La Mesa del Agua provincial, coordinada por el Ente Regulador de Servicios Públicos (Enresp), dio continuidad al relevamiento integral del estado y situación del servicio de agua y saneamiento en diferentes puntos de Salta. Esta vez, mantuvo un encuentro con representantes del departamento General Güemes. 

Sus representantes pidieron que finalice la planta potabilizadora de Campo Santo, obra que -según los legisladores- ya podría haber dado una solución a la problemática en el departamento. También se reiteró el pedido de estatización de la empresa prestataria del servicio, Aguas del Norte, en medio de la crisis hídrica que se intensificó en la provincia en las últimas semanas. 

El diputado oficialista Germán Rallé aseguró que la problemática por la falta de acceso al agua potable viene creciendo "fuertemente" en el departamento, situación que se agravó en 2019, cuando se paralizó la construcción de la nueva planta potabilizadora que iba a beneficiar a cerca de 40 mil habitantes de las tres localidades que componen el departamento: Campo Santo, El Bordo y General Güemes.

La construcción de esta planta, en el predio de la actual planta de Campo Santo, comenzó a través del Plan Hábitat, con una inversión aproximada a los 75 millones, y se estimaba que iba a tener  una producción de 800 mil litros de agua por hora. Los trabajos también comprendían la ejecución de una toma en las márgenes del río Mojotoro, un sistema de desarenado, el acueducto de aducción de 4 kilómetros de longitud, el sistema de doble filtración y los correspondientes sistemas de desinfección.

Sin embargo, Rallé dijo que por razones de incumplimiento de la empresa constructura, Incovi SRL, la obra se detuvo. Contó que desde 2014 venían manifestando la necesidad de una ampliación de la planta, pero "después de casi 7 años, su ausencia demuestra que se agravó considerablemente la situación". 

En el mismo tenor habló el senador güemesiano Carlos Rosso, quien expresó que si la obra se hubiera concluido en los plazos previstos, "hoy no tendríamos estos problemas". Por eso en el encuentro de la Mesa del Agua, se pidió que el Ejecutivo provincial contemple, como solución estructural del servicio en el departamento, la finalización de la planta potabilizadora de Campo Santo. "Pedimos que se concluya como debe ser", manifestó Rosso.

Incovi SRL enfrenta una causa judicial precisamente por la obra en Campo Santo, dado que intervino la Fiscalía de Estado y a fines del año pasado se rescindió el contrato con el Ministerio de Infraestructura de la provincia. 

Por otro lado, a mediados de octubre del2019, la jueza de Concursos, Quiebras y Sociedades de Segunda Nominación, Victoria Ambrosini, dispuso la apertura del concurso preventivo de Incovi SRL. La empresa constructora tiene como socios únicos a Adolfo Mimessi y Martín Mimessi. La apertura del concurso preventivo fue bajo la forma de agrupamiento junto con las sociedades Maquinarias y Servicios del Norte SA, Mía Industrial SRL, Mía Motors SRL y Maisa SA.

Ayer, con la esperanza de que la obra se concrete, los legisladores dijeron que se deben acelerar los mecanismos para llevar soluciones inmediatas ante el desabastecimiento de agua en algunas zonas del departamento, dado que la ausencia del servicio se volvió a sentir durante este fin de semana. Por ello, se acordó que se coordine con la Secretaría de Interior, los intendentes y la prestataria, la ayuda extraordinaria para la provisión alternativa de agua con camiones cisterna.

General Güemes tiene un población estimada de 70 mil habitantes, donde funciona la vieja planta potabilizadora, que sólo estaba proyectada para distribuir a un poco más de 20 mil habitantes. "Estamos por debajo de la capacidad para proveer líquido", reclamó Rallé, explicando que eso lleva a que se planifiquen inversiones más pequeñas como los pozos de agua. Por el momento ya se realizaron dos nuevos pozos y restan otros dos. 

Por esa razón, desde Güemes se pidió firmar convenios con el Ente Regulador para que los ediles puedan iniciar trámites o agilizar actuaciones administrativas vinculadas con la problemática del agua y el saneamiento. El presidente del Enresp, Carlos Saravia, estuvo de acuerdo y hoy los presidentes de los concejos deliberantes de Campo Santo, El Bordo y Güemes viajarán a la Capital para firmar esos acuerdos.

