A dos meses del asesinato de Lucas González, 14 policías porteños están detenidos y procesados por el homicidio y el posterior encubrimiento del crimen. Gabriel Isassi, Fabián López y José Nieva, los agentes de la brigada que circulaba de civil y sin identificarse, asumieron en indagatoria que dispararon contra el auto en el que viajaba el chico de 17 años y están procesados como coautores de homicidio doblemente agravado. Los otros 11 agentes detenidos, cuatro de ellos comisarios, están procesados por encubrir el crimen y detener ilegalmente a los amigos de Lucas. La Fiscalía aún investiga otras posibles responsabilidades y este lunes los padres de los amigos de Lucas identificaron en rueda de reconocimiento a la abogada del Departamento de Asesoría Legal Policial que aseguran que estuvo en momentos posteriores al crimen en el lugar en que se concretó el encubrimiento.
Dos meses pasaron desde que Lucas salió por última vez del predio donde entrenaba con las inferiores de Barracas Central. Pasadas las 9 de la mañana del 17 de noviembre, después de parar a comprar un jugo, el Suran que manejaba su amigo Julián, con Joaquín y Niven en el asiento trasero, fue interceptado en Iriarte y Luzuriaga por la brigada de Isassi, López y Nieva, a bordo de un Nissan Tiida sin identificación que ese día partió de la Comisaría 4D. Los chicos pensaron que les estaban robando y aceleraron. Los policías dispararon. Una bala le reventó la cabeza a Lucas, otra le rozó el pómulo. El chico murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
Los tres policías asumieron en sus indagatorias que apretaron el gatillo. Eso, sumado a los peritajes balísticos, a los dermotest y a las declaraciones de otros testigos claves, los ubica como coautores del crimen. Para el fiscal Leonel Gómez Barbella y el juez Martín del Viso los tres dispararon y quisieron matar, más allá de que los peritajes no hayan podido determinar de qué arma salió la bala asesina. El juez los procesó por el delito de homicidio agravado por alevosía y por ser miembros de fuerzas policiales en concurso ideal con la tentativa de homicidio de los tres amigos. Con esa carátula, Isassi, López y Nieva enfrentarían la pena de prisión perpetua en el futuro juicio.
También están procesados por la "privación ilegal de la libertad" de los chicos detenidos tras la balacera y "falsedad ideológica". Los tres instalaron la versión del enfrentamiento, versión que sostuvieron y reprodujeron los detenidos por el encubrimiento. Después de escapar de la brigada, Julián manejó con Lucas baleado sobre su hombro. En Alvarado y Perdriel se toparon con las oficiales Lorena Miño y Micaela Fariña. Niven huyó y Julián y Joaquín pidieron ayuda a las agentes, pero fueron esposados y pasaron la noche detenidos. De los 16 policías detenidos inicialmente, Miño y Fariña son las únicas que fueron liberadas. La Sala IV de la Cámara de Apelaciones dictó la falta de mérito al señalar que actuaron creyendo la versión del enfrentamiento, lo que no implica que estén fuera de la causa: la Justicia las sigue investigando.
Entre los otros detenidos y procesados hay cuatro comisarios. El de mayor rango es Daniel Santana, de la Comisaría Comunal N°4, a cargo de todas las dependencias y de la División de Brigadas de esa comuna. Fue detenido cuando los peritajes telefónicos revelaran una conversación entre el comisario Rodolfo Ozan, de la Vecinal 4A, y el comisario Fabián du Santos, de la 4D, en la que Ozan habla de llamar a Santana para "emprolijar". Ozan fue el primer comisario en llegar al lugar, pese a no tener jurisdicción en los hechos. "¿Por qué no llamas al 'Perro' y le decís que venga para emprolijar esta cagada?", pregunta además Ozan en esa llamada. El Perro es Juan Romero, el otro de los cuatro comisarios detenidos, responsable de la brigada.
También Ozan menciona a Roberto Inca. "Le dije a Inca que está como subcomisario que vaya y busquen lo que tengan que buscar para justificar esto", dice Ozan sobre el subcomisario de la División de Brigadas. Al otro subcomisario, Ramón Chocobar, de la 4D, la Sala IV le confirmó la prisión preventiva con un detalle extra: la resolución destaca que tiene una causa por hacer "un acta de levantamiento de clausura apócrifa" para habilitar un inmueble "donde se investiga el delito de trata de personas". Los otros procesados por el encubrimiento son el inspector Héctor Cuevas y los oficiales Sebastián Baidon, Ángel Arévalos, Daniel Espinoza y Jonathan Martínez. Todos ya tienen la prisión preventiva confirmada, excepto Santana y Ozan, los últimos en ser detenidos, en cuyos casos la Cámara aún no resolvió las apelaciones.
Sin descartar ninguna hipótesis sobre la cadena de responsabilidades, la Fiscalía aún trabaja en recolectar prueba para establecer si hay más funcionarios comprometidos de la Policía porteña y dependientes del Ministerio de Seguridad. Este lunes, los padres de Julián y Joaquín, que llegaron a Alvarado y Perdriel tras los hechos y encontraron a sus hijos esposados, identificaron en rueda de reconocimiento a la abogada Verónica Andraca, de la División Asuntos Internos y Contenciosos del Departamento de Asesoría Legal Policial. Como ya lo habían hecho en sus testimoniales, los dos dijeron que la mujer iba y venía en torno al Suran de los chicos.
Semanas atrás el fiscal ya había pedido la detención y la indagatoria de Andraca, al señalar que su participación, que el Ministerio asegura que es "protocolar", solo pudo ocurrir en función de contribuir al encubrimiento. En esa ocasión el juez Del Viso rechazó el pedido al considerar que no había elementos que indicaran su participación. En su indagatoria, Baidon declaró que él mismo llevó a la abogada a entrevistarse con Isassi, López y Nieva en momentos posteriores al crimen.
