Desde Lima

Con la derecha maniobrando, con importante apoyo mediático, para desestabilizar su gobierno, el presidente Pedro Castillo recibió estos días una buena noticia. La Fiscalía archivó por improcedentes las denuncias por un supuesto fraude electoral para favorecerlo, planteadas por su derrotada rival Keiko Fujimori y sus aliados de extrema derecha con la intención de deslegitimar su triunfo. Aunque no había evidencias que sostengan el relato de un fraude electoral, esa maniobra para intentar evitar que el ganador de las elecciones asumiera la presidencia encontró amplio eco en la prensa hegemónica. Y en el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, convertido en promotor internacional del fujimorismo y su propuesta ultraderechista. Pero eso no les alcanzó. Los organismos electorales nacionales y todos los observadores internacionales rechazaron la falsa denuncia de fraude y avalaron como limpias y justas las elecciones. Y ahora la Fiscalía consolida esas decisiones al archivar las denuncias de fraude que fueron judicializadas. Una decisión que ha tenido poca cobertura mediática en el país, a diferencia del gran despliegue que en su momento los medios dieron a las falsas acusaciones de fraude.

Ninguna evidencia

Frente a su derrota electoral, el fujimorismo, con el apoyo de la mayor parte de la prensa, salió a denunciar supuestas irregularidades en la votación en las zonas rurales andinas, donde Castillo, un maestro rural que viene de esas regiones empobrecidas y marginadas, había ganado ampliamente. Exigía se anulen 200 mil sufragios favorables a Castillo, con lo que le daría la vuelta a la elección, que el sindicalista de izquierda ganó por 44 mil votos. La acusación partía de denunciar una supuesta falsificación de las firmas de los fiscales de las mesas de sufragio (elegidos por sorteo entre los ciudadanos), lo cual, aseguraban los derrotados sin mostrar pruebas, revelaría una suplantación de esos fiscales electorales por desconocidos para manipular el recuento de votos a favor de Castillo. Esta historia, armada con mucha imaginación y ninguna evidencia sólida, se derrumbó a pesar del amplio respaldo mediático que tuvo. Nada serio la sostenía.

El Jurado Nacional de Elecciones desestimó todas las denuncias de fraude electoral por falta de sustento. Ahora la Fiscalía ha ratificado esa decisión. La Fiscalía señala que los fiscales electorales supuestamente afectados con la suplantación denunciada declararon ante las autoridades judiciales que no habían sido suplantados, presentaron pruebas de haber estado en las mesas de sufragio el día de la votación y se comprobó que las firmas que se denunciaban como falsas eran suyas. La estocada final a una denuncia de fraude electoral que desde un inicio se reveló falsa y como una grosera maniobra golpista contra unas elecciones legítimas porque el resultado no le gustó a la derecha.

Golpistas

El fujimorismo denunció un supuesto fraude en centenares de mesas electorales, en cada una de ellas hay 300 electores inscritos. Pero solamente una minoría, 23 mesas, llegaron ante la Fiscalía para aclarar la denuncia. La inmensa mayoría de los casos eran tan endebles que ni siquiera daban para abrir una investigación fiscal. De esos 23 casos, la Fiscalía ya revisó seis y ha decidido archivarlos. Los casos pendientes son similares a los ya rechazados.

“Esta decisión de la Fiscalía demuestra ahora a nivel de certeza jurídica que no ha habido ningún tipo de evento que haya podido representar una posibilidad de fraude electoral. Esto confirma judicialmente la limpieza de las elecciones. Se deja fuera de juego a una oposición que no reconoce su derrota electoral y que hasta el día de hoy se mantiene con un discurso golpista, que sigue invocando lo del fraude buscando deslegitimar al presidente Castillo. Que de los casos denunciados hayan llegado tan pocos a la Fiscalía, demuestra que el grueso de lo que se denunció no tenía ninguna gravedad ni generaba ninguna posibilidad de considerar que había algún delito. Los otros 17 casos que están por definirse en la Fiscalía son similares a los ya archivados y no hay ninguna duda que se deben resolver en el mismo sentido”, le declaró a Página/12 el abogado Julio Arbizu, exprocurador anticorrupción que formó parte del equipo legal de Castillo que defendió con éxito la legitimidad de su victoria electoral.

Comisión legislativa

Pero a pesar de la abundante evidencia que descarta un supuesto fraude electoral, en el Congreso, donde el oficialismo es minoría, la oposición de derecha ha impuesto la fuerza de sus votos y ha creado una comisión para investigar las elecciones. El objetivo es buscar deslegitimar el triunfo electoral de Castillo. “Esta comisión es propia de un Parlamento que tiene una impronta golpista. Después de esta decisión judicial, esta comisión parlamentaria queda en ridículo porque la Fiscalía ya ha dicho que lo que está investigando no existe”, señala Arbizu.

Con esta decisión fiscal contra el falso relato de un fraude electoral, la ultraderecha golpista sufre un golpe, pero sigue complotando para derribar el gobierno. En diciembre ya intentó sin éxito un golpe parlamentario. Castillo es acosado y atacado sin pausa. Y errores del gobierno, como cuestionados nombramientos o dudas para tomar decisiones, complican al presidente.