El 16 de enero de 2016, luego de estigmatizar durante años a la organización barrial Tupac Amaru, el flamante gobernador Gerardo Morales logró la detención de su principal referente, Milagro Sala, por organizar un acampe en la plaza principal de San Salvador para exigirle que respondiera a los pedidos de audiencias de miles de cooperativistas. Desde entonces, con gran parte del poder judicial de Jujuy subordinado a sus objetivos políticos y ante la pasividad de la Corte Suprema de Justicia, el flamante presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) despliega con éxito un tenaz proceso de persecución, criminalización y hostigamiento contra la dirigente social y contra la Tupac. Este situación, le valió al Estado argentino una denuncia del CELS y de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una solicitada publicada este domingo en Pagina/12  referentes de derechos humanos, gobernadores, miembros del gabinete nacional, dirigentes sindicales y sociales, periodistas y artistas, repudiaron la “detención ilegal” de la dirigente y expresaron que “con presos políticos no hay democracia plena”. Asimismo, el Comité por la libertad de Milagro Sala realizará a las 18 un encuentro virtual para exigir que se termine su persecución política.

Cuatro días después de que Mauricio Macri asumiera como presidente y Morales como gobernador, la Red de Organizaciones Sociales de Jujuy inició un acampe frente a la Casa de Gobierno en demanda de la continuidad de 20 mil puestos de trabajo de cooperativas de viviendas. Cuando pidieron audiencias formales, Morales les respondió por los medios que no hablaría con mafiosos, mientras le ordenaba a su fiscal de Estado que los denunciara por instigación a cometer delitos y sedición. El 12 de enero de 2016 les hizo llegar un ultimátum, ordenó por decreto la suspensión de la personería a las organizaciones que continuaran el acampe y la pérdida de derechos sociales a los manifestantes. Algunas agrupaciones cedieron al apriete del caudillo radical. La Tupac se mantuvo firme en la plaza.

El 16 de enero, a pedido de la fiscal Liliana Fernández de Montiel, el juez Raúl Gutiérrez ordenó la detención de Milagro, que se concretó con un enorme operativo de fuerzas de seguridad del que participó el ministro de seguridad Ekel Meyer, hoy juez del Tribunal Superior de Justicia de Jujuy. El 29 un juez ordenó la excarcelación de Sala pero el mismo día se pidió su detención en otro flamante expediente conocido como “Pibes Villeros”. Ya estaba en marcha la estrategia oficial de iniciar, reimpulsar e inclusive reabrir procesos que habían sido clausurados para garantizarse que la líder de la Tupac no pudiera recuperar la libertad. La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, por la que Milagro sigue con prisión preventiva, hiberna desde marzo de 2020 en los despachos de la Corte Suprema.

“En los seis años que Milagro Sala lleva presa ya atravesó seis juicios orales y públicos: uno en el fuero federal, cuatro en la justicia ordinaria y otro en fuero contravencional. Mientras tanto, dos causas se encuentran en etapa de investigación y otras cinco han sido elevadas a juicio”, resume su abogado Marcos Aldazabal. 

A continuación un resumen del entramado de procesos que le permiten a Morales exhibir la detención de Sala como un gran logro de gestión:

“Causa de los huevos” (2009). Es la única que tramitó en la justicia federal. En octubre de 2009 el entonces senador Morales denunció una agresión a huevazos por parte de militantes vinculados a Sala durante una conferencia en el Consejo de Ciencias Económicas. Pese a que nunca se probó la relación de los autores del escrache con Sala o con la Tupac, el juicio oral a fines de 2016 concluyó con su condena a tres años de prisión en suspenso como instigadora del delito de daño agravado, por la rotura de siete vidrios. El fallo se basó en un único testigo, René Arellano, quien ocultó que era empleado de Morales, igual que su hijo y sus respectivas parejas. En el juicio se reveló que “Cochinillo” Arellano recibió 822 mil pesos de origen desconocido en los meses previos a la declaración. En junio de 2017, en el marco de la campaña electoral, los jueces de la Cámara de Casación Gustavo Hornos, Mariano Borinsky (asiduos visitantes a la quinta presidencial de Olivos) y Juan Carlos Gemignani confirmaron la sentencia y ordenaron agregar la condena por amenazas, delito por el que había sido absuelta. En agosto último, la Sala IV de Casación concluyó que la acción por amenazas estaba prescripta y la de daños extinta, por lo que corresponde el sobreseimiento definitivo de Sala.

