Luego de que en octubre una denuncia anónima dispare una serie de allanamientos a propiedades que pertenecen al exintendente de Salvador Mazza, Rubén Méndez, en los que se encontraron grandes sumas de dinero guardadas en cajas fuertes y que se sospechaban podrían pertenecer al municipio, ahora la Auditoría General de la Provincia, remitió al fiscal de turno los resultados del relevamiento realizado a pedido del interventor Adrián Zigarán, debido a que encontró situaciones que podrían constituir delitos.

Quizás el aspecto más grave de los enumerados en el informe es que no existe registro sobre los millonarios saldos favorables que tuvo la municipalidad en los meses de julio, agosto y septiembre del año pasado.

“No consta información respecto a las inconsistencias detectadas en tesorería por $14.896.740, $16.971.974 y $23.905.507 que surgen de los resúmenes mensuales de ingresos y egresos correspondientes a los meses 7, 8 y 9 de 2021”, indica el informe y agrega que de esos saldos no existe constancia de haber sido depositados en alguna de las cuentas de la municipalidad, así como tampoco fueron incluidos en el resumen de ingreso y egresos del mes siguiente como saldo de inicio.

De esta manera la Auditoría advierte que esos más de 50 millones de pesos desaparecieron de cualquier registro contable, sin que se pueda rastrear su existencia.

Otro punto que destaca el informe es la particular maniobra de que el municipio libre cheques a favor de la propia municipalidad, como una manera de obtener efectivo que se utilizaría para, por ejemplo, el pago de proveedores o el personal transitorio.

“No queda claro cómo se justifica lo manifestado por los funcionarios a través de los registros asentados en el Mayor General”, advierte el informe.

También hace referencia a que fue imposible auditar los fondos de la Cooperadora Asistencial, porque estos no existen como tales de forma específica, ya sea en una cuenta especial o en algún lugar físico.

La AGP termina solicitando, si correspondiere, se investiguen judicialmente estos hechos ya que podrían existir situaciones que representen malversación de caudales públicos e incumplimientos de deberes de funcionario público, según lo establecido en los artículos 248, 261 y 262 del Código Penal Argentino.

El interventor Zigarán consideraba días atrás que el informe que pudiera hacer la Auditoría sobre las cuentas del municipio, constituiría la base de su gestión, ya que cuando asumió encontró la parte administrativa muy desordenada.

El municipio de Salvador Mazza tiene una fuente de financiamiento única en la provincia, mediante el impuesto de Verificación Obligatoria Vehícular (VOVE), que se aplica a los camiones de carga que circulan por el municipio, y que al decir del propio interventor recauda en promedio un millón y medio de pesos diarios.

Esos fondos se percibían en efectivo en sendos puestos ubicados en los ingresos del pueblo, y lejos de estar bancarizados o informatizado su cobro, los recaudadores al final de la jornada no regresaban al municipio sino que iban con el dinero a una casa particular, por lo que el sistema está bajo investigación judicial.

Cuando en octubre la Justicia realizó los allanamientos en las propiedades de Méndez, encontraron dinero en efectivo, que rondaría los 200 millones de pesos, de los cuales 854.178 son dólares estadounidenses; 9070 son euros y 34.342.350 de pesos argentinos. 

Luego de esos allanamientos, el ex intendente fue imputado por la Justicia junto a 11 personas más de su entorno, entre los que se encontraban funcionarios municipales. Además la Legislatura salteña dispuso la intervención del municipio, situación en la que se encuentra actualmente y que seguramente se extenderá hasta el 2023, cuando se realicen las elecciones provinciales.