A fines de diciembre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió una demanda contra el gobierno de Entre Ríos, presentada en la Justicia Federal de Rosario por el abogado Marcos Peyrano, quien planteó que hubo una omisión de controles para evitar las quemas en las islas. De esa manera, se hizo lugar al trámite iniciado por el letrado, en representación de la ciudadanía rosarina. Según indicó, la presentación fue tomada para su análisis y "se corrió traslado a la provincia de Entre Ríos para que se defienda". El abogado sumó que "si se determina que hubo un incumplimiento de los deberes a su cargo, ese gobierno deberá pagar una indemnización. Se deberá fijar un valor, ese monto se multiplicará por la cantidad de habitantes de Rosario y el total se destinará al municipio para que lo aplique a cuestiones ambientales”.
En representación de las personas que habitan la ciudad, Peyrano inició un amparo colectivo hace más de un año en la Justicia Federal de Rosario. "Como abogado pensé qué podía hacer. Surgió de la indignación, creo que compartida por la ciudadanía rosarina, ante este daño, fruto de las quemas permanentes en las islas entrerrianas frente a nuestra costa”, señaló en LT8.
Al mismo tiempo, indició que "la Ley nacional del Ambiente autoriza este tipo de presentaciones en casos de daño ambiental". Además, explicó que "la Constitución Nacional establece que cuando hay una provincia demandada, interviene la Corte Suprema de la Nación, que en diciembre del año pasado admitió la demanda y le corrió traslado a la provincia de Entre Ríos para que se defienda. Ahora veremos qué dice ese gobierno, cuyas propias leyes provinciales le imponen, entre otras cosas, hacer una suerte de mapa del fuego, año a año, y prever acciones y presupuesto destinados a evitar las quemas. Pero no lo cumple y no tiene voluntad política de hacerlo”, planteó.
Peyrano aclaró que la presentación "es diferente a las denuncias que hasta ahora fueron contra los dueños de los campos y no han tenido mucho éxito. Hay un claro co-partícipe o co-responsable, sobre todo de las quemas recurrentes, que es el gobierno de Entre Ríos, que debería tomar todos los recaudos para prevenir las quemas, incluso cumpliendo su propia normativa. Ante ese incumplimiento, de quien tiene poder de policía local, para nosotros hay una responsabilidad por omisión de los controles y eso genera un daño a las personas habitantes de Rosario", señaló sobre los motivos de la demanda.
La presentación expresa que "las quemas de pastizales en las Islas del Delta del Río Paraná resultan de un accionar claramente omisivo y poco diligente, que ha propiciado la aparición de diversos focos de fuego, de gran extensión y duración en el tiempo, generándose una gran cantidad de humo que afectara a la totalidad de los habitantes”.
El abogado indicó que durante el proceso, se dictó primero una medida cautelar, de la Cámara Federal de Rosario, ordenando que se realice lo necesario para evitar las quemas; aunque lamentó que "el gobierno entrerriano no hizo absolutamente nada". Luego se dio curso al amparo colectivo desde la Corte. "La idea es que se condene al gobierno de Entre Ríos a pagarle una indemnización a la ciudadanía de Rosario", sostuvo.
En ese sentido, señaló que se propuso que "la Corte determine un valor, un monto, que se multiplicará por la cantidad de habitantes, y ese fondo será puesto a disposición de la Municipalidad de Rosario para que ésta lo aplique a cuestiones ambientales, con control del Concejo Municipal".
Además, el letrado indicó que "quienes quieran, por ejemplo el municipio, la provincia o entidades relacionadas al tema, pueden sumarse a este juicio como terceros interesados".