“Causas (PLURAL PORQUE SON DOS) por el acampe” (2016). La protesta que originó la primera detención se investigó en paralelo en sedes penal y contravencional. El 29 de diciembre de 2016, el juez contravencional Matías Ustarez Carrillo (un funcionario administrativo designado ese mismo año por Morales) condenó a Sala y a la Tupac por la ocupación del espacio público a pagar una multa, clausuró la sede de la organización por tres meses e inhabilitó a la dirigente por tres años y tres meses para integrar sociedades jurídicas y asociaciones civiles, sociales, culturales y deportivas. En resumen, la proscribió hasta el final del mandato de Morales. Poco después otro juez declaró la nulidad de ese juicio porque se aplicó un Código que entró en vigencia tras el inicio del acampe. Ante el rechazo de la doble persecución, Morales recurrió al Tribunal Superior de Justicia, que en julio pasado confirmó la nulidad de lo actuado. En el proceso penal, en tanto, el único movimiento del expediente fue un pedido del fiscal para que se dicte el sobreseimiento de todos los imputados excepto de Sala. La causa se elevó a juicio en mayo de 2019 y todavía no tiene fecha de inicio. La detención por ejercer los derechos a la libertad de expresión y de protesta es “el ejemplo máximo de la criminalización de una persona defensora de derechos humanos”, destacaron el CELS y ANDHES.

“Causa de las bombachas” (2014). En octubre de 2014 dos policías acusaron a Sala de amenazarlos por teléfono con poner una bomba para frustrar un procedimiento en el que estaba injustamente demorada la hija de una compañera, tras denunciar el robo de mercaderías (bombachas) que se exponían en una feria. Diez meses después, con la causa en manos del fiscal Gustavo Araya, una de las presuntas víctimas, la comisaria Ángela Cabero, pidió ser querellante con el patrocinio del hijo homónimo de Morales y de su abogado Luciano Rivas. La defensa de Sala pidió una mediación para evitar el trámite penal pero fue rechazada: Araya insistió en llevarla a juicio mientras en los medios sugería que Milagro se negaba a declarar. En diciembre de 2017 el Tribunal en los Criminal 2 absolvió a Sala pese al esmero del fiscal, que omitió producir la prueba que aclaraba puntos oscuros de su acusación y –en línea con Morales– fundó su acusación en prejuicios y hechos ajenos al caso para construir la imagen de Sala como enemiga pública de la provincia.

En febrero de 2019 la Cámara de Casación Penal de Jujuy –que apenas tuvo acceso a resúmenes de los testimonios– revocó el fallo y condenó a Sala a tres años y dos meses de prisión de cumplimiento efectivo. Los jueces admitieron que no había indicios de alarma o temor en quienes recibieron las supuestas amenazas (Sala admitió insultos pero negó amenazas) pero no les pareció un requisito necesario para fundamentar una condena, para la que a su entender bastaba con los testimonios de los policías y el “contexto histórico” (sic), es decir la construcción sesgada y discriminatoria de Sala como mujer violenta y poderosa. Rechazaron y descalificaron a los testigos que sostuvieron que no existieron amenazas y en cambio tomaron como prueba válida un supuesto “Parte Diario Policial” en el que los policías hicieron referencia a la amenaza, que curiosamente se incorporó a la causa con tres años de demora y del que hasta el fiscal del juicio oral prefirió prescindir.

