El esquema de Participación Público-Privada (PPP) que se aprobó esta semana en el Congreso allanará el camino para que las empresas inviertan en grandes obras de infraestructura, ya que la ley los exime casi por completo de cualquier riesgo y les asegura márgenes de rentabilidad, algo impensado en la actividad corporativa. El Estado actuará de garante de esas cuestiones e incluso aceptará que, de no ser así, las empresas puedan elevar sus quejas a tribunales extranjeros. Estas concesiones fueron defendidas por el oficialismo como un costo necesario para realizar obras públicas con menos recursos estatales, generar puestos de trabajo e impulsar la producción local. Sin embargo, la experiencia en casi todos los países en los que se aplicó un esquema de Asociación Público-Privada (APP o PPP, como se conoce en la Argentina) no tuvieron esos resultados.

Un informe realizado por David Hall, director fundador de la Unidad de Investigación Internacional de Servicios Públicos en la Universidad de Greenwich, analiza este tipo de acuerdos y detalla los principales escándalos que se conocieron en torno al manejo de estos fondos por parte de distintos gobiernos, incluso aquellos que el macrismo utilizó como ejemplos a emular.

  •  Alemania. Un acuerdo con la modalidad APP para la construcción de una nueva sala de conciertos en Hamburgo iba a costar en un principio 114 millones de euros y finalizaría en 2010, pero la empresa constructora privada Hochtief asegura ahora que finalizaría recién en 2017 pero con un coste de 780 millones. También hubo un proyecto de APP de una duración de 15 años para la construcción de 90 escuelas en Offenbach pero el costo pasó de una estimación inicial de 780 millones de euros a 1300 millones.
  •  Brasil. A pesar de que en 2004 se aprobó la ley para las APPs, los primeros contratos comenzaron hace unos tres años y también sus denuncias. Una propuesta de São Paulo para poner en marcha una APP en el sector de la vivienda social fue cancelada por una decisión judicial debido a que las organizaciones de la comunidad quedaban excluidas del plan. Otra fue frenada para la gestión de residuos en el municipio de Ribeirão Preto, São Paulo, debido a múltiples irregularidades. A esto se suma que el gobierno inyectó más de 500 millones de dineros públicos en garantías para estos acuerdos, en su mayoría para la construcción de estadios para el Mundial de Fútbol.
  •  Indonesia. Los planes actuales prevén que el sector privado proporcionará el 51 por ciento de la financiación para invertir en infraestructura. Sin embargo, en los últimos 15 años, a pesar de la fuerte promoción de organismos multilaterales de crédito, la proporción de infraestructura con financiación privada disminuyó a sólo el 10 por ciento. Los contratos firmados en los 90 en agua y electricidad están siendo canceladas por denuncias de corrupción.
  •  Lesoto. En este país de África subsahariana se creó, a partir de una APP, el hospital Queen Mamohato Memorial, que es propiedad de la empresa Netcare. El establecimiento se abrió en 2011, en sustitución de un hospital estatal más grande, y recibió una subvención del Banco Mundial de 6,25 millones de dólares. Durante el primer año de funcionamiento el gobierno tuvo que abonar un subsidio de 32,6 millones de dólares, casi el doble del presupuesto anual del antiguo hospital. La APP sufre escasez de personal debido a que paga a sus empleados sueldos más bajos que los que recibían en el hospital público. Tampoco ofrece tratamiento para la tuberculosis o medicamentos antirretrovirales.
  •  Francia. Una forma de abuso de la APP es utilizar las concesiones de monopolio para cobrar excesivamente a los usuarios. Un estudio en el sector del agua en Francia, donde aproximadamente tres cuartas partes de este servicio es prestado por el sector privado mediante este sistema de acuerdos, reveló que, teniendo en cuenta todos los demás factores, el precio del agua regulado por APPs era un 16,6 por ciento más alto que en los lugares donde lo presta el municipio.
  •  Dinamarca. El alcalde del municipio de Farum, un pequeño pueblo danés, estaba comprometido con el uso radical de acuerdos con privados e incluyó la contratación de los servicios de guardería a la empresa ISS Servisystem. También puso en marcha proyectos para un estadio deportivo y un puerto deportivo, negociados con el mismo grupo financiero. Finalmente, fue denunciado de jugar en el casino con dinero de los contribuyentes. Se descubrió que el alcalde había suscrito los contratos ilegalmente, sin una competencia justa, que había obtenido un préstamo ilegal, y que había utilizado dinero del ayuntamiento para subvencionar su equipo de fútbol. Los vecinos tuvieron que pagar un 3,2 por ciento en impuestos para rectificar la financiación municipal.