“La Gestapo macrista empezó en Jujuy”, algunos de los reclamos por la libertad de Milagro Sala que inundaron las redes este domingo. Otros la describen como víctima de la persecusión política durante el macrismo, que es el mismo concepto con un lenguaje más diplomático. La dirigente social cumplió seis años detenida en la provincia que gobierna el radical Gerardo Morales, el impulsor de la trama judicial que la mantiene con prisión domiciliaria, después de haber atravesado en la cárcel el hostigamiento y la humillación. Referentes de los organismos de derechos humanos, políticos y sociales coincidieron en señalar que Milagro es una presa política y consideraron inaceptable que la Corte Suprema de Justicia perpetúe su detención.
La líder de la organización Tupac Amaru fue detenida el 16 de enero de 2016 por un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy, que se organizó a días de la asunción del radical Gerardo Morales como gobernador de la provincia. Con la protesta, la Tupac pedía por la continuidad de los programas de construcción de viviendas. La acusaron de instigar al delito, tumultos y sedición. El 29 de enero de 2016 un juez ordenó la excarcelación de Sala pero el mismo día pidió su detención en otro expediente conocido como "Pibes Villeros". La revisión de esa causa por defraudación al Estado, extorsión y asociación ilícita, está desde marzo de 2020 bajo consideración de la Corte Suprema de Justicia.
Los testimonios
Este domingo, referentes de derechos humanos, miembros del gabinete nacional, legisladores, dirigentes sindicales y sociales, artistas y periodistas ya habían pedido su libertad en una solicitada que publicó Página/12, en la que expresaron que "con presos y presas políticas no hay democracia plena".
En el documento, que lleva entre otras firmas las de Estela de Carlotto, Taty Almeyda, Adolfo Pérez Esquivel, Vera Jarach, Lita Boitano y Nora Cortiñas, señalaron que el caso de Milagro Sala "es el que mayor visibilidad tiene en Jujuy" y resaltan que aún hay otros siete presas y presos políticos de la Tupac Amaru, la organización social que "más ha hecho para garantizar los derechos de los vulnerables"
La detención de Milagro "es ilegal, arbitraria e injusta" agregó ayer Elizabeth Gómez Alcorta, ex defensora de Sala y actual ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad. Gómez Alcorta apuntó contra la Corte Suprema: "Hace dos años espera la resolución en la Corte Suprema de Justicia una de las causas, que es puntualmente por la que Milagro fue condenada a 13 años (Pibes Villeros). Me parece que en este contexto se hace más larga y más pesada, hoy son seis años".
Para José Schulman, presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el día que encarcelaron a la dirigente jujeña comenzó en el país "la transformación del aparato judicial en un aparato de persecución".
“El lawfare no es cualquier política judicial de persecución sino una que está inserta en un plan de dominación colonial y que ha utilizado a parte del sistema judicial para este cometido. El lawfare tiene varias fotos. La primera es la de (Gerardo) Morales ordenándole a su ministro de Justicia ‘andá a detener a Milagro’. El tipo le dice, ‘pero si no hay causa’... ’No importa, primero detenela y después vemos‘. La otra foto es la reunión del 31 de julio, en Río Negro, cuando la (entonces ministra de Seguridad, Patricia) Bullrich le ordena a los ministros de Seguridad de Río Negro y Chubut que a partir de ese momento se detenga a cualquiera, sin orden judicial, por supuesta flagrancia, y a los dos días asesinan a Santiago Maldonado”, dijo Schulman en una entrevista radial.
En este marco, Schulman convocó a la marcha del 1 de febrero para exigir la renuncia de los ministros de la Corte Suprema. “Han incumplido sus deberes. Entre esos incumplimientos, hace dos años y pico que tiene una causa que involucra a Milagro Sala que, de resolverla a derecho, aflojaría bastante la presión sobre ella. Aunque sabemos que Morales le va inventando nuevas”.
También reclamó por Sala el Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla: “Milagro Sala, dirigente social, mujer e indígena: 6 años privada de su libertad 11 causas penales, 1 contravencional, 6 debates orales y públicos, 2 causas en etapa de investigación y 4 elevadas a juicio. Las autoridades políticas y judiciales de Jujuy y la Corte Suprema de Justicia de la Nación tienen la posibilidad de poner fin a esta persecución que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino”, tuiteó el nieto recuperado.
Para el Frente Patria Grande, que tiene como referente a Juan Grabois, “Jujuy, con Morales a la cabeza, fue el primer laboratorio de lawfare en el país”.
Gestapo en la Puna
“La ‘Gestapo’ macrista empezó en Jujuy”, aseguraron desde la agrupación con un comunicado. “Morales armó una estructura judicial con la complicidad de Rubén Rivarola, presidente del PJ de Jujuy. Creó el Ministerio Público de la Acusación, una figura ilegal e inconstitucional para perseguir opositores. El mismo mecanismo se utilizó para perseguir a Cristina, otros referentes y se sigue replicando en distintas provincias para perseguir a la organización popular que quiere ponerle un freno a la voracidad del poder económico y luchar por justicia social. Terminar con las estructuras judiciales de persecución política -las “gestapo”- es una deuda del contrato electoral del Frente de Todos y resulta indispensable para planificar una Argentina con tierra, techo y trabajo.”
El abogado Luis Paz, defensor de Sala, fue coincidente: Dijo que actuó un “Poder Judicial amañado y a las órdenes del gobernador” y un ministerio público fiscal “diseñado para perseguir a las organizaciones sociales, a sindicatos y opositores políticos. Primero fue ella con testigos comprados o extorsionados para que denuncien. Luego este esquema se replicó en Mendoza. Ahora sale a luz la “gestapo” de Vidal. Hay pruebas concretas y contundentes respecto a la existencia de un plan sistemático de persecución judicial y mediática organizado desde el gobierno que encabezó Macri con sus terminales mafiosas en muchas provincias”.
