Una mujer salvadoreña, condenada a 30 años de prisión por haber abortado, fue liberada este martes luego de haber pasado 9 años tras las rejas. El Salvador es uno de los países que restringe totalmente la interrupción del embarazo, incluso en los casos que corre riesgo la salud de la madre. Es la cuarta mujer que logra dejar la prisión en los últimos meses gracias a las campañas y la organización del movimiento de mujeres que pide libertad para todas aquellas encarceladas por emergencias obstétricas.
"Kenia retorna hoy a su familia luego de pasar nueve años en la cárcel", celebró la Agrupación Ciudadana para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE), quienes informaron que la joven recibió de un juez el beneficio de la "libertad anticipada" solicitada a su favor.
Desde la agrupación que acompañaron el pedido de libertad de Kenia contaron que cuando la joven tenía 17 años y cursaba su primer año de bachillerato cuando fue "agredida sexualmente" y que producto de esa agresión quedó embarazada. “A los 18 años sufrió una emergencia obstétrica", en un granero, a un costado de la casa en que vivía con su padre.
"Al encontrarla desangrada (el padre) llamó al número de emergencia para pedir ayuda. En lugar de ayudar a Kenia durante su emergencia médica, la policía salvadoreña la arrestó y la acusó de homicidio agravado por lo que fue condenada a 30 años de prisión", explicaron.
Antecedentes
El 23 de diciembre fueron liberadas Karen, Kathy y Evelyn, otras tres mujeres salvadoreñas que cumplían penas de prisión acusadas de homicidio agravado tras sufrir distintas emergencias obstétricas que derivaron en abortos espontáneos.
"Celebramos que Kenia sea liberada después de estar nueve años en la cárcel. Vamos a seguir insistiendo con todos los recursos legales que hay en el país y con recursos internacionales para liberar a todas", declaró la directora de ACDATEE, Morena Herrera.
El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta ocho años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los espontáneos, como "homicidio agravado", penado hasta con 50 años de prisión.
