Una decena de disparos impactaron cerca de la medianoche del miércoles sobre la fachada del Club Unión Americana, ubicado en la Brassey y Colombres, en pleno corazón de Fisherton. Para el presidente de la institución, Miguel Aguilar la balacera tiene que ver con dos ataques anteriores, poco conocidos, y dirigidos a quien entonces regenteaba la sala de ejercicios: una familiar de Matías Herrera, un joven treintañero que fue condenado por narcotráfico en 2019 y cuyos emprendimientos comerciales ya ha sido blanco de balazos.

“Me encontré con una noticia que no quería tenerla nunca más. Esto viene de julio del año pasado. Nos balearon dos veces en un mismo mes. Un sábado, cuando no había nadie. Y un lunes cuando estaban todos los chicos haciendo actividad física”, explicó Aguilar sobre hechos en su momento sortearon el oído curioso de la prensa y no tuvieron trascendencia pública más que entre vecinos y el escritorio de algún fiscal.

El hombre razonó lo ocurrido en la medianoche como si fuera una cola de los ataques de julio, aunque describió que creía que, a raíz del cambio en la gerencia del gimnasio, los aprietes eran cosa del pasado: “No sabemos por qué pasó. No hay ninguna causa. Salvo que la concesionaria anterior no haya terminado de arreglar con la gente que le debía plata. Algo de eso puedo haber, porque hay un reclamo".

El hombre explicó a medios periodísticos: “En julio los tiradores dejaron una nota con un reclamo de una deuda que había” con este joven, familiar de la mujer que era antes concesionaria. Y añadió: “Tuvimos la posibilidad de hablar con la dueña, Mónica, y concretar que dé por finalizado el contrato porque no podíamos seguir con la incertidumbre de que nos podían balear en cualquier momento. Ella aceptó y a partir de noviembre del año pasado empezó una nueva concesionaria que ya tiene un gimnasio en Funes y que aparentemente estaba todo bien”. La nota decía: “Herrera, pagá lo que debés”. 

Según confiaron fuentes de la investigación, el escrito esta destinado a Matías Herrera, un inversionista condenado en diciembre de 2019 a ocho años de cárcel por tráfico de drogas en lo que se conoció como la Operación Guaraní. Según lo expuesto en esa causa, Herrara guardaba ladrillos de marihuana en el complejo de canchas de fútbol que regenteaba en Sorrento al 1400, en la zona norte.

Su nombre salió a la luz pública en las crónicas policiales luego de que los ocupantes de un auto balearan el frente de su boliche Alabama, en Riccheri y Brown, pleno Pichincha, a fines de abril de 2019. Entonces se lo relacionó con el lavado de dinero de personajes ligados al hampa de la ciudad. Cuando fue condenado, el fiscal de juicio Federico Reynares Solari ordenó investigarlo por lavado de activos.