El titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), Julián Fernández Duarte, denunció la presunta violación del protocolo indígena en la provincia de Jujuy, en virtud de que se encontrarían afectados derechos territoriales de la Comunidad Tusca Pacha Los Alisos, perteneciente al Pueblo Kolla, ubicada en la Localidad Los Alisos, departamento de Palpalá. Lo hizo mediante un escrito elevado al fiscal de tunro, Walter Rondón, y al jefe del Ministerio Público de la Acusación, Lello Sánchez, en el marco del expediente 217622/19 sobre usurpación caratulado "Maraz Pedro Lindorfo S.A.".
El funcionario nacional explicó que "este Instituto tomó conocimiento que tanto el día 4 y 5 de enero de 2022 en horas de la mañana la Empresa Sucre se encontraba avanzado con maquinarias y bajo custodia policial, sobre parte del territorio de posesión de la Comunidad Tusca Pacha Los Alisos, perteneciente al Pueblo Kolla y que dicha autorización habría sido otorgada en el marco del expediente penal citado, sin una debida orden de lanzamiento produciendo un desalojo indirecto en violación al debido proceso legal, a la ley 26160 y el propio Protocolo para abordaje en conflictividades de tierra y las Comunidades Aborígenes aprobado por el Ministerio Público de la Acusación de Jujuy mediante la Resolución 2261/2021″.
De esta manera, el INAI solicitó la "suspensión de cualquier medida que vulnere o comprometa derechos de la comunidad entendiendo el INAI que autorizar o avalar actos que permitan avanzar sobre tierras de ocupación de la comunidad implica un desalojo sobre su territorio y por ende una violación a la normativa jurídica de protección de derechos de los pueblos indígenas".
Asimismo, como fehacientes pruebas el INAI adjuntó en la misiva registro fotográfico sobre el desalojo producido día 4 de enero y que dan prueba que en dicho sector había cultivos que dan muestra de la posesión ejercida por la comunidad. Cabe destacar que otros organismos pertenecientes al Estado Nacional constataron la posesión de parte de la comunidad. Tal es el caso de la Secretaría de Agricultura Familiar Indígena, en la que existen antecedentes de intervención desde 2012, habiéndose realizado un relevamiento Histórico Antropológico y Socio Productivo en 2014 actualizado en 2021.
Por último, el encargado del área de Jurídicos del INAI consignó a los fiscales en el escrito: "Consideramos y reiteramos que la solución al conflicto debe darse por el camino del diálogo. Esta vía es el único medio que garantiza el mantenimiento de la paz social".
