El fiscal penal de Derechos Humanos en feria, Gabriel González, interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal de Juicio Sala I de la ciudad de Orán en contra de la resolución del 29 de diciembre de 2021, que dispone levantar la prohibición de salir del país a Rodolfo Jesús Guerrero.

Dicha resolución hace lugar a la solicitud presentada por Guerrero, en la que expone que su domicilio real es en el paraje Los Toldos, Santa Victoria, y que para Navidad no pudo ver a su familia porque el control de Migraciones no le permitió salir del país.

Entre los fundamentos indican que el imputado compareció las veces que fue citado y el hecho de que para llegar a su domicilio real en Los Toldos, debe pasar por un control de Migraciones, ya que la via de acceso a esa localidad es circulando por varios kilómetros en territorio boliviano.

El fiscal entiende que restringirle poder cruzar las fronteras es una medida suficiente para evitar que éste pueda fugarse; y que el Juez no tuvo en cuenta que Guerrero trabaja como personal policial en Orán y omitió el domicilio de residencia hasta la fecha en que intentó salir del país, hecho que no fue constatado por el Juzgado.

Por esta razón, González estima que permitirle salir del país a días del inicio de la fecha de la audiencia de debate en el que será juzgado, fijada por el Tribunal para el 18 de enero de 2022, constituye un serio indicio de fuga, y destaca: “más aún teniendo en cuenta que el imputado y sujeto a proceso penal habría intentado salir del país, desoyendo las ordenes impuestas por la jurisdicción, ello no es más que un grave indicio de que pueda llegar a eludir el accionar de la justicia”.

Guerrero está implicado junto con otros diez policías en un caso de violencia institucional, en la que se bien no se lo apunta como uno de los que torturaba a los detenidos, sí se indica que sabiendo lo que ocurría en la comisaría no hacía nada para evitarlo o denunciarlo.

La causa se origina en abril del 2020, cuando ocurre en Orán un millonario robo a un supermercado, el que se ejecuta de noche sin ninguna violencia y en el que se infiere hubo un trabajo de inteligencia previo, además de que el ladrón tenía acceso a las llaves para abrir la caja de seguridad.

Por ese motivo las sospechas se centraron en empleados y ex empleados, fue justamente a uno de ellos que la policía citó a declarar a la Brigada de Investigaciones 2. Lo que se suponía sería un trámite de unos minutos, se convirtió en una pesadilla para este hombre, ya que fue retenido por más de 12 horas.

Pero durante ese tiempo, “le infligieron tormentos físicos y psíquicos, de carácter grave con el fin concreto de intimidarlo, para obtener una confesión que atribuyera responsabilidades por el robo al supermercado a personas determinadas, en función de las líneas investigativas que resultaban en beneficio de la intención del personal policial para resolver la causa”

Según señalaba el parte de prensa del Ministerio Público Fiscal, al hombre le dieron “múltiples golpes y la colocación en la cabeza de bolsas plásticas, para intentar quebrantar su voluntad. También exhibieron y prendieron un taladro, con el que amenazaron con provocarle lesiones y a través de un recorrido en un vehículo por las calles del barrio 20 de Febrero, donde nuevamente lo amenazaron con llevarlo al basural, lugar en el que manifestaron que lo iban a matar y que se cuidara de denunciarlos, por lo que lo iba a pasar mal, él y su familia”.

Finalmente el hombre se animó a hacer la denuncia contra los policías y tras tomar intervención el MPF, el fiscal dispuso imputar al oficial Enzo Anagua y los sargentos Gerardo Ricardo Páez alias “Caimán” y Carlos David Morales, por los delitos de privación ilegítima de la libertad, tortura y lesiones leves en concurso ideal.

En tanto fueron imputados el oficial auxiliar Pablo Ferrufino, quien se encontraba en el momento del hecho a cargo de la dependencia; el oficial Jesús Tárraga, quien se encontraba como oficial de servicio; el sargento ayudante Raúl Luna y el oficial César Pineda, quienes se desempeñaban como jefes de Guardia; y los sargentos Rodolfo Guerrero, que ahora pide la autorización especial para salir del país, y Fredy Martínez, quienes se desempeñaban como cabos de guardia; por el delito de omisión.

Todos ellos están a la espera del juicio que arrancará en diez días.  

Empleados imputados

En tanto con respecto al robo del supermercado, la fiscala penal 1 de Orán, Daniela Murúa, imputó a Ariel Francisco Zoloza, Armando David Ortega, Renzo Alberto Rodríguez, Horacio Javier Ramos y Sergio Humberto Ciare como autores del delito de hurto calificado.

A excepción de Ciare, todos los otros imputados trabajaban en el supermercado, o lo hicieron alguna vez, tal es el caso de Ramos, que fue gerente del local y del que se sospecha conocía la clave para abrir la caja fuerte en donde guardaban la recaudación y las vulnerabilidades en la seguridad. En total los ladrones lograron alzarse con seis millones de pesos.