Juan Lewis, el abogado defensor de Nadia Schujman- quien fuera responsable de la Agencia de Control Policial en el ministerio de Seguridad provincial que conducía Marcelo Sain- denunció ayer que los fiscales a cargo de la causa por supuesto espionaje ilegal salieron a hacer una verdadera caza de brujas, buscando recién ahora datos que pueden fundamentar la investigación. “Como los fiscales Ezequiel Hernández y Mariela Jiménez pusieron el carro delante de los caballos e inflaron tanto el caso, mandaron un oficio preguntando a todos los fiscales si esas (más de 600 personas) estaban siendo investigadas en algunas causas", dijo en referencia al listado que manejaron algunos medios periodísticos donde se develan nombres de personas supuestamente espiadas. "Con esto le están tocando timbre a todas las investigaciones", dijo el letrado quien se preguntó "¿qué fiscal les va a contestar que están investigando a tal o cual grupo, empresa o personas? Salvo que ya tengan la investigación cerrada, ¿quién va a querer develar lo que hace?". Y de inmediato aclaró que si bien "esto no está prohibido, marca claramente que ahora, que ya armaron el circo, allanaron sin orden y abrieron teléfonos particulares, salen a preguntar si estas personas están siendo investigadas o no”, disparó Lewis. “Es como acusarme de que me robé un auto, allanarme y después preguntar de quién es el auto. Es un absurdo”, graficó.

Por su parte Hernán Martínez, el abogado de Sain hizo una presentación ante la Justicia en Santa Fe por la violación del artículo 258 por parte del MPA, que es el que indica la reserva de la causa frente a terceros. "El Ministerio Público de la Acusación está llevando adelante una conducta propia de una persecución política y no judicial. Adelantan mediáticamente una serie de datos o información con la intención expresa de influir en la opinión pública, y sistemáticamente niegan a la defensa todo acceso a las actuaciones".

La semana comenzó movida para la causa, porque el lunes 3 de enero los abogados defensores del grupo de Seguridad que comandaba Sain, se enteraron de una pericia polémica: la apertura de teléfonos y computadoras personales de algunos de sus defendidos. “Nos enteramos por mail que iban a abrir celulares, laptops y discos incautados. Ni siquiera nos corrieron traslado como defensa que somos. En lugar de plantear la nulidad de esa actuación, como sí hizo Hernán Martínez (el abogado de Sain), porque está claro que avanzan con todo tipo de atropellos, enviamos a un delegado tecnico a presenciar la pericia y recién ahí los policías nos dieron la orden. Era del 7 de diciembre anterior y tiene el sello de un juez que no se ve quién es”, reveló Lewis.

Para Lewis, la ausencia de una audiencia ante un juez y la imposibilidad de acceder a las actuaciones violentan el proceso, algo que observan desde el inicio de la causa. “El tiempo demuestra que fueron a la pesca. Tendrían que haber hecho una audiencia. No sabemos de qué los imputan. ¿Por qué acusan a Nadia Schujman (que era la encargada de controlar a la Policía) y no a Jorge Lagna (actual ministro) que formaban parte del mismo equipo?”, señaló.

Ya metido de lleno en la defensa de  sus cinco patrocinados, Lewis fue claro: "Hacer un perfilamiento no es un delito si está en el marco de una causa judicial, es investigar en serio la criminalidad compleja; ver movimientos financieros, familiares, composiciones societarias; eso es investigar”. “El problema –siguió– es hacerlo sin una orden judicial y en bases no abiertas. Googlear o ver perfiles de redes sociales no es un delito, salvo que se hackeé. Buscar información patrimonial en plataformas como Nosis o Sudamericadata tampoco, mucho menos si lo hace una persona que se dedica a investigar”. Señaló que primero se habló de “carpetazos” y ahora de “perfiles” o “consultas” o “fichas”.

Por su parte Hernán Martínez, el abogado de Sain concretó dos medidas: rechazó de plano la apertura de teléfonos y computadoras de sus defendidos e hizo una presentación ante la Justicia en Santa Fe por la violación del artículo 258 por parte del MPA, que es el que indica la reserva de la causa frente a terceros. "El Ministerio Público de la Acusación está llevando adelante una conducta propia de una persecución política y no judicial. Adelantan mediáticamente una serie de datos o información con la intención expresa de influir en la opinión pública, y sistemáticamente niegan a la defensa todo acceso a las actuaciones".

El escrito continúa: "El accionar categóricamente contrario a la obligación de actuar con lealtad, probidad y buena fe (cfr. art. 132 CPP) que pesa sobre las partes, produce un evidente perjuicio a la imagen, nombre y honor de los imputados". Y enseguida sentencia: "Esto no puede acontecer sin la aquiescencia del Fiscal General del Ministerio Público de la Acusación, quien tiene la obligación administrativa primaria de controlar este tipo de conductas, y no puede desentenderse de la situación".

El documento, que ingresó por mesa de entrada en la mañana de ayer afirma que : "el Órgano Fiscal ha denegado sistemáticamente el levantamiento de reserva de las actuaciones. Se niega el acceso a cualquier constancia de la causa (incluyendo aquellas necesarias para ejercer el derecho de control en la producción probatoria), pero se ataca a los imputados en los medios, con la consecución de un objetivo bien específico: el logro de una condena social, y el menoscabo de la imagen de los imputados. Ante ello, la defensa queda absolutamente desamparada y expuesta". Y finaliza, con referencias al fiscal general de Santa Fe, manifiestamente enfrentado con Sain: "No puede ocurrirse ante el superior jerárquico inmediato de los Fiscales intervinientes (Dr. Arietti) porque ya sabemos cuál será el resultado. Ha denunciado abiertamente al Dr. Saín con anterioridad, y ante el pedido de apartamiento, ha negado tal situación".