Teniendo en cuenta que nuevamente los productores ganaderos se encuentran en alerta en respuesta a la Resolución nacional Nº 911/21 que plantea la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2023, inclusive, de la exportación definitiva y/o suspensiva, con destino al exterior del país, de cortes bovinos frescos, enfriados o congelados, ingresamos una iniciativa en la Cámara de Diputados para que el Gobierno provincial interceda ante el Poder Ejecutivo Nacional y revise los alcances de la resolución.
El Gobierno nacional tiene una mirada sesgada a la hora de definir políticas públicas productivas cuando se trata de ciertos sectores productivos, en particular el sector agrícola ganadero.
Claramente ha quedado demostrado a lo largo de la historia que toda política proteccionista, que tienda a poner un freno a la producción y/o expansión de un determinado sector productivo provocará en el mediano y largo plazo efectos nocivos para el mismo y para otras industrias o sectores vinculados.
Todas las entidades ligadas al sector productivo en cuestión, el día después de la publicación por parte del gobierno nacional de las normativas sobre el esquema de exportación de carne vacuna para los próximos dos años, han solicitado una revisión de las medidas.
Acompañamos una vez más estos reclamos desde el ámbito legislativo porque estas acciones lejos están de construir una política pública para la cadena de la carne con el objeto de aumentar la producción, la existencia ganadera y el peso promedio de faena, generando previsibilidad al productor, e incrementar asimismo los volúmenes exportables. Todo lo contrario, veremos nuevamente en el corto y mediano plazo caídas importantes en los stocks vacunos argentinos y produciendo por consiguiente considerables pérdidas de puestos de trabajo en toda la cadena, caída en la inversión directa y pérdida total de confianza por parte de nuestros clientes internacionales, situación que seguramente será aprovechada por competidores directos del sector ganadero
Gabriel Real
Diputado provincial PDP
