de políticos, miembros del Poder Judicial, empresarios y periodistas o representantes de medios de comunicación, es lo que realmente debiera preocuparles y ocuparles. Porque eso sí configura delitos penales, y lesiona con gravedad institucional extrema, la vida democrática, la institucionalidad y las garantías y derechos constitucionales de la ciudadanía”.
Firman Lucía Corpacci, presidenta; Raúl Jalil, vice presidente primero; Marcelo rivera, vice segundo; Isauro Molina, Secretario General; Paola Fedeli, secretaria del Interior; Augusto Barros, secretario de Adoctrinamiento; Carlos Cisneros, secretario de Prensa; Gabriela Acevedo, tesorera; Inés Rodríguez, secretaria Gremial; Juan Denett, presidente JP; Cynthia Gambarella, presidenta Generación Intermedia; Ana Castro, presidenta de la Rama Femenina.
