El juez Ernesto Kreplak decidió avanzar en la línea que trazó la fiscalía de Ana Russo y, además de ordenar identificar números de teléfono de María Eugenia Vidal para poder analizar sus llamadas, le requirió al gobierno bonaerense que entregue la computadora que la actual diputada utilizó en sus tiempos al frente de la provincia de Buenos Aires. La investigación intenta establecer cuál fue su papel en la mesa judicial bonaerense y el armado de causas judiciales que es eje en el expediente, por ahora alrededor de las acusaciones contra el dirigente de la Uocra Juan Pablo "Pata" Medina. Es el primer nombre que aparece bajo la lupa en la pesquisa por fuera de las personas que estaban presentes en la reunión del 15 de junio de 2017, o que al menos se ven en el video que halló la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y que fue entregado a la Justicia. El organismo lleva adelante un sumario interno para establecer quien dio la orden de instalar las cámaras en el séptimo piso de la sede porteña del Banco Provincia, que Vidal también solía utilizar para tener reuniones. 

De acuerdo al último dictamen de Russo, el juez Kreplak cambió la carátula del expediente, amplió la lista de imputados y precisó algunos posibles delitos: asociación ilícita, abuso de autoridad, falsedad ideológica de documento público y violación a la ley de inteligencia. Como paso previo al entrecruzamiento de llamadas, pidió identificar los números de teléfono fijos y móviles utilizados por la propia Vidal y por los funcionarios reunidos en el Bapro, empezando por el exministro de Trabajo Marcelo Villegas, que fue quien puso en palabras su deseo de tener una "Gestapo" propia para "terminar con los gremios", el exministro de Infraestructura Roberto Gigante, el exsubsecretario de Justicia Adrián Grassi, el actual senador Juan Pablo Allan y el intendente de la Plata, Julio Garro. Lo mismo requirió respecto de los tres altos directivos de la AFI que estaban en el encuentro: Juan Sebastián De Stéfano (Asuntos Jurídicos), Darío Biorci (Jefatura del Gabinete) y Diego Dalmau Pereyra (Contrainteligencia). 

Los distintos ministerios y la gobernación deberán entregar las computadoras y otros dispositivos que pudieron haber utilizado los exfuncionarios y/o sus secretarias/os. Hay que ver si quedó algo en esos aparatos. La AFI tendrá que precisar quiénes de todos los presentes en la mesa en cuestión tenían asignados celulares encriptados, que no permiten hacer un rastreo de las comunicaciones. Como reveló este diario en 2020, la central de inteligencia no sólo los repartía entre funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, sino de Buenos Aires --incluida Vidal-- y también entre personas ajenas a la función pública, desde el operador Daniel Angelici hasta el abogado histórico de Mauricio Macri, Alejandro Pérez Chada. Los celulares de los imputados que ya fueron secuestrados comenzaron a ser analizados esta semana por la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). 

Otra de las medidas ordenadas, que puede parecer técnica o burocrática, habla en realidad del alcance que podría llegar a tener la trama investigada y quiénes pudieron estar detrás: el juez pidió información a tres juzgados donde los mismos agentes de la AFI ya son investigados o señalados, y son precisamente todos expedientes sobre operaciones de inteligencia ilegal de diverso tipo con fines políticos. Kreplak y la fiscala Russo quieren saber qué se analizó de teléfonos y otros dispositivos de De Stéfano, Dalmau Pereyra y Biorci. 

Una de las causas es conocida --a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi--, y es la que se refiere a múltiples maniobras de espionaje durante el gobierno de Macri, sobre políticos no sólo opositores sino también del oficialismo, sindicalistas, periodistas, dirigentes sociales, religiosos y personas privadas de la libertad ligadas al kirchnerismo. Es el caso que la Cámara Federal intentó debilitar con la teoría de los agentes cuentapropistas pero que, precisamente el video de la "Gestapo" antisindical vino a poner en jaque al mostrar la presencia de los tres altos agentes en el encuentro con funcionarios. Otro caso es el del espionaje a los familiares del ARA San Juan, todavía en la Justicia Federal de Dolores. Y uno, más olvidado, es el que se abrió con la denuncia de Hugo Moyano a raíz de que salió a la luz que dos hombres de la AFI (uno de ellos, De Stéfano, el otro Fernando Di Pasquale, exdirector de Finanzas) le entregaron el juez Luis Carzoglio la orden para detenerlo, igual que a su hijo Pablo. Esa causa nunca avanzó y fue archivada. Carzoglio no fue ni citado a dar testimonio. 

La otra pesquisa

La Comisión Bicameral de Inteligencia esperaba para este martes a los empresarios de la construcción que estuvieron en la reunión en el Bapro, a quienes Villegas, los funcionarios y los espías les explicaban cómo hacer para lograr transformar reclamos sindicales en acusaciones penales contra dirigentes y llevarlos a la cárcel. Pero como también fueron imputados comenzaron a excusarse y plantear que irán después de que avance el expediente judicial. En notas presentadas por Ricardo Alconada y Bernardo L. Zaslascky dijeron que se pondrán primero a disposición del juzgado. 

Para este jueves está citado el subcomisario de la Policía bonaerense Hernán Casassa, a quien se le atribuyen audios que describían la mesa judicial y su relación con la policía de la provincia. Los audios los presentó Alberto Pérez, ex jefe de gabinete de Daniel Scioli, quien fue citado para ratificar su denuncia la semana próxima. 

Después de haber intentado justificar la reunión en el Bapro como si fuera institucional --vale recordar que nadie registró su ingreso al edificio--, Vidal ya dejó entrever en sus últimas declaraciones que compartirá estrategia con los agentes de la AFI que quieren llevar el caso Comodoro Py. Además de señalar "la intencionalidad política de esta causa" dijo que tiene "clara" "la incompetencia del juzgado".