El irresuelto conflicto generado por el gobierno de Macri, al negarse a convocar a la paritaria nacional docente, ha reavivado el debate sobre el financiamiento educativo. 

Según señalaba hace ya veinte años el Informe a la Unesco “La educación encierra un tesoro”, la recomendación a nivel internacional era que los gobiernos inviertan al menos el 6 por ciento del PBI en educación. En 2006 entró en vigencia en nuestro país la Ley de Financiamiento Educativo, que tenía una meta progresiva, para alcanzar en 2010 ese porcentaje del Producto Bruto Interno, destinado a las funciones de educación y ciencia y tecnología. En 2010 esa relación alcanzó el 5,39 por ciento y en 2015 llegó a 6,60 por ciento del producto. 

Las políticas públicas desplegadas hasta 2015 han logrado un salto notorio del financiamiento educativo argentino, posicionándolo muy bien a nivel mundial. Sin perjuicio de ello, informa el Banco Mundial que a 2013, Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia (países de los más altos índices de Desarrollo Humano del mundo, según las Naciones Unidas), dedicaron a la educación entre 1 y 2 puntos porcentuales del PBI más que Argentina. A esto se suma que el PBI per cápita de esos países es varias veces superior al nuestro, por lo que, en términos de valores por habitante, la diferencia en el gasto es aún más relevante.

Tal incuestionable necesidad de volcar más recursos al sistema educativo en “la sociedad del conocimiento”, demuestra lo erróneo de la estrategia oficial, centrada (en el mejor de los casos) en redistribuir los recursos existentes, quitándole peso a la remuneración de los trabajadores docentes, los que son sindicados falsamente como responsables mayores de las deficiencias actuales del sistema educativo.

En 2010-2015 un 78 por ciento de las erogaciones públicas en educación fueron del nivel provincial de gobierno, un 20 por ciento del nivel nacional y un 2 por ciento del municipal. En igual período los recursos destinados a la educación representaron un 28 por ciento del presupuesto de las provincias y la CABA, un 5 por ciento del presupuesto de la Nación y un 4 por ciento del de los gobiernos locales. Así, el rol principal en materia educativa es de los gobiernos de nivel provincial, para quienes la función educación es una de las principales responsabilidades, sin perjuicio de un esfuerzo fiscal creciente, hasta 2015 inclusive, del Estado nacional.

La gran heterogeneidad regional económica y social de Argentina se manifiesta también en la utilización de los servicios educativos estatales. En la CABA, recibe educación pública el 23 por ciento de la población, valor cercano a los de los demás distritos más desarrollados de Argentina (Buenos Aires, Córdoba, La Pampa, Mendoza y Santa Fe). En cambio, en Chaco este indicador es de un 33 por ciento, cifra similar a la de Catamarca, Corrientes, Formosa, Jujuy, Misiones, Salta y Santiago del Estero, provincias con los mayores niveles de pobreza del país. Es decir que las provincias con menos recursos tienen una mayor demanda de servicios por parte de la población. Frente a tal realidad, plantear que el tema educativo atañe exclusivamente a los recursos y presupuestos provinciales conspira contra la inclusión social e igualdad de oportunidades. Sin una participación activa en el financiamiento por parte del Estado nacional, es imposible alcanzar un nivel educativo mínimamente uniforme. 

Por ello, en el corto plazo debería lograrse la apertura de la paritaria nacional docente, de modo de establecer un piso salarial uniforme para todas las provincias, con un gobierno nacional que asista a quienes no puedan alcanzarlo, en cumplimiento del artículo 9° de la Ley 26.075 de Financiamiento (Programa Nacional de Compensación Salarial Docente). Hay que actualizar la meta para el financiamiento educativo, llevándolo, en un marco plurianual, entre un 8 y un 10 por ciento del PBI. Debe, además, garantizarse una mayor participación en dicho financiamiento del Estado nacional que es quien puede compensar las asimetrías regionales.

* Hugo Andrade, Roxana Carelli, Juan Fal, Alejandro Otero, Ricardo Paparas y Alejandro Robba. Los firmantes son investigadores de las Universidades Nacionales de General Sarmiento y Moreno e integran el Foro Universitario de Estudios Fiscales.