La crisis hídrica en Salta se intensificó desde la celebración de las fiestas de fin de año, y se masificó en varios departamentos, como Capital, San Martín, Orán, Metán y Rosario de la Frontera. Esas zonas fueron consideradas críticas y allí ya se mantuvieron reuniones bajo el ala de Mesa del Agua. 

Precisamente, la semana pasada, el presidente de Aguas del Norte, Luis María García Salado, contó que en octubre del año pasado y junto al gobernador Gustavo Sáenz, se pensó el Plan de Emergencia Hídrica, teniendo en cuenta los datos de los últimos 5 años sobre la situación climática que afrontaría la provincia.

De ese plan se calculó que, ante la posible emergencia hídrica, sería necesario usar 35 camiones aguateros en toda la provincia, como una "solución inmediata, más otro tipo de inversiones", anunciadas desde Infraestructura. Sin embargo, luego advirtieron que requerirían más camiones, y optaron por contratar 50.

Pero con esta ampliación "la realidad (los) superó", dijo García Salado, y contrataron al final 67 camiones cisterna, con un costo de $22 millones mensuales. Las contrataciones se hacen con fondos propios de la empresa y del gobierno de la provincia.

En tanto, la provincia anunció la semana pasada que proyecta 135 obras para mejorar la provisión de agua, con una inversión de $4.448 millones. El 70% de esas obras deberán estar en ejecución en los próximos 60 días.

Por la estatización 

Tanto Rallé como Rosso firmaron el proyecto de Ley que pide la creación de la Secretaría de Estado de Gestión Integral del Agua, con dependencia jerárquica y funcional del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Además de ambos legisladores, la iniciativa cuenta con las firmas de Gladys Paredes, de San Martín; Alejandra Navarro, de Anta; Daniel Segura, de General Güemes.

La Secretaría de Gestión del Agua tendría la facultad de planear, gestionar, regular, validar, supervisar, construir y coordinar los servicios de agua potable; más el alcantarillado, saneamiento y reuso de líquidos residuales. En ese sentido, el nuevo organismo propuesto actuaría como órgano rector y operador, además, representaría al Estado provincial en los convenios que se gestionen entre el Estado nacional y los municipios.

Entre los fundamentos del proyecto, se aseguró que el sistema de administración actual de los recursos hídricos de la provincia es deficitario. Por lo que se busca que se avance en una mejora de la administración y planificación para "hacer frente a los retos presentes y futuros a los que se enfrenta la gestión del agua". 

Para Rallé, es una injusticia que Aguas del Norte siga manejando la distribución del acceso al agua y saneamiento en la provincia, pues "es una empresa que sólo recauda, y no invierte". La firma fue constituida en 2009, por el decreto provincial 2.195, que creó la Compañía de Agua y Saneamiento (Cosaysa), una sociedad anónima en la que el estado provincial tiene el 90% de sus acciones.

"Está en nuestros planes que el agua vuelva a ser estatal", precisó Rallé al considerar que si las principales fuentes de inversión para la infraestructura de agua y saneamiento son Nación y Provincia, no habría motivo para que la empresa continúe en la administración. Es más, sostuvo que eso posibilita que se acaben los cargos administrativos, que haya un ahorro y que esa plata vaya para mejorar el servicio. 

El diputado no desconoció la desinversión que se vio en la provincia desde la década de los 90, pero cuestionó que cuando se creó Aguas del Norte, "era para que se resuelva la situación, pero vimos que sólo se cambiaron de nombre y la problemática sigue existiendo", expresó. "Hay que animarse a cambiar y la verdad que no creo que empeore (la situación), más de lo que está", agregó.

Mientras que Rosso recordó que la empresa suele excusarse en la falta de recursos para hacer inversiones de gran envergadura, a pesar de que en el contrato está ese ítem. Dijo que si se mira la factura del servicio y lo que se está llevando adelante en relación a la mejora, "no lo estamos viendo reflejado". Por eso, apeló a que las medidas de emergencia puedan concretarse lo más antes posible.