En Salta el año que pasó tuvo un balance positivo, para la Fiscalía y los organismos de derechos humanos querellantes en causas por actos de terrorismo de Estado cometidos durante la última dictadura cívico militar. Sin embargo, si bien la pandemia ralentizó los procesos, hay demoras que vienen de mucho tiempo antes y son responsables de la impunidad biológica tantas veces señalada por familiares de víctimas y militantes de derechos humanos.
El balance "más trascendente" de 2021 es que se hicieron "elevaciones a juicio en diez causas, lo cual es prácticamente un récord para la jurisdicción", señalaron desde el área de Derechos Humanos de la Unidad Fiscal Salta ante la consulta de Salta/12 sobre el avance, o no, de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. La Fiscalía añadió que quedaron otras siete causas en instrucción en condiciones de ser elevadas, o sea que "habría unas 17 causas en total que en este año y el próximo van a dar lugar a 17 juicios si es que no hay ninguna acumulación".
En la columna del haber se anota también la reciente resolución por la que la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal cuestionó la doctrina de las faltas de mérito de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta. Estas decisiones de la Cámara salteña devenían en el dictado de sobreseimientos. Casación recordó que para tomar estas medidas que cierran un proceso penal es necesario llegar a un grado de certeza sobre la falta de responsabilidad de las personas investigadas, y que el Estado tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad. Con estos elementos, la Fiscalía ya anunció que pedirá que se llegue al juicio oral para dirimir la cuestión.
Como balance la Fiscalía señaló que "el centro de gravedad, que en años anteriores estuvo ubicado en todo lo que es la cuestión recursiva en la Cámara de Salta y en la Cámara de Casación, ahora se desplaza un poco hacia lo que es todo el tramo de requerimiento de elevación y realización de los juicios, como que de alguna manera todo eso avanzó un poco hacia una etapa más conclusiva de los procesos”.
La abogada María José Castillo, querellante en varios de los procesos, también consideró que el "balance en términos de los juicios es positivo en relación a los años anteriores en que no hubo juicios", pero señaló que sigue habiendo una demora que excede el parate provocado por el coronavirus. "
Si bien fueron juicios pequeños, de todas maneras siempre es importante que continúe la agenda de los juicios y que haya condenas", sostuvo, pero destacó que "hay un letargo", un retraso que "no tiene que ver con la pandemia, sino que ha habido cierto descuido, por decirlo de alguna manera, en la celeridad de las causas de lesa". Esto provocó que "varios años" no se realizaran juicios orales y "todavía hay varias causas pendientes y que tiene que haber resolución", con lo que "en general el balance sigue siendo de la falta de celeridad en resolver varias causas que están pendientes".
La Fiscalía agregó en el saldo positivo que siguen las indagatorias de nuevos acusados por actos de terrorismo estatal. A su vez, Castillo destacó que "está avanzando, con lentitud pero avanzando, la causa del Cementerio" para realizar una búsqueda de restos de desaparecides en una fosa común en la necrópolis municipal. La querellante también reseñó que hubo algunos avances en instrucción, pero señaló que "en realidad son todas cuestiones que podrían tener otros tiempos de mayor celeridad y que lamentablemente no han tenido la prioridad".
Los juicios que se vienen
Entre las causas elevadas a juicio en la jurisdicción de Salta se cuentan la abierta para investigar el secuestro y desaparición del estudiante de arquitectura Juan José Figueroa Elías, hecho por el que en agosto de 2020 fue procesado el ex capitán del Destacamento de Inteligencia 143 del Ejército, Ricardo Ernesto Elicabe.
También se encuentra la causa por la detención ilegal y la desaparición del abogado boliviano Gustavo Medina Ortiz, un proceso que reviste particular importancia porque, por primera vez en la provincia, permitirá analizar las implicancias de la Operación Cóndor (también conocido como Plan Cóndor) en la región.
Otra causa destacada es la abierta por la muerte del comerciante y militante radical Fidel "Toto" Yazlle, asesinado entre el 11 y el 12 de febrero de 1977 en el norte salteño. Se trata de un caso que tiene similitudes con el proceso por el homicidio del trabajador Calixto Salazar, porque se debate si son delitos comunes o están comprendidos en la figura de lesa humanidad. En el caso de Salazar, el Tribunal Oral en lo Federal N° 1 de Salta, que dictó sentencia en diciembre pasado, consideró que su muerte estuvo comprendida en el marco del terrorismo estatal y dictó condenas de prisión perpetua para los acusados.
También se espera que llegue a juicio la causa sobre el Consejo de Guerra Especial Estable (CGEE) que en 1976 juzgó a siete gremialistas de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Salta que fueron detenidos de manera irregular. Por este hecho están acusados los represores Joaquín Guil, Virtom Modesto Mendíaz y Luis Dubois.
Resorte de impunidad
En el debe se anota, otro año más, esa demora de la que habla María José Castillo, una "resorte de impunidad", en sus palabras, refiriéndose al caso del empresario Carlos Pedro Blaquier, que tras ocho años de paralización del proceso está a un tris de ser declarado inhábil mental para ser juzgado por su participación en delitos de lesa humanidad en el ingenio Ledesma, en Jujuy. Por su cercanía geográfica (a poco más de 170 kilómetros) y social, por las víctimas y los acusados (junto a Blaquier está procesado el salteño Alberto Lemos), esta causa conmueve también a Salta.
En esta provincia un ejemplo de la impunidad biológica tantas veces señalada por los organismos de derechos humanos al reclamar un poco de agilidad en el trámite de estas causas, es el caso del comisario Antonio Saravia, que a pesar de ser insistentemente denunciado por su participación en la represión ilegal, falleció en septiembre de 2021 sin ser juzgado. También falleció sin juicio, en febrero de 2021, el ex capitán del Ejército Félix Alberto Valenti Figueroa, que fue interventor militar en la municipalidad de Metán y sembró el terror en el sur de la provincia; estaba procesado por delitos sexuales reiterados cometidos en perjuicio de una detenida por razones políticas.
Volviendo a Jujuy, Castillo también recordó el "tiempo prolongado sin que se concluya el sexto juicio de lesa humanidad, que ya lleva casi tres años de juicio oral". En este caso el debate fue suspendido debido a la pandemia, luego se reanudó "pero con muchas dificultades” y ahora está en la etapa de alegatos con el propósito de que se dicte sentencia en febrero próximo. En la suma de hechos negativos se cuenta en Jujuy "que hayan decidido demoler parte de los sitios históricos" y que en "el lugar donde hubo enterramientos clandestinos y que todavía están en búsqueda de cuerpos se haya decidido que se va a construir una ciudad judicial sin tener en cuenta que ese lugar todavía tiene que ser objeto de investigación". En suma, "datos del contexto de Jujuy, que avanzan sin tener una política de memoria ni de juicio y eso realmente es negativo".
