Las políticas sociales cuentan con una larga tradición en Argentina y, con mayor o menor predominancia, resisten a diferentes banderas políticas. Si bien a esta altura no existen dudas de la importancia del gasto estatal para contener situaciones de emergencia - la crisis económica causada por la covid-19 volvió a jerarquizarlas por su importancia para combatir la indigencia-, desde la Fundación Fundar y el Centro de Investigación y Acción Social (CIAS) se propusieron analizar su composición. El análisis destacó tres hallazgos o patrones principales en la evolución de la inversión pública para combatir la pobreza.
En primer lugar, la inversión en pensiones no contributivas es mayor que todo el resto del gasto social en su conjunto. "Esto implica que el gasto destinado a adultos mayores pobres supera ampliamente el gasto dirigido a niños pobres: en 2019, por cada peso que el Estado gastaba en asignaciones familiares para niños pobres, gastaba cinco pesos en pensiones para adultos mayores pobres", explica el estudio realizado por los investigadores Andrés Schipani, Rodrigo Zarazaga y la investigadora Lara Forlino.
Este punto genera una alerta en la medida en que más de la mitad de los niños en Argentina son pobres - 54,3 por ciento-, en contraste con la relativamente baja tasa de pobreza entre adultos mayores 13,8 por ciento-. En el estudio se aclara que el sistema jubilatorio es muy bueno, pero "hay que empezar a pensar cómo metemos más plata en la niñez”.
En segundo lugar, los programas para cooperativas de trabajadores informales se han convertido en un elemento central de la política social a partir de 2016. El estudio asegura que aumentó de 253.939 a 1.223.537 el número de cooperativistas entre 2015 y septiembre de 2021.
Por último, "el Estado invierte -como parte de la ayuda social, directa y urgente - cada vez más en políticas dirigidas a la economía popular y cada vez menos en políticas que buscan insertar a los sectores más vulnerables en el empleo formal. En 2019, por cada peso destinado a la inversión en subsidios para la preservación o promoción del empleo formal, se destinaban 11 pesos a programas de cooperativas de la economía popular", agrega el informe.
Aportes
Tras hacer un recorrido por la evolución de la pobreza desde el 2001, y desagregar el contenido de gasto social teniendo en cuenta al público al que apunta, el estudio resalta algunos lineamientos importantes para poner en debate al momento de repensar el esquema de gasto: ". No pretendemos brindar a continuación una reforma concreta de todo el sistema, propuestas de implementación o nuevos proyectos particulares, sino más bien disparar el diálogo en torno a principios rectores fundamentales que permitan un gasto más eficiente, más justo y que propicie una mayor integración social", explican.
Se centran en tres propuestas:
1) una segmentación del sistema de asignaciones familiares no contributivas para atender mejor a las diferentes problemáticas asociadas a la pobreza e indigencia. Las prestaciones deberían ir aumentando según las necesidades de cada hogar: padres y madres en la informalidad (nivel 1 con prestación más baja); niños/as en situación de indigencia pero con infraestructura básica en su hogar (nivel 2) y niños/as en situación de indigencia sin infraestructura básica en su hogar (nivel 3 de mayor prestación).
2) un plan de ‘Empleo Joven’ que genere incentivos para que los jóvenes de hogares informales puedan insertarse en el mercado de trabajo formal. “Asegurar que los jóvenes completen su ciclo educativo y facilitar su transición rápida y efectiva hacia el mercado de trabajo formal debe ser una prioridad de la política pública. En particular, creemos que una política que subsidie su incorporación al empleo formal implicaría no solo comenzar a mejorar la tasa de empleo formal, sino también crear desde lo simbólico un camino posible de progreso para los jóvenes”, explica el informe de Fundar y Cias.
3) un plan para potenciar la integración de los planes de cooperativas con la economía formal y reducir de esta manera el costo fiscal de sostener un sector informal cada vez más grande en el largo plazo. “Esto es, que haya un aumento transitorio del gasto para financiar esta integración en el corto plazo a los efectos de reducir el gasto fiscal en política social no contributiva. Mantener el statu quo en materia fiscal significa, en el largo plazo, sentar las bases para un crecimiento del gasto en políticas sociales no contributivas, lo que es incompatible con las capacidades económicas y fiscales de la Argentina”, aclara el trabajo.
