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Dos mujeres fueron imputadas a raíz de la denuncia del secretario de turismo de El Bolsón, Bruno Iván Helrrieguel, luego de la manifestación realizada el 30 de diciembre en rechazo a la orden de desalojo de la Lof Quemquemtrew por parte del juez Gregor Jools. En ese sentido, la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH) repudió la decisión del magistrado rionegrino por considerarla "arbitraria y cargada de prejuicios contra los pueblos originarios y asumiendo el dogma de poner la propiedad privada por encima de todo, pretende avalar el desalojo de la Lof Quemqumetrew". Un día antes de fin de año fue vandalizada la oficina de turismo de El Bolsón con pintadas y roturas del mobiliario y la instalación, pero desde la Lof negaron haber sido parte de los destrozos. "No sabemos aún quienes más caerán en esta vuelta de hostigamiento avalado e impulsado por el municipio contra quienes sostienen las luchas sociales en la comarca", dijeron.
Ante la inminente concreción del desalojo, en el acampe solidario que volvió a montarse en Cuesta del Ternero están alertas, mientras El Bolsón --a unos 15 kilómetros-- explota de turistas en la montaña, los refugios y la ciudad.
Al empresario Rolando Rocco volvieron a otorgarle permisos de forestación en la zona, por lo cual los integrantes de la Lof Quemquemtrew que hicieron la recuperación ancestral de ese territorio el 18 de septiembre pasado entienden que en cualquier momento se volverá a concretar otro desalojo. En octubre habían sufrido uno muy violento, donde los policías apuntaron contra un niño de ocho años y detuvieron a cuatro personas. Otra vez rodeada de policía provinciales, Romina Jones expresó que su comunidad "hace tres meses que llama al diálogo, a una solución de otra índole, y lo único que recibimos fue represión y muerte", y agregó que "Rocco, que es el autor intelectual del asesinato de Elías (Garay), no está bien psicológicamente, tiene problemas con las drogas y por lo tanto puede llegar a hacer cualquier cosa".
La LADH, cuya abogada defiende a la comunidad ubicada en Cuesta del Ternero donde el 21 de noviembre fue asesinado el joven Elías Garay Cayicol, convocó "a la comunidad y a los pueblos originarios a resistir tremendo atropello", y se comprometio a acompañarlos "en la lucha", al mismo tiempo que llamó "a la solidaridad de las fuerzas populares que asumen la causa de los pueblos y el reclamo de terminar con un Poder Judicial racista, autoritario, patriarcal, elitista, xenófobo y comprometido hasta el tuétano con la defensa del capital extranjero, la oligarquía y la burguesía extractivista de la Patagonia".
A criterio de la entidad, la decisión de los jueces Joos y Ricardo Calcagno, "busca consolidar la consumación simbólica del genocidio de los pueblos originarios, el robo de sus territorios ancestrales, y por lo tanto su accionar patoteril podría considerarse como constitutivo del genocidio histórico". La LADH anunció que denunciará a sendos magistrados ante la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y las personas privadas de Libertad, integrada por organismos de EE.UU. México, Colombia, Venezuela, Chile, Perú, Paraguay y Argentina". También los denunciarán ante la Federación Internacional de Derechos Humanos, "que ya dos veces se pronunció en defensa de la comunidad y junto con otros organismos, y ante la relatoría de la autonomía del poder judicial de las Naciones Unidas. No habrá impunidad para un Poder Judicial que ampara a los asesinos de Santiago Maldonado, de Rafa Nahuel y de Elías Garay, ni olvido ni perdón".
Por su parte, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) solicitó después de la medida judicial del 24 de septiembre de 2021, luego de la cual fueron detenidos los cuatro integrantes de la Lof Quemquentreu, que el Juzgado interviniente y la Fiscalía permitan la constitución de una Mesa de Diálogo, que fue también requerida por la APDH, el Serpaj, la representación indígena, sindicatos, el Obispado de Bariloche y otras agrupaciones de la sociedad civil. "No queda duda de que el mecanismo de seguridad dispuesto por el gobierno rionegrino y la Justicia provincial, no fue obstáculo para el ingreso de personas armadas en el territorio en conflicto", dijo el organismo oficial que conduce Magdalena Odarda sobre la antesala del asesinato de Elías.
