Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2021, la mayoría de ellos en el departamento del Valle del Cauca, informó la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en el país. El organismo internacional aclaró que la cifra no representa la totalidad de los asesinatos en Colombia sino los casos que han recibido y verificado. La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se convirtieron en uno de los principales problemas para el gobierno de Iván Duque, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.
El mayor número de homicidios contra defensores ocurrió en el sureño Valle del Cauca, en donde fueron asesinados 31, cinco de ellos en Cali, la capital departamental, que fue el epicentro de las protestas de mediados del año pasado contra la política social y económica del gobierno. Mientras tanto en el vecino departamento del Cauca el número de asesinados fue de once, tres de ellos en la localidad de Argelia, constantemente asediada por grupos armados ilegales.
Estos dos departamentos están desde hace años en una espiral de violencia originada en las disputas de distintos grupos al margen de la ley, como disidencias de las FARC, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y carteles mexicanos, que luchan por el control del territorio para el tráfico de drogas.
Además la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos documentó que en Antioquia fueron asesinados seis defensores, mientras que en Chocó, fronterizo con Panamá, y Cundinamarca, hubo cinco en cada uno. No escapó a esta situación el departamento de Norte de Santander, limítrofe con Venezuela, en cuyo territorio fueron asesinados cuatro defensores.
Al desglosar la información, la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos indicó que del total de asesinados ocho eran mujeres y cinco de ellas eran indígenas. De los 70 hombres, seis pertenecían a comunidades afro y seis eran indígenas. En tanto de los 39 crímenes que está verificando el organismo, la mayoría ocurrieron en el Cauca (ocho), Nariño (seis), Antioquia (cinco), Putumayo y Bolívar (cuatro) y Valle del Cauca (tres).
Adicionalmente, en 85 de las alegaciones que recibieron no se logró acreditar la condición de líder social de las personas asesinadas o que la hipótesis de muerte estuviese relacionada con su trabajo comunitario, lo anterior de acuerdo a los estándares definidos internacionalmente, por lo que fueron declarados como casos "no concluyentes"
El organismo explicó en su sitio web cómo es el procedimiento para proceder al seguimiento de los casos de homicidios de defensores de derechos humanos. Primero se reciben las alegaciones o quejas; luego se llevan estos casos al territorio y pasan a denominarse "casos en proceso de verificación". Los que cumplen con los parámetros de análisis se denominan casos verificados, mientras que aquellos que la Oficina de la ONU no logra verificar son denominados casos no concluyentes.
El gobierno colombiano sostiene que grupos armados dedicados al narcotráfico como el Clan del Golfo, las disidencias de la desmovilizada guerrilla de las FARC y el ELN, entre otros, son los que mayormente asesinan a los defensores de derechos humanos.
La ONU también alertó el miércoles que la población infantil en Colombia es la principal víctima del conflicto social y armado en el país, pese a que el número de crímenes contra menores se redujo tras la firma de los Acuerdos de Paz. De acuerdo con el informe publicado por el organismo, al menos 220 menores fueron reclutados por grupos armados irregulares entre julio de 2019 y junio del año pasado.
En este sentido, organizaciones civiles de Colombia instaron a profundizar en las conversaciones de paz entre el gobierno colombiano y el ELN, con el objetivo de cesar los crímenes violentos entre los que figuran el reclutamiento de infantes y adolescentes. Colombia enfrenta un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado unos 260 mil muertos y millones de desplazados.
