Antes de los vencimientos de marzo, imposibles de afrontar con el nivel de reservas que habrá en ese momento, el Gobierno confía en tener cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. No contempla pedir una postergación de los pagos ni entrar en default. El arreglo tiene que ser en el verano. El punto que genera más expectativas en la negociación para el gabinete económico es el reintegro de 4300 millones de dólares que el país habrá pagado hasta entonces al organismo. Son los DEG que el propio FMI había enviado a la Argentina en agosto pasado por su capitalización internacional a causa de la pandemia. La firma del acuerdo activaría el regreso de esos recursos, transmiten fuentes oficiales, que serán importantes para dar continuidad a la recuperación económica este año.

El Acuerdo de Facilidades Extendidas, a diez años, no plantea exigencias previas de devaluación o reformas estructurales como la laboral o jubilatoria. También avala la visión del Gobierno de que la inflación es multicausal y se requieren acuerdos de precios para anclar expectativas, así como el sostenimiento de las regulaciones cambiarias y al movimiento de capitales. Son diferencias sustanciales respecto de la postura que asumió el FMI cuando aceptó darle 45 mil millones de dólares a Mauricio Macri a sola firma. En especial los cuidados para evitar la fuga de divisas, que en aquel caso toleró sin decir palabra mientras los especuladores financieros se las llevaban hasta no dejar nada.

Hasta ahí llegan las coincidencias que el Gobierno considera positivas tras dos años de discusiones con el Fondo Monetario. El hecho de que haya transcurrido tanto tiempo y persistan diferencias importantes, como reconoció esta semana Martín Guzmán, muestra por un lado la magnitud del problema que dejó como herencia Juntos por el Cambio, así como las dificultades que surgen cuando se busca defender el interés nacional. Pero también queda en evidencia que la expectativa inicial de formar masa crítica con figuras como el papa Francisco, premios Nobel como Joseph Stiglitiz y apoyos internacionales de distintos gobiernos, más la nueva orientación del FMI con Kristalina Georgieva, no fueron suficientes para equilibrar la balanza ante el poder que representa Estados Unidos y sus intereses geopolíticos.

David Lipton, actual asesor clave del Departamento del Tesoro estadounidense, es el mismo que tuvo un rol preponderante en la entrega del crédito político a Macri para intentar su reelección. Es el responsable del rechazo de su país a la reciente autocrítica que hizo el FMI por cómo otorgó ese préstamo, lo cual lo incriminaba, y de la inflexibilidad respecto de las metas fiscales que debería cumplir la Argentina los próximos años en el marco de un nuevo acuerdo con el organismo.

Estados Unidos tiene poder de veto en el Fondo Monetario y ha sido un escollo para otros objetivos que se planteaba el Gobierno, como la eliminación de las sobretasas de interés que implican un recargo de 1000 millones de dólares al año. La Argentina consiguió una declaración del G20 en favor de revisar esos pagos extra, pero la iniciativa no prosperó dentro del Fondo por el freno que impuso Estados Unidos. Es decir, el país que ordenó darle 45 mil millones de dólares a Macri, excediendo largamente lo que Argentina podía tomar como deuda del FMI, ahora se resiste a quitar esa penalidad en el nuevo arreglo.

Las diferencias respecto de la cuestión fiscal, con exigencias por parte del Fondo de un ajuste del gasto público que el Gobierno aseguró que no está dispuesto a convalidar, buscarán salvarse por la vía de un aumento del financiamiento del Tesoro en el mercado de capitales local. 

“En 2021 el déficit fiscal se cubrió en un 65 por ciento con los aportes del Banco Central y en un 35 por ciento con el mercado”, detalla al respecto el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que conduce la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont. “Si bien el financiamiento con el mercado no es en sí mismo una fuente virtuosa de fondeo del sector público, lo que suceda con ello tiene relevancia en el marco del debate del acuerdo con el FMI”, agrega. El año pasado, por otra parte, el déficit fiscal primario resultó menor al proyectado. "Se ubicó en torno a 2,9 puntos del PIB", anticipa FIDE, en parte por el aporte de los DEG, cuando la meta establecida en el Presupuesto 2021 era del 4,3 por ciento. En 2020 el déficit había sido de 6,4 por ciento.

El Gobierno lo expone como señal de que es posible reducir el déficit con crecimiento de los ingresos, producto de la mayor actividad económica. El gabinete económico plantea alternativas ante el Fondo y si bien reconoce que las diferencias persisten y son importantes, la decisión política será tensar hasta donde se pueda y finalmente acordar. Guzmán aceptó en la exposición ante los gobernadores que lo máximo a lo que se puede aspirar en este momento es a “un acuerdo bueno en términos relativos, que permita dar un paso adelante para seguir en la senda de la recuperación y tener más tiempo para resolver el problema tan grave de endeudamiento”. “En términos absolutos no existe un buen acuerdo, porque el mundo no cuenta con opciones que permitan generar un perfil mucho más suave y distribuido en el tiempo de los pagos”, completó.

Los plazos para cerrar la negociación los marcan los próximos vencimientos de deuda con acreedores privados y con el propio organismo. El próximo lunes el Banco Central deberá desembolsar 693 millones de dólares a los primeros en concepto de intereses. El 28 de enero serán 715 millones al FMI por un vencimiento de capital. En febrero los pagos al Fondo y otros organismos totalizan 380 millones. Finalmente, en marzo aparecen pagos por casi 2900 millones de dólares al FMI y 2100 millones de dólares al Club de Paris.

“Los vencimientos de deuda de enero y febrero podrán ser atendidos con reservas del Banco Central. No así los compromisos que se inician en marzo y se acumulan para todo 2022. Con el FMI son 18.900 millones de dólares”, expone el informe de FIDE. Cumplir con esos pagos equivaldría a destinar el 30 por ciento de las exportaciones brutas a ese fin, algo imposible de hacer

"La propuesta argentina indica una consolidación fiscal gradual, una política monetaria menos expansiva (reducción del financiamiento del Banco Central al Tesoro y tasas de interés reales positivas), un abordaje multicausal del problema inflacionario y una administración del sector externo con vigencia de las regulaciones cambiarias y superávit comercial para acumular reservas. Los grandes trazos lucen aceptables para todos los miembros de la coalición gobernante, ya que no implican dejar de lado ninguna bandera histórica en el camino", resume el documento la posición oficial.

Es la tarea para los próximos dos meses.