Durante 2021 se registraron 256 femicidios y 8 transfemicidios/travesticidios. En promedio ocurrió un femicidio cada 34 horas, y una de cada 4 víctimas había realizado al menos una denuncia o tenía medidas de protección, según el Observatorio de las Violencias de Género Ahora Que Sí Nos Ven, que también relevó 182 intentos de femicidio. El 67 por ciento de estos crímenes fueron cometidos por parejas y ex parejas, el 60 por ciento ocurrió en la vivienda de la víctima, y al menos 182 niñes perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista. Los números no bajan, al contrario, se funden en una acumulación de secuencias, y no se alcanza a tomar aire de nuevo que ya 2022 estalla con el abuso y femicidio de una niña de 11 años en San Juan, cometido por un pariente, y el femicidio de una agente de la Policía Bonaerense en La Plata, apuñalada por su ex.

“El saldo de estos años de pandemia es que tuvimos que quedar encerradas con las personas que nos violentan, con muchas medidas preventivas en lo sanitario, sí, y algunas políticas de recursos económicos, pero faltó una mirada más transversal sobre qué pasa cuando nos vemos encerradas sin poder salir”, define Tania Jáuregui, referenta en la Regional Sur de la Campaña Nacional Contra las Violencias hacia las Mujeres (CNCVM), la organización que cumple diez años de lucha en las calles, en los barrios y en los territorios, con un pliego de demandas históricas más vigente que nunca. No ser discriminadas, ni violentadas, ni asesinadas; políticas públicas con perspectiva de género; aplicación de recursos institucionales junto con las organizaciones que trabajan las problemáticas de géneros, atención de abortos en todo el país y la denuncia a los medios de comunicación que generen o fomenten situaciones de violencias, son algunos de los ejes a los que hoy se suman las defensas ambientales, la visibilización de los cuidados de trabajo, la denuncia del abuso sexual en la infancia y la violencia económica como violencia patriarcal.

“Damos lucha en nuestros sectores de trabajo y en el trabajo que desarrollamos desde las ollas populares en los barrios. Ponemos en cuestionamiento la feminización de la pobreza y de los cuidados que se dan en los sistemas de opresión”, agrega otra  compañera de la Campaña, Noelia Gómez Sandoval, de la Regional Oeste, para revelar que en estos dos años de Covid-19, solo en ese territorio llegaron a denunciar 19 femicidios. “Nos posicionamos contra todas las violencias, en particular femicidios, lesbicidios y transfemicidios. Salimos muchas veces por las calles de Moreno a denunciar, y no solo pasamos por fiscalías y juzgados sino también por dependencias municipales, porque son las que no acompañan y deberían hacerlo cuando hay situaciones de violencias de género. Pero falta formación y equipos especializados con buenas condiciones laborales”, advierte. “Por eso exigimos presupuestos acordes y equipos que realmente puedan acompañar, en lugar de vulnerar más.”

Remarcan que los dispositivos del sistema judicial y patriarcal son precisamente aquellos mecanismos que vulneran los cuerpos y las decisiones. “La mayoría de las mujeres realizan las denuncias, efectivizan las cautelares y después denuncian las desobediencias de los agresores. Acumulan denuncias que nunca llegan a la instancia judicial penal”, lamenta Fabiana Cañete Urán, referenta de la Regional Sur. “Las mujeres cumplen con todos los pasos y hacen todo el recorrido, pero si después la Justicia Penal hace caso omiso de esa situación, se termina en un femicidio o en un transfemicidio/travesticidio.”

Tania plantea que desde el Estado aún no se concretan políticas de fondo, acordes a las necesidades de quienes sufren violencias. “En estos últimos años muchas personas se vieron obligadas a vivir y revivir situaciones feas, pero esas políticas son paliativos, y desde el feminismo popular nos vimos obligadas a acompañar, salir, apoyar y seguir tejiendo redes, que en este contexto se vieron también más aisladas.” Eugenia Lara, de la Regional CABA, sostiene que la solución está muy lejos. “Desde los territorios hemos salido a las calles por situaciones concretas y nos encontramos con una burocracia infernal. Las instituciones no dan abasto; asistimos a un desmantelamiento de servicios de atención especializados. A veces una ayuda tarda hasta seis meses en llegar. Somos nosotras, como área de mujeres y diversidades dentro de los movimientos territoriales, las que nos sostenemos y acompañamos, cosa que en esta etapa de la pandemia también nos demuestra que es complicado.” Hubo una profundización de los roles tradicionales de cuidados, las ollas populares se multiplicaron por kilómetros, y los acompañamientos están hiperdemandados por la ruptura del tejido social que provocó la enfermedad y el distanciamiento. “Además de las innumerables pérdidas de compañeras”, recuerda. “Por eso reclamamos además que las organizaciones tengamos recursos para sostener a profesionales, a trabajadoras sociales, sociólogas, abogadas, que nos faltan.”

En este escenario, son mujeres, lesbianas, trans, travestis quienes siguen aguantando las mutaciones de la pandemia, les que ponen fuerza a un feminismo popular y anticapitalista para el sostén de la vida. Eugenia asiente. “Los ejes que como CNCVM tenemos hoy son las luchas ambientales contra el extractivismo y contra la contaminación. Decimos que nuestros cuerpos son nuestro territorio, porque así como se violan nuestros cuerpos, se violenta la tierra donde vivimos. Es la forma de colonización que adopta el capitalismo”, subraya. “Por eso decimos que ´la deuda es con nosotras´ y ´vivas, libres y desendeudadas´ nos queremos. Hoy las prioridades no están en poner los recursos para resolver los problemas que vivimos en las barriadas, y en particular mujeres y disidencias, sino en acordar con el FMI.”

El 3 de junio de 2021, la marcha de Ni Una Menos exigió una reforma judicial transfeminista, que logre patear el tablero de esa matrix patriarcal. Sin embargo, desde la Campaña proponen abordajes inmediatos, que vayan ahora mismo al hueso de las violencias. "Sabemos que no habrá una reforma judicial feminista porque el poder judicial es por definición clasista, racista y patriarcal. Sí apoyamos una reforma judicial que unifique fueros para atención de las violencias, que termine con el peregrinaje, que no ubique a las mujeres y disidencias como víctimas, sino como protagonistas de sus procesos, y que se centre en quien ejerce la violencia", concluye Eugenia.

"Una reforma interesante sería preguntarnos por qué la ventanilla de ingreso de denuncias de violencia de género tiene que ser la comisaría. ¿Qué pasaría en la calidad de esa primera atención si fuera en oficinas especializadas abiertas las 24 horas, pero civiles?, desafía. "También tenemos la idea de que la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) es un servicio modelo, porque en su momento fue un gran avance empezar a tener medidas de protección en 24 horas, pero para lograrlas hay que atravesar una amansadora sufriente que no se problematiza y está naturalizada, como si esa amansadora no fuera un continum del maltrato. Esta CNCVM no es para pedir que cambie una ley, no tiene un objetivo tan concreto, sino que busca visibilizar, sensibilizar y que se produzcan transformaciones en las respuestas de las políticas públicas."