El Presupuesto Participativo es una política que combina el sistema de democracia “representativa” con la llamada democracia “participativa” o “directa”. Sin dudas, se trata de una herramienta esencial para los movimientos vecinalistas y barriales.
Desde 2003, curiosamente, la ciudad de Salta cuenta con una ordenanza que prevé la creación del programa de Presupuesto Participativo. Sin embargo, hasta el momento no se ha logrado ejecutar de manera exitosa, sino apenas como una experiencia piloto, a fines de 2015.
Definido técnicamente, se trata de un “proceso de intervención directa, permanente, voluntaria y universal en el cual la ciudadanía, conjuntamente con el gobierno, delibera y decide qué políticas públicas se deberán implementar con el presupuesto estatal”.
La primera experiencia de Presupuesto Participativo (PP) a nivel mundial se llevó adelante en la ciudad brasileña de Porto Alegre, en 1989, tras la victoria del Partido de los Trabajadores en las elecciones municipales. Desde entonces, este sistema ha registrado un importante crecimiento a nivel latinoamericano, destacándose su desarrollo en países como Colombia, Perú, Bolivia, Venezuela y Ecuador.
En Argentina, su origen está vinculado a la crisis de 2001. La primera ciudad en instrumentarlo fue Rosario, en la provincia de Santa Fe, en 2002. En la actualidad se realiza en más de 50 municipios, con una clara superioridad de aquellos pertenecientes a la provincia de Buenos Aires, seguidos por Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza y Córdoba.
Un intento fallido
En la ciudad capital de Salta el PP surgió casi contemporáneamente con el de Rosario. Sin embargo, la experiencia salteña no corrió la misma suerte.
Promulgada en marzo de 2003, la ordenanza 11.887 establece los tres objetivos principales del mencionado programa: garantizar la intervención directa de los vecinos en la elaboración de las prioridades barriales; participar en la discusión de las políticas presupuestarias del municipio, y realizar el seguimiento de los recursos asignados.
Aquí radica, justamente, la doble faceta de este sistema: el derecho a participar con voz y voto en las decisiones públicas se complementa, a su vez, con el deber de fiscalizar el cumplimiento de los acuerdos.
La ordenanza también dispone la creación de Foros Barriales de debate en los que, vecinos, asociaciones civiles y organizaciones territoriales definirán las propuestas de interés para el barrio.
Recién doce años después de la aprobación de la ordenanza, en 2015, el programa de Presupuesto Participativo se puso en práctica. Con el asesoramiento de la Red Argentina de Presupuesto Participativo (RAPP), en sus últimos meses al frente del Ejecutivo comunal, el ex intendente Miguel Isa anunció con bombos y platillos la ejecución del programa: se destinarían $14 millones para realizar obras que los vecinos entendieran como prioritarias.
La ciudad se dividió en 7 zonas y la suma asignada al programa se dividió en partes iguales: 2 millones para cada una. El monto resultaría insuficiente para las necesidades de los casi 350 barrios, pero al menos serviría como una prueba piloto. Sin embargo, tras llevar adelante distintas instancias de debate barrial, la ejecución del programa quedó trunca.
“Fue una oportunidad única de gobierno participativo, una experiencia legítima que no se aprovechó”, sostuvo Román Oviedo, dirigente barrial de Villa 20 de Junio, en relación a la ejecución parcial del PP en 2015. En diálogo con Salta/12, Oviedo agregó: “Lo usaron como plataforma política. Siendo bien ejecutado, puede ser un quiebre en los vecinos y vecinas que no creen en la política como transformación de sus realidades”.
Durante los años siguientes no se volvió a hablar de aquella experiencia fallida. No obstante, durante los períodos 2017, 2018 y 2019, el municipio destinó una partida de $200 mil por año para el PP, una suma irrisoria si se considera que pavimentar una cuadra con hormigón cuesta aproximadamente $4 millones.
En 2017, además, se discutió un proyecto de ordenanza que proponía una asignación presupuestaria anual para este programa, equivalente al 1% de lo percibido en concepto de Impuesto Inmobiliario Urbano. Desafortunadamente, la discusión tampoco llegó a buen puerto.
¿Quién participa?
En diciembre pasado, mientras el Ejecutivo municipal realizaba la presentación del Presupuesto 2022 en el Concejo Deliberante, el secretario de Hacienda, Daniel Amador, fue consultado en relación al Programa de Presupuesto Participativo, el cual integra el Plan de Obras Públicas con un monto de $16 millones: “¿Qué es el Presupuesto Participativo?”, preguntó el concejal Guillermo Kripper, a lo que Amador respondió: “Es el que se trabaja conjuntamente con ustedes, para ver dónde quieren aplicar esos fondos, de acuerdo a las necesidades que ustedes verifiquen o tengan sensibilidad; lo que se congenia con el vecino”.
A su vez, también en diciembre, el Ministerio de Gobierno de la provincia lanzó la plataforma digital “Yo gobierno”, un espacio virtual donde los vecinos pueden presentar proyectos para el diseño de políticas públicas. Las propuestas pueden vincularse a las áreas de Educación, Salud, Turismo o Medio Ambiente, entre otras.
