El procurador Pedro García Castiella conformó una unidad fiscal integrada por los fiscales Gonzalo Vega y Gabriel González para que investiguen a policías de la patrulla motorizada del 911 y de la Comisaría 45 de la ciudad de Tartagal que intervinieron en la detención de Franco Centurión, un paciente oncológico y trasplantado de 29 años de edad que falleció días después de haber sido detenido y cuyo padre denuncia que sufrió violencia policial.
Los fiscales deberán establecer si la muerte se produjo como consecuencia de la violencia policial que habrían ejercido contra él. El ministro de Seguridad, Abel Cornejo, informó que hay 11 policías sumariados. El padre del joven, Santos Centurión González, denunció a los efectivos policiales el pasado 17 de diciembre, cuando su hijo aún estaba vivo y consciente. Centurión González asegura que ninguna autoridad judicial fue a tomarle una declaración, ahora reclama que la muerte de su hijo no quede impune.
El fiscal González dijo a Salta/12 que ya tienen la nómina de todo el personal que intervino en el procedimiento de detención del pasado 11 de noviembre. "Ahora con la unidad fiscal, nuestra investigación es exhaustiva sobre lo que pudo haber ocurrido en el momento de detención y en la Comisaría", señaló. El funcionario dijo que ya cuentan con los videos de las cámaras del 911 que filmaron cuando Centurión y un amigo suyo fueron detenidos, aunque explicó que aún no pueden dar a conocer el contenido de esas grabaciones porque solicitaron un informe con el análisis de las secuencias al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) y está en producción. También indicó que esperan el informe complementario de la autopsia, ya que los datos respecto a la causa de la muerte serán de relevancia y "de allí pueden surgir imputaciones".
Por una gorra
Centurión González relató a Salta/12 que su hijo fue detenido junto a un amigo el pasado 11 de noviembre. Según explicó, Franco era perseguido desde años antes por la policía, sobre todo por la motorizada del 911, ya que siempre usaba gorra debido a que no tenía pelo como consecuencia de sus tratamientos médicos y aparentemente por eso los policías consideraban que andaba en "actitud sospechosa".
"Parece que a la policía le incomodaba su cara, donde sea le sacaban la ropa, lo revisaban, Franco me venía diciendo desde hace varios años eso. Él no podía ingresar a un baile por la gorrita", contó. El padre dijo que ese día el joven había ido con un amigo a recoger algarroba y encontraron entre estos frutos un arma cargada que levantaron y guardaron en la mochila y la Policía los detuvo al encontrarla cuando los requisaron en la vía pública.
El padre dijo que cuando se llevaban detenido a su hijo, alrededor de las 19.30 un amigo le avisó que lo estaban "cargando a trompadas" en el móvil. Cuando llegó al lugar vio que eran alrededor de 30 los efectivos intervinientes. También contó que personalmente le explicó a un comisario que su hijo era trasplantado de médula, pidiéndole que no lo golpearan y el funcionario le contestó: "nadie pega a nadie".
Sin embargo, "el 11 después de las 23 (ya en la comisaría) lo garrotearon, le pegaban cachetadas, le sacaban la gorra, él no se la sacaba ni para dormir porque no tenía cabello desde que le hicieron el trasplante de médula a los 12 años. Se ensañaron pegándole, le partieron el intestino grueso, le pegaron patadas, en las piernas tenía trombosis. Pasó varios días preso, se le hizo una úlcera", sostuvo el padre. Dijo que sabe lo que pasó por el testimonio de otros detenidos, algunos de los cuales no quieren declarar por temor a la policía, pero que incluso le contaron que cuando golpeaban a Franco varios detenidos protestaban golpeando la pared pidiendo que a los policías que se detuvieran.
El padre añadió que su hijo le contó de la agresión al amigo con el que fue detenido, que también habría sido violentado y, según Centurión González, fue intimidado por la policía para que tuviera "cuidado" con lo que fuera a declarar.
El padre reprochó además al fiscal Pablo Cabot, quien sigue investigando la portación de arma, y al juez de Garantías N° 2 de Tartagal, Fernando Mariscal Astigueta, que no le tomaran declaración ni a su hijo ni al amigo durante la detención. Asimismo, señaló que la defensora pública Natalia Pagani tampoco fue a ver a los jóvenes durante la detención.
El fiscal González indicó que el período de detención de Centurión que figura en actas corresponde al 11 hasta el 19 de noviembre. El padre asegura que estuvo detenido más días, y que ese 19 de noviembre la madre lo visitó en la tarde. El fiscal añadió que investigan también cómo fue la atención médica, y si hubo tardanza en el traslado al médico mientras estuvo detenido. El funcionario explicó que en la causa hay constancias de que el 16 de noviembre la defensora Pagani solicitó la revisión diaria de Franco porque requería curaciones y asistencia médica ya que tenía una herida en la pierna y enfermedades preexistentes, además era trasplantado de médula ósea y paciente oncológico. "Ese mismo día el juez ordena y libra un oficio al jefe de la 45 para que diariamente sea trasladado a un centro asistencial y cuando lo requiera, para que lo lleven cada vez que sea necesario. El 17 fue trasladado. El 19 recupera la libertad. Es objeto de comprobación qué pasó el 18. Por qué no se lo llevó ese día", detalló González.
Por su parte, el padre dijo que cuando Franco fue liberado orinaba sangre, no podía ingerir alimentos y tenía su pierna herida; que cuando lo llevó al médico el joven reconoció que había sido golpeado por la Policía. Luego fue internado en el Hospital Juan Domingo Perón, en el que incluso querían amputarle la pierna por la gravedad de su estado y luego fue trasladado al Hospital San Bernardo en Capital. Allí un médico le informó al padre que el joven "tenía problemas de hígado, riñón, pulmón, trombosis en la pierna, y que lo dializaron con un catéter en el cuello de ambos lados". "El médico dijo que ya no tenía vuelta. mi hijo entró caminando a esa Comisaría", manifestó Centurión González.
El joven estuvo consciente los primeros días de su internación, las últimas palabras que le dijo a su padre cuando el guardia lo obligaba a retirarse porque se había acabado el horario de visita fueron "vení que te necesito", luego lo intubaron, "lo durmieron" y falleció el 1 de enero. El padre aclaró que su hijo estaba bien y no tenía estos problemas de salud antes de la detención y recordó que se cuidaba por su trasplante, no consumía alcohol ni otras sustancias.
Centurión González dijo que quiere hablar con el procurador y con el fiscal de Derechos Humano, González. Pidió que la causa se tramite en Capital porque dijo que desconfía del fiscal Gonzalo Vega, de Tartagal, del que aseguró que "se equivocó en muchas cosas", como cuando refirió que su hijo tenía diabetes, enfermedad que no presentaba. El hombre explicó que tuvo que nombrar una abogada, Sara Esper, y con ella espera tener conocimiento de la causa, además recriminó que desde el gobierno provincial no le ofrecieron asistencia jurídica ni económica en todo este proceso.
Además, Centurión González denunció que cuando fue a llevarles comida y abrigo al hijo y a su amigo, en la Comisaría intentaron inculparlo de estar pasando estupefacientes a los dos detenidos. Además, dijo que teme que la policía vuelva a intentar plantarle droga o quitarle la vida para silenciarlo.
El fiscal de Derechos Humanos informó que en la provincia, solo en lo que va de enero, ya tramitan 7 denuncias en Tartagal, 3 en Orán, 8 en Salta Capital y 2 en Metán por hechos de violencia de la Policía de Salta y el Servicio Penitenciario. Además este año tienen previstas al menos 15 audiencias de juicio contra efectivos de las fuerzas.
