Cada día salen a la luz nuevas pruebas de la existencia de una organización criminal muy grande, la más grande que se haya tenido conocimiento en la historia democrática del país. Si bien una parte importante de la población conoce, o al menos intuye su existencia, muy pocos han tomado conciencia de la magnitud de la planificación que llevó su creación, de las interminables sumas de dinero que insumió su puesta en marcha, y sobre todo el poder de daño real que tiene ese grupo criminal. Se trata de una organización que pone hoy a prueba nuestro sistema tradicional de controles que garantizan el funcionamiento institucional democrático. Está diseñada en una estructura dividida en distintas ramas. La que se conoció estos días como “Gestapo”, tenía por objetivo, durante el gobierno de Mauricio Macri, la persecución específica de dirigentes gremiales. Y como todas las demás, estaba integrada por distintos participantes y estamentos que suelen ser los mismos en las diversas células de la organización. Se trataba de ministros del poder ejecutivo provincial, del Intendente de La Plata, de los servicios de inteligencia del Ejecutivo Nacional, empresarios, medios de comunicación, jueces y fiscales. Cada rama estaba dirigida operacionalmente por personajes de rango acorde. A su vez era comandada por funcionarios del más alto nivel como el caso de María Eugenia Vidal en la Gestapo, Silvia Majdalani y Gustavo Arribas en la esfera de inteligencia nacional y por encima de todos ellos, el presidente Mauricio Macri. A la par de él, y en muchos casos dando las órdenes, los jerarcas de los medios hegemónicos de comunicación, Magneto y Saguier. En ese último ámbito, contaban con un ejército de comunicadores contratados para la tarea clave de generar diariamente en la subjetividad de su audiencia, un creciente odio a toda forma de populismo. El fin de la banda, durante el gobierno de Macri, fue el de lograr neutralizar cualquier intento de la población de resistir el saqueo que llevaban adelante. En la actualidad, la organización –que se encuentra intacta-, trabaja para la desestabilización del gobierno de Alberto Fernández. Esa actividad, potenciada por la pandemia aún en curso, implica un desafío mayúsculo para quienes tienen a su cargo la gestión de gobierno. Ese desafío a mi entender, incluye el compromiso de aquellos sectores de la izquierda de nuestro país cuya presencia en la vida política institucional felizmente ha crecido en los últimos pronunciamientos electorales. Lo señalado no va en detrimento de la posición crítica que sostienen sus dirigentes respecto de muchos aspectos de la actual gestión nacional. Lo que sucede es que el riesgo del crecimiento de los sectores más reaccionarios y violentos de nuestra sociedad, representados actualmente por la oposición mayoritaria del macrismo neoliberal y sus aliados libertarios, es alarmante. Si se tiene en cuenta que una parte de los integrantes de la organización criminal, ejercen importantes cargos actuales en el Poder Judicial y Legislativo, se puede ver sin dificultad la necesidad de unir todas las fuerzas progresistas. Finalmente, la dimensión de la banda criminal y su presencia mafiosa actual en el corazón institucional del país, requiere una respuesta adecuada. La impunidad de sus miembros abriría el camino a futuros saqueos con consecuencias devastadoras. Para evitarlo, sería útil recurrir a las Convenciones Internacionales ratificadas por nuestro país, en especial aquellas que prevén mecanismos específicos para enfrentar organizaciones criminales como la que integra la rama Gestapo de María Eugenia Vidal. En ese sentido, la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (DOT), y sus Protocolos, es una poderosa herramienta que, en consonancia con nuestro Código Penal, permitiría desarticular la banda. Este acuerdo internacional, ratificado por la República Argentina el 19 de noviembre de 2002, describe en distintos pasajes de su articulado, las principales conductas criminales desplegadas en nuestra región por aquellos líderes políticos y empresariales que gobernaron el país entre 2015 y 2019.

Muchas veces, no se trata de ausencia de normas sino de falta de decisión para aplicarlas.