Durante 2021, en el CCK se midieron cuerpos con un escáner 3D de 16 cámaras infrarrojas, se hicieron relevamientos antropométricos federales, el INTI aportó lo suyo, se impulsaron ferias de ropa inclusiva y la Ciudad de Buenos Aires prometió garantizar a sus habitantes la existencia de un mínimo de ocho talles, a disposición en los locales, y copias de la Tabla de medidas corporales, "normalizadas" según normas IRAM, cosa que jamás sucedió, mientras que en este 2022 la sanción de la Ley 3.330 de Talles cumple trece años y “la ciudadanía”, como gusta definir al Gobierno porteño, ni siquiera conoce su existencia, y sencillamente no se aplica. El derecho a vestirse sin reglas, a encontrar lo deseado sin que eso signifique una peregrinación, y al disfrute de prendas que acaricien corporalidades diversas, bien gracias.

Ante ese vacío, las legisladoras Victoria Montenegro y Laura Velasco presentaron un pedido de informes al Ejecutivo porteño para saber si desde la reglamentación de la Ley se habían recibido denuncias y realizado inspecciones. La respuesta solo confirmó las sospechas: desde 2019 no se realiza ningún tipo de control a locales, fábricas e importadoras, y ni siquiera existen casos de fabricantes o importadores de indumentaria que hayan recibido denuncias o que fueran auditados por el Gobierno de la Ciudad.

Montenegro, que preside la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, y Velasco, que hace lo propio en la de Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, reman hace años junto con otrxs legisladorxs, activistas y diferentes organizaciones para exigir el cumplimiento de la Ley y visibilizar su falta de implementación. “Es preocupante que no se esté haciendo ningún control”, lamentó Velasco. “Pensemos en la cantidad de pibas jóvenes que no encuentran ropa en la que entrar y en este modelo hegemónico tan instalado de los cuerpos, en términos de subjetividad, que llega a generar problemas graves para la salud física y emocional, sobre todo en jóvenxs y adolescentes.”

En 2016, el Juzgado N° 9 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, a cargo de Andrea Danas, había dispuesto medidas para dar a conocer un amparo colectivo que pedía la aplicación efectiva de la Ley, además de establecer los mecanismos de control, inspección y sanción de los comercios que no la cumplieran. Cinco años después, el problema subsiste por la indiferencia sistemática de quienes tienen la responsabilidad de generar políticas públicas que garanticen el respeto a todos los cuerpos.

Sancionada en 2009 y reglamentada en 2012, la Ley de Indumentaria, más conocida como Ley de Talles, establece que se debe garantizar un mínimo de ocho talles, correspondientes a las medidas corporales normalizadas “en las Normas IRAM de la serie 75300 y sus actualizaciones, en los establecimientos de venta, fabricación o provisión de indumentaria”. Desde entonces, cayó en una zona de inacción sin retorno, mientras que las cifras de la discriminación siguen intactas: en la Argentina, 7 de cada 10 personas tienen dificultad para conseguir ropa de su talle, expone un estudio de la organización Any Body, y el registro llega al 95 % cuando se trata de prendas femeninas. Otro informe de la Fundación Bellamente revela que 8 de cada 10 mujeres se sienten insatisfechas con su imagen corporal, de las cuales un 59 % considera que está gorda o con exceso de peso, y el 5 % delgada o muy delgada. Además, el 55 % afirmó que, después de ver una publicación en Instagram de lo que consideran como un “cuerpo ideal”, se encuentran visitando páginas para cambiar partes de su cuerpo.

“Necesitamos que se consideren todos los cuerpos y que haya un trato digno también en el pensarlos como cuerpos que pueden vestirse, que pueden elegir su vestimenta y su calzado, que pueden disfrutar de la moda”, apuntó Velasco. También sería pertinente que existiera un número o sitio de atención de Ciudad, adonde hacer denuncias o reclamos, y que se implementen medidas urgentes de buenas prácticas comerciales, para no seguir abonando a la ecuación “pocas marcas inclusivas, ergo, precios desorbitados”, y que la ropa deje de ser un objeto de consumo para unxs pocxs.