Un mes después, el Tribunal Superior confirmó la condena aunque la redujo a dos años de prisión. El fallo, escueto, no responde ninguna de las críticas de la defensa de Sala e invoca también el “contexto social de la provincia”, retomando la línea de derecho penal de autor del fiscal Araya. En febrero de 2021, tras rechazar un recurso de queja, la Corte Suprema se lavó las manos y dejó firme esa condena invocando sus límites para revisar sentencias de tribunales provinciales. El CELS y ANDHES centraron su denuncia ante la Corte Interamericana en la “causa de las bombachas”, en la que todas las instancias de revisión de la condena fueron superficiales y se violaron numerosos derechos y garantías reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Causa balacera de Azopardo” (2007). Una niña de once años resultó herida en octubre de 2007 en medio del enfrentamiento con armas de fuego de hombres ligados al PJ jujeño. Jorge Rafael Páes estuvo prófugo por ese hecho hasta 2016, cuando lo detuvieron, pero consiguió su sobreseimiento tras acusar a Milagro de ordenar una matanza. En febrero de 2016 se dispuso su prisión preventiva, que se prolongó hasta fines de 2018, cuando fue juzgada y absuelta por el Tribunal Oral Criminal 2.

“Causa Pibes Villeros” (2016). El 29 de enero de 2016, cuando era inminente la liberación de Sala, nueve cooperativistas se presentaron espontáneamente a última hora en plena feria judicial para denunciar que eran obligados a facturar obras que no se hacían y enviar el dinero a personas ligadas a Milagro. Sin precisiones de tiempo, modo o lugar, la acusaron de encabezar una organización criminal que sustituyó al Estado, de cometer extorsiones y fraudes. La fiscal Fernández de Montiel inició entonces una causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, que permitieron dictarle la prisión preventiva. Luego se sumaron dos denuncias radicadas en el primer mes del gobierno de Morales, una por irregularidades en expedientes administrativos de 14 cooperativas y otra por convenios con municipios. Antes y durante el juicio, que duró casi seis meses, el Tribunal Criminal 3 rechazó prácticamente toda la prueba de descargo de la defensa, incluidos 39 testigos y pericias sobre las obras de las cooperativas. El 14 de enero de 2019 la condenaron a 13 años de prisión como jefa de una asociación ilícita en concurso con fraude a la administración pública y extorsión, fallo confirmado por las demás instancias jujeñas.

El CELS y ANDHES plantearon ante la Corte Interamericana que el juicio fue prácticamente secreto: se limitó al máximo el trabajo de la prensa, no se les permitió a los periodistas tomar notas y se los obligó a suscribir un acta de confidencialidad. Por una supuesta inconducta fuera del ámbito del tribunal, Milagro fue expulsada de la sala durante más de dos meses, por lo que no pudo escuchar a numerosos testigos de cargo y ejercer su derecho a la defensa. Los fiscales, al alegar, introdujeron más de 90 hechos que nadie había mencionado durante las audiencias y no precisaron las circunstancias de extorsiones y fraudes. Los jueces añadieron en su fallo un apartado de “contexto histórico-social” con hechos que no habían sido parte de la acusación, por lo que Sala no pudo defenderse ni ofrecer prueba. Las diversas irregularidades fueron convalidadas por la Cámara de Casación provincial. En enero de 2020 el Superior Tribunal confirmó la sentencia. Un mes antes, su presidenta Clara Lange de Falcone había anticipado su voto, fundado en el clamor popular: “No vamos a permitir que Milagro Sala quede libre. La sociedad no lo va a permitir porque todos sabemos lo que hemos vivido”. En marzo de 2020 ingresó a la Corte Suprema un recurso de queja que descansa en el cuarto piso del Palacio de Talcahuano.

“Causa Luca Arias” (2006). El 3 de julio de 2006 dos referentes de la Corriente Clasista y Combativa sufrieron lesiones mientras esperaban ser recibidos en el Ministerio de Infraestructura de Jujuy. Tres años después, sin impulso fiscal, la causa prescribió. Pero a poco de asumir Morales, en marzo de 2016, se reabrió para acusar a Sala, quien en 2019 fue condenada por el delito de lesiones graves a cuatro años de prisión. La condena fue revocada en 2020 por el Superior Tribunal jujueño porque el delito estaba prescripto, pero el proceso le costó a Milagro cuatro años de prisión preventiva.

