El juez Daniel Rafecas sobreseyó a la diputada y futura candidata de Cambiemos Elisa Carrió en la investigación por presunto enriquecimiento ilícito. La denuncia había sido hecha en noviembre de 2016 por el albañil Saúl Enrique Paz, quien señaló que la diputada hizo una serie de viajes al exterior que no se corresponderían con sus ingresos. En esos viajes fue acompañada por su amiga Liliana Miedvitsky, hija del empresario chaqueño Herman Miedvietzky, cabeza del grupo Amarilla Gas. También se la acusaba de negociar en favor de ese empresario en el Ministerio de Energía. La denuncia fue archivada por Rafecas, pero la Cámara Federal le ordenó reabrir la investigación. El denunciante se presentó y dijo bajo juramento que le pagaron para hacer esa denuncia. Rafecas la sobreseyó y pidió que se investigue si no se cometió un delito al denunciarla. Carrió acusa a la AFI de estar detrás de la movida.
En noviembre de 2016, Paz presentó una denuncia en la que reclamó que se investigara a Carrió por presunto enriquecimiento ilícito, cohecho, dádivas, malversación de caudales públicos y lavado de dinero. Rafecas citó a Paz dos veces para que ratificara la denuncia, pero el albañil, que reside en Derqui, no se presentó. Finalmente, Rafecas archivó la causa.
Pero el 13 de abril, la Sala II de la Cámara Federal porteña le ordenó a Rafecas reabrir la denuncia contra Carrió. Entonces, el juez citó por tercera vez al denunciante para que ratificara lo que presentó. Esta vez, envió a la policía a buscarlo y a llevarlo a Comodoro Py. En esa última oportunidad, el joven declaró bajo juramento que le pagaron 1.500 pesos para hacer esa denuncia contra Carrió, quien también había sido denunciada por los mismos delitos por un abogado llamado Mariano Noel Valdez. Según Paz, una persona que dijo llamarse Alan González le pagó para presentar la denuncia. Sostuvo que no leyó el texto que presentó.
A raíz de todo esto, el juez Rafecas desestimó la denuncia. “Se ha demostrado que no responde a alertar a la autoridad acerca de un hecho ilícito, sino más bien, a una maniobra presuntamente fraudulenta destinada a generar un estado de sospecha, en este caso, respecto de una funcionaria pública”, sostuvo el juez, quien ordenó abrir una investigación penal contra los denunciantes. A Paz lo imputó por falso testimonio.
“Abrir una investigación penal (con lo que eso significa, esto es, la posibilidad de poner en peligro la tranquilidad, la imagen pública, la honorabilidad, la intimidad y demás derechos y garantías del justiciable), convertiría al juez en un instrumento puesto al servicio de personas que actúan valiéndose de otros y que procuran fines ajenos –posiblemente de tipo mediático o político– a la administración de Justicia, que en ningún caso se puede tolerar”, destacó Rafecas.
En tanto, Carrió advirtió que está preocupada por la seguridad de Paz “quien fue evidentemente instigado por personas oscuras que pueden pertenecer a los servicios de inteligencia o sectores del Poder Judicial o de la política bonaerense”. Sobre el abogado que hizo la otra denuncia, la diputada indicó: “la presentación de Valdez se dio ante el frustrado intento de los instigadores que se ocultaron detrás de Paz para armarle una causa”. “Esto es vergonzoso, un escándalo producto de operaciones políticas vinculadas a sectores de inteligencia y a altos rangos del Poder Judicial –consideró Carrió– También es un enorme escándalo que haya tantas causas fraudulentas tramitándose en la Justicia, tanto en el gobierno anterior, como durante éste”.
