A diferencia de lo que ocurrió en la sede porteña del Banco Provincia de Buenos Aires, en la cárcel de Ezeiza, donde estaban detenidos dirigentes políticos, sindicales y empresarios, el cableado también lo hizo la AFI, pero los encargados fueron miembros de la Policía de la Ciudad, es decir, venían de la fuerza que armó el macrismo en la Ciudad. 

Los técnicos no figuraban como personal de la AFI, sino que estaban “en comisión” en la central de espías. Todo indica que los sueldos se pagaron --como todo-- con fondos reservados. No se dejó registro de nada. Y “el trabajo” consistió en poner cámaras y micrófonos en las celdas, en los lugares de reunión y hasta en los salones en que los detenidos se reunían con sus abogados y familias. 

Sólo de las escuchas en los teléfonos públicos, la AFI recogió 105.000 audios de sonido. La interventora, Cristina Caamaño, irá personalmente a Comodoro Py a ver al juez Marcelo Martínez de Giorgi para pedirle que se profundice la investigación.

Las excusas legales para el cableado

Una parte de las escuchas se hicieron con la excusa de monitorear al Rey de efedrina, Mario Segovia, pero obviamente el narco no mantuvo 105.000 comunicaciones: la intervención --consentida de manera más que dudosa por el juez Federico Villena-- abarcó a otros pabellones y, por supuesto, no se destruyeron los diálogos que no tenían relación con Segovia. 

Además, también se usó lo de Segovia para cablear celdas y luego se hizo lo mismo con otra causa puesta en marcha a raíz de una agresión del Pata Medina al empresario Fabián De Sousa. Este expediente fue el falso motivo para cablear más celdas y hacia allí fueron los técnicos de la Policía de la Ciudad, pasados en comisión a la AFI.

Bajo la órbita de la Corte Suprema

Un dato que impacta es que la mayoría de los registros los hizo la Dajudeco (Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado), que depende de la Corte Suprema de Justicia. La metodología general era que la AFI retiraba CDs una o dos veces por semana, pero en el caso del penal de Ezeiza se estableció una línea punto a punto, es decir que en la AFI escuchaban online lo que decían los detenidos en la cárcel. La Dajudeco, por supuesto, argumenta que todo se hizo con la autorización de Villena, pero la utilización que se hizo en la central de espías desnuda el verdadero objetivo de toda la estructura. 

El abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, también denunció a principios de 2019, que el Servicio Penitenciario armó una celda, ya cableada, en la que alojarían a Pablo Moyano. El letrado hasta presentó fotos de esa celda en el penal de Melchor Romero. Todo indica que ese trabajo de poner cámaras y micófonos también lo hicieron los policías de la Ciudad, pero no hay registros que permitan verificarlo.

Las imágenes y los audios se utilizaron para todo tipo de maniobras. 

  • En primer lugar, la mesa judicial sacó elementos de los diálogos de los detenidos con los abogados para contrarrestar la estrategia de los imputados. O sea, sabían de antemano qué escritos iba a presentar la defensa.
  • Se enteraban también de cómo estaban el ánimo de los detenidos, la situación de sus relaciones con sus parejas y socios, todo material para avanzar en la “caza” de arrepentidos. 
  • En algunos casos usaron las escuchas, con la grotesca forma de un anónimo, para después armar causas. Un ejemplo es el expediente conocido como Puf Puf, que arrancó con dos anónimos presentados, uno por el fiscal Carlos Stornelli y el otro por Elisa Carrió. Pretendieron instalar que la causa que se inició con las extorsiones de Marcelo D'Alessio fue urdida en la cárcel de Ezeiza. 
  • Finalmente, en otras oportunidades le entregaron las grabaciones o desgrabaciones a los medios amigos para que difundieran por ejemplo, diálogos de Lázaro Báez con su pareja o su abogado.

Caamaño irá a principios de febrero a reclamarle a Martínez de Giorgi que avance con esta investigación. Originalmente, la causa estuvo en Lomas de Zamora, pero el aparato macrista logró llevarla a Comodoro Py, donde -se sabe- juega de local.