Seis empleados administrativos de la empresa ESE&CC de la localidad de General Enrique Mosconi, en el departamento San Martín, denunciaron que los responsables de la firma que se encarga de la instalación del tendido eléctrico de alta tensión "Juana Azurduy", que proveerá al país de energía desde Bolivia, los notificaron que serán despedidos para reemplazarlos por personal boliviano y que esos trabajadores ni siquiera llegaron con permisos de trabajo, sino que habrían ingresado al país como turistas.

Una de las trabajadoras despedidas, Judith Álvarez, en diálogo con Salta/12 contó que si bien la firma de capitales bolivianos utiliza ese mecanismo de rotación de su personal, lo hace con los obreros dedicados a la instalación de postes y cableado a medida que van avanzando “porque es un acuerdo que tienen con las comunidades de pueblos originarios para darles trabajo allí por donde pasan”. De esa manera, se contrata un porcentaje de lugareños durante el tiempo que lleve la obra en cada en cada región.

“Nosotros somos parte del staff estable”, contó la responsable de logística, algunos de ellos ya tienen tres años trabajando allí, desde que la empresa se instaló en Mosconi, otros, algo más de seis meses. Y añadió que de la planta permanente, unos 15 son argentinos, y los demás son directivos de distintos rangos del país vecino.

“Hace unos días vino el dueño de la empresa desde su país, Marco Vera, y nos dijo que vamos a ser reemplazados por personal boliviano, pero no nos dio otro argumento, solo nos dijo que comencemos a elaborar nuestro pase de servicio porque quienes ocuparán nuestros puestos ya están en Tartagal”, relató la trabajadora, quien aseguró que son despidos sin justa causa, “nos están quitando el trabajo que realizamos siempre correctamente y que somos de la zona”, sostuvo. Añadió que ese personal cobrará montos diferenciados, “en dólares o pesos bolivianos” y no bajo el régimen de la Unión de Obreros de la Construcción (UOCRA) que es en el que los encuadraron a ellos.

“Acá la obra continúa, no es que van a levantar las oficinas y se retiran, solo quieren reemplazarnos”, expresó al argumentar que si bien están bajo un régimen que permite las recisiones de contrato, éstas son posibles una vez finalizado el trabajo.

También dijo temer por lo que pueda suceder a futuro, ya que al ser la designada para acordar con los proveedores es quien muchas veces firma, “se están debiendo pagos desde el mes de noviembre y la cara visible soy yo”.

Álvarez informó que hoy por la mañana se dirigiría a la delegación de la Secretaría de Trabajo ubicada en Tartagal para radicar la denuncia y pedir que actúen al respecto, y que esperan que el sindicato los acompañe en su pedido para sostener sus puestos laborales. Pero también anunció que se presentará en Migraciones para denunciar la contratación de personal de manera ilegal.

Por último, manifestó que debido a que en las últimas semanas estuvieron circulando técnicos y directivos de Bolivia y otras provincias del país por la firma, la mayoría de los empleados contrajo covid-19. “Tres de mis compañeros están con covid y yo soy contacto estrecho, mañana (por hoy), además de hacer las denuncias tendré que pasar a hisoparme”, concluyó.

Por su parte, el secretario general de la UOCRA en Salta, Rubén Aguilar, explicó a este medio que estaba al tanto de los acontecimientos a través del delegado regional, Carlos Salas, quien a primera hora de hoy mantendrá una reunión con algunos de los trabajadores para interiorizarse y escuchar sus reclamos.

ESE&CC tiene a su cargo la construcción del tendido eléctrico que proviene de Bolivia denominado "Interconectado Juana Azurduy", mediante el cual la vecina nación proveerá energía eléctrica a la Argentina. La obra se inicia a pocos kilómetros de la frontera, en Yacuiba, en la Planta Termoeléctrica del Sur, inaugurada en setiembre de 2014.

El interconectado debe llegar hasta el sur de Tartagal, uniendo un tramo de 71 kilómetros desde la frontera e incluye la construcción de una línea eléctrica de transmisión binacional de 110 kilómetros que comienza en Tarija (Bolivia) y termina en la ciudad argentina. Toda la obra está valuada en 70 millones de dólares y es totalmente financiada con recursos estatales bolivianos.