El gobierno chileno anunció el lanzamiento de un proyecto piloto para agilizar la búsqueda y localización de las cerca de 700 víctimas de adopciones ilegales realizadas durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet (1973-1990) que se encuentran en el extranjero y en territorio chileno. Sin embargo, desde la ONG Hijos y Madres del Silencio y la comisión parlamentaria para la investigación de adopciones ilegales lamentaron que el gobierno saliente no cumplió con el compromiso de crear un Banco de huellas nacional y tampoco trabajó con las organizaciones sociales para el armado de la iniciativa piloto.
Adopciones ilegales
El ministerio de Justicia de Chile informó sobre el lanzamiento de un plan piloto para localizar a cientos de personas que fueron víctimas de adopciones ilegales durante el pinochetismo. "Estamos avanzando en colaborar con aquellas personas cuyos hijos fueron adoptados en forma irregular o fueron inscritos de manera falsa, quitándoselos a sus madres y a sus padres, haciendo actos verdaderamente vejatorios de la dignidad humana", afirmó el ministro de Justicia, Hernán Larraín.
El plan piloto del gobierno fue denunciado por la organización Hijos y Madres del Silencio, una ONG que trabajó en la reunificación de más de 260 familias en Chile. Según denunció el organismo en un comunicado citado por el semanario El Siglo, el gobierno va a otorgar fondos “a una ONG para comprar kits de ADN internacional que nosotros hemos usado pero que no tiene los estándares necesarios para reemplazar el Banco de Huellas Genéticas de ADN nacional que hemos solicitado desde que se aprobaran las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas el año 2019”.
Manejo de datos personales
Según denuncia la ONG Hijos y Madres del Silencio, el tratamiento de los datos personales de los familiares y víctimas es una de las preocupaciones ante el plan piloto presentado por el gobierno saliente. “El banco internacional de ADN no es un ente estatal, es propiedad de empresas internacionales y no da garantías a las familias del tratamiento de sus datos, pues son test personales donde se supone que son evaluados por cada persona. Acá no se sabe quién va a manejar esos datos y garantizar su privacidad”.
El diputado del Partido Comunista y presidente de la comisión investigadora de adopciones ilegales, Boris Barrera, recordó que el ministro de Justicia se comprometió a crear un banco de huellas genéticas nacional administrado por el Servicio Médico Legal. “Entregó incluso una planificación donde en varias de sus etapas fueron considerando a las agrupaciones que trabajan en esta búsqueda como Hijos y Madres del Silencio”, dijo Barrera a medios locales.
“Lamentamos que después de manera unilateral ellos hayan considerado que el banco no funcionó” y “no se les preguntó a la organización ni a las personas que estaban participando ni una opinión”, añadió el diputado.
Promesas sin cumplir
Por su parte, la organización Hijos y Madres del Silencio además recordó que la promesa del gobierno de hacer una banca de huella genética nacional “fue desechada por el ministerio de Justicia al poco tiempo de realizar la primera toma de muestras de sangre, por tener POCAS MUESTRAS (sic)”.
“Evidentemente, el camino era seguir con la toma de muestras en todo el país, para robustecer la base de este banco y no terminar el trabajo que apenas había comenzado”, señalaron en el comunicado.
Durante la presentación del proyecto Larraín fue increpado por la presidenta de la ONG Hijos y Madres del Silencio, Sol Rodríguez. "Ustedes no nos convocaron a absolutamente nada, la única convocatoria que tuvimos fue el día viernes para que vinieramos a aplaudir esto", le dijo Rodríguez al ministro de Justicia.
“No se ha trabajado con Hijos y Madres del Silencio, nosotros no queremos que las ONGs, fundaciones o ningún tipo de organización se haga cargo de esta banca de huellas genéticas (…) esto lo corresponde al Estado no a particulares”, afirmó citada por el portal de noticias BioBio.
Responsabilidad del Estado
En el comunicado, la organización que preside Rodríguez reclama que no fue consultada en todo este tiempo y que el gobierno argumentó que fue porque no cuentan con personalidad jurídica. "Ministro: para hacer la labor que el Estado debería hacer no hemos necesitado ni personalidad jurídica, ni dinero, ni apoyo de ningún tipo. Solo con cariño y voluntad hemos acogido a miles de familias en Chile y el extranjero y ya hemos resuelto más de 260 casos, todos comprobadamente reales, publicados en nuestro fanpage y sin cobro de ningún tipo", continúa el texto.
Además, denunciaron que el gobierno de Piñera privilegió el trabajo con una organización (Nos Buscamos) que por un lado, ya había recibido fondos en la primera gestión del mandatario saliente y que, por otro lado "tiene reclamos de organizaciones de chilenos adoptados en Suecia como Chileadoption.se". El semanario El Siglo además reprodujo una carta enviada por esta asociación fundada en Suecia en 1997.
En la misiva subrayan que el Estado chileno es responsable de crear un banco de huellas genéticas de ADN cuyas primeras muestras datan de marzo de 2020 antes de que el gobierno descontinuara la iniciativa de un banco nacional genético. En este sentido, desde Chileadoption.se piden que el banco de huellas no esté a cargo de la ONG Nos Buscamos.
La asociación Chileadoption.se señala que en la ONG Nos Buscamos "tienen más de 400 carpetas de adoptados en Suecia, y desde 2018 hemos pedido que estas carpetas no estén en manos de esta institución". La asociación sueca afirma que la embajada de Suecia ya intentó comunicarse con la representante de Nos Buscamos. "Ella mantiene información muy privada y personal y la utiliza para llamar y presionar a los adoptados a buscar sus orígenes aun cuando no se ha solicitado". "Ser una persona arrebatada de su familia es traumático y difícil. Necesitamos saber que el trabajo de formar banco de huellas genéticas de ADN es serio y algo que el estado sea responsable de desarrollar y mantener ahora y en el futuro", añadió la asociación en la carta.
