La imagen ha sido recurrente en las últimas décadas. Un corte de calle, gomas prendiéndose fuego y vecinos y comerciantes agobiados que agitan pancartas con un mismo reclamo: “36 horas sin luz”, “fuera Edesur”, “no podemos más”, “cinco días sin respuestas” y las frases podrían seguir. Con las temperaturas récord de esta semana, los apagones volvieron a adquirir protagonismo y la distribuidora Edesur, con la concesión del servicio hasta 2087, volvió a quedar en la mira. Abogados, consumidores y expertos reclaman la urgente estatización, que a 30 años de las privatizaciones de la década menemista parece muy lejana.
La ola de calor no dio tregua en toda la semana y por las altas temperaturas, que incluso marcaron un récord histórico en la Ciudad y el Gran Buenos Aires, los cortes de luz se hicieron sentir con fuerza en el AMBA. Hubo miles de afectados y sólo este viernes, cuando el termómetro marcó 40 grados había más 60 mil usuarios afectados (53 mil de Edesur, 12 mil de Edenor), con un récord histórico de consumo eléctrico: 27.837 MW, según Camesa.
El reclamo por la estatización de Edesur no es nuevo, aunque nunca como ahora se demostró la deficiencia de un servicio privatizado en 1992, que recibió millonarios subsidios para obras no realizadas y que en el gobierno de Mauricio Macri se benefició por aumentos de tarifas superiores al 3.000 por ciento, que lejos estuvieron de verse reflejadas en una mejora del servicio. En 2019, por ejemplo, hubo un promedio de 4,3 cortes de luz para usuarios de Edenor y 4,1 para los de Edesur, de acuerdo con datos del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), sin contar que ese año un apagón dejó sin luz el 16 de junio a todo el país por 13 horas.
La lupa sobre Edesur
Para Osvaldo Bassano, de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores, tanto Edenor como Edesur tienen un “sistema de destrucción notable” y un manejo “deplorable” para la prestación de Energía. Sin embargo, advierte en diálogo con AM750 y Página/12 que “Edesur tiene líneas más superpuestas y una decrepitud y abandono mayor”. “La administración no puede seguir en manos de una empresa cuyo único fin es el ingreso de divisas y la socialización de los riesgos”, remarca.
“El Estado debe hacerse cargo para prestar el servicio, pero aparte por las irregularidades que hubo en estos 30 años de privatización, con una tan magra distribución”, plantea, y propone estudiar todo el sistema para mejorarlo. Y aclara que “toda la perorata contra el Estado es, fue y será una idea del sistema neoliberal para desaparecer al Estado del mercado y que sólo sea un negocio de unos pocos”.
Curiosamente, Edesur pertenece a Enel, una empresa estatal italiana que produce y distribuye energía eléctrica y gas y tiene presencia en varios centros urbanos sudamericanos. Fue público, luego transformado en una sociedad por acciones, luego privatizada y ahora el Estado italiano es el principal accionista.
“Las privatizaciones fracasaron. Muchas de estas empresas deben abandonar la Argentina. Su negocio no sólo no es viable, sino que es perjudicial y nocivo para la economía argentina,
Cortes de luz a uno y otro lado de la General Paz
En julio de 2020, la Defensoría del Pueblo bonaerense fue uno de los primeros organismos en exigir la estatización de Edesur, o al menos la rescisión del contrato, que en la provincia de Buenos Aires presta servicio a 12 municipios. “Las fallas están a la vista: falta de inversión, incumplimiento del contrato en tiempos normales, problemas en verano y en invierno y un servicio caro y malo”, resume ante AM750 y Página/12 el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
Para el funcionario, se necesita terminar de una vez por todas el contrato con Edesur de cara a los próximos 60 años de concesión. “Hay alternativas antes de la estatización, como primero revocar la concesión, y avanzar en la compensación económica, que sea ante un corte de cinco horas y no de 36, como ocurre hoy”, propone.
Lorenzino marca una diferencia clave entre Edesur y Edenor: el tiempo de respuesta y las obras en marcha. Según describen intendentes del área de concesión de ambas empresas, la firma Edenor – recientemente adquirida por los empresarios Daniel Vila, José Luis Manzano y Mauricio Filiberti – tiene “problemas aislados”. “No hay un incumplimiento permanente, hay algo de malestar, pero siempre hubo respuesta inmediata”, señala. Esta semana, Edenor quedó en la mira porque un incendio provocó una falla masiva en una línea de alta tensión y dejó sin luz a 700 mil usuarios en medio de la ola de calor agobiante.
Los desafíos del control estatal
El investigador del Conicet y del Área de Economía Política de la Universidad Nacional General Sarmiento, Germán Pinazo, lo grafica con precisión: el peso que tienen hoy los gastos en energía, por los subsidios, es mucho mayor que el que se requería hace 40 años, cuando la energía era administrada por la estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (Segba). “Salía 10 veces menos en términos del PBI”, plantea ante la consulta de AM750 y Página/12. “Al Estado le salen más caros los subsidios de lo que le costaba sostener a Segba, y los hogares pagan hoy mucho más de lo que se pagaba antes”, sintetiza.
Pinazo recuerda que las privatizaciones se diseñaron con el esquema de la convertibilidad peso-dólar, con tarifas indexadas a la inflación de los Estados Unidos. “Las empresas ganaban cuatro veces lo que se gana a nivel internacional, tras el fin de la convertibilidad el sistema se está emparchando. El macrismo aumentó las tarifas un 3.000 por ciento y así y todo, en términos reales las empresas invirtieron menos en pesos”, grafica.
“Cualquier cosa que haga el gobierno será tildada de chavista o comunista, hay un intento de desestabilización permanente”, analiza el investigador, respecto de la correlación de fuerzas que enfrenta la gestión de Alberto Fernández para dar el eventual debate sobre una estatización de las eléctricas.
En esta línea, precisa que a nivel mundial sobran ejemplos de distribuidoras de luz que son administradas por el Estado, como ocurre en estados norteamericanos. “De las cinco empresas más grandes del mundo en distribución, en Francia e Italia el accionista principal es el Estado”, precisa.
Qué pasa en el mundo
Un informe del año pasado de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), afirma que pese a las privatizaciones que dominaron al mercado de los servicios públicos desde finales de la década de 1980 hasta el presente, buena parte de la generación eléctrica tiene participación del Estado.
Pinazo recuerda que entre las mayores 50 generadoras del mundo, incluso hay empresas controladas al 100 % por el Estado. Ocurre en Estados Unidos, Canadá, México, Indonesia y Sudáfrica. En Suecia, Vattenfall es totalmente estatal.
La respuesta de Edesur
Consultados por AM750 y Página/12, desde Edesur se defienden y argumentan que en los últimos cinco años hubo una inversión de 860 millones de dólares y que se redujo el promedio de corte por cliente de 33 a 13 horas. “Dista de ser la cantidad que queremos”, reconocen, y descartan que el camino sea la estatización. “Más bien hay que dotar a las empresas de recursos suficientes para seguir mejorando el servicio”, piden.