“Causa por amenazas en el penal de Alto Comedero” (2017). Se inició en abril de 2017 por una discusión entre dos grupos de mujeres privadas de la libertad. Una dijo que Sala intentó armar un motín y que, como se negó a participar, la amenazó durante un tiempo indeterminado. Pese a que las amenazas nunca se probaron, la causa se elevó a juicio en 2017, por lo que está prescripta y pendiente de resolución.

“Megacausa” (2016). Similar a “Pibes Villeros”, la iniciaron subordinados de Morales que denunciaron a Sala como responsable de que no se hayan realizado obras de construcción de viviendas en diversos municipios, junto con el ex gobernador Eduardo Fellner y ex funcionarios. Primero la acusaron de fraude y luego como jefa de una asociación ilícita. Algunos imputados –incluidos dos intendentes– pidieron meses atrás ampliar su indagatoria para centrar las responsabilidades en Sala y Fellner. Los secunda un estudio recomendado por el diputado provincial Luciano Rivas, el mismo que como abogado de Morales querelló en la “causa de los huevos”. Recientemente se dictó el cese de la prisión preventiva de Sala, Gladis Díaz y Mirta Aizama, de la Tupac. Sobre 22 imputados, eran las únicas que seguían presas. En abril de 2021 el Ministerio Público requirió la elevación a juicio.

“Causa por sustracción de expediente” (2009). Un instructor judicial denunció en 2009 la sustracción de un expediente. La causa fue sobreseída, sin imputados, en 2012. Cinco años después, a fines de 2017, Alejandro “Pilo” Mancilla –liberado poco antes en una causa por secuestro, abuso, lesiones, robo y uso de armas de fuego, y convertido en testigo estrella contra Sala– se presentó espontáneamente ante el fiscal Diego Cussel para acusar a Sala y a otros dos personas por aquel episodio. Dos meses después el juez residual Pablo Pullen Llermanos, uno de los principales ejecutores de la persecución contra la Tupac, declaró la nulidad del sobreseimiento y avanzó con los procesamientos. La justicia provincial rechazó distintos planteos de la defensa. Aunque hay recursos pendientes ante el Superior Tribunal y ante la Corte, Pullen Llermanos la elevó a juicio.

“Causa por lavado de activos” (2017). Se inició en febrero de 2017 a partir de tres causas previas, informes de la AFIP y del titular de la Oficina Anticorrupción designado por Morales. Sala tomó conocimiento el 4 de enero de 2018, días después de su sobreseimiento en la “causa de las bombachas”, cuando le allanaron su casa en plena feria judicial pese a que no había detenidos ni motivos conocidos que justificaran la urgencia. El aparato de prensa oficial informó que se allanaron “21 propiedades vinculadas a Sala”, que sólo tiene vínculo con su casa de Cuyaya. Milagro fue procesada y sigue pendiente de resolución un conflicto de competencias.

“Causa Campo Verde” (2021). En marzo pasado la policía de Jujuy reprimió una protesta de vecinos del barrio Campo Verde que reclamaban por el destino del único espacio público verde del que disponían: la cancha. Morales, que pretendía inaugurar allí una escuela, acusó públicamente de alentarlos “a cometer delitos” a Sala, a la diputada Alejandra Cejas y al abogado Héctor Huespe, quien representa a vecinos autoconvocados sin relación con la Tupac. En el mismo acto, el gobernador ordenó iniciar “demanda penal y multa contravencional”. El 9 de marzo el fiscal de Estado, Mariano Miranda, anunció la presentación de una denuncia por usurpación e instigación a delinquir. El 11 de junio Sala fue imputada en base a los dichos del gobernador. Con la excusa de notificarla y el objetivo de volver a humillarla, la trasladaron en patrullero desde su arresto domiciliario, con amplia cobertura de prensa.

Los padecimientos que Milagro Sala sufre desde hace seis años “se agravan por su condición de mujer e indígena”, destacaron el CELS y ANDHES. Recordaron que “la causa de la protesta que dio origen a su detención sigue pendiente de juicio oral y la persecución por este hecho continúa hasta hoy” y consideraron “inadmisible que el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina sea materia de persecución penal”.