Desde Londres

Agarrándose con las uñas a 10 Downing Street, Boris Johnson puso a la BBC en la mira en un intento de salvarse del escándalo del “Partygate”. Una de sus principales aliadas en el gabinete, la ministra de cultura, Nadine Dorries, anunció esta semana que se congelará por dos años la licencia anual que tienen que pagar los británicos para sus servicios de televisión y Iplayer. Dorries remató la faena agregando que en 2027 se eliminará el actual mecanismo de financiamiento de la BBC al que calificó de “anticuado”.

En peligro está el admirado modelo de la emisora pública que le ha permitido mantener una británica independencia de los gobiernos de turno. Hay dos grandes modelos alternativos en danza. En uno, el presupuesto de la BBC saldría del presupuesto general con lo que su independencia se vería comprometida. En el segundo, se privatizaría el servicio de manera parcial o total. Como complemento de uno o de otro, difícilmente como modelo autosuficiente, la BBC se financiaría con la suscripción de los usuarios.

Apelación a las bases

Este cambio es popular entre los medios de prensa pro-conservadores (la inmensa mayoría de la prensa escrita, radial y televisiva), entre los activistas y entre una buena parte de los diputados "tories": todos vienen pregonando por una privatización parcial o total de la BBC. Para un gobierno debilitado por el “partygate”, es una de las medidas centrales para garantizarse el apoyo de estos sectores muy críticos por el escándalo.

De cara a la opinión pública, el gobierno apeló al argumento económico en tiempos de pandemia. En la actualidad cada británico paga una licencia anual de 159 libras para acceder a los servicios de TV y Iplayer de la BBC.“En momentos de dificultades económicas como los que vivimos es lo correcto que la BBC encuentre vías autónomas de financiamiento”, dijo Dorries.

Como era de esperar la ministra de cultura soslayó todo trasfondo político como razón del anuncio. En la oposición se lo recordaron. “Los conservadores están decididos a destruir esta gran institución británica porque no les gusta el periodismo que hacen”, dijo la ministro de cultura en la sombra por el laborismo, Lucy Powell.

El ala más extrema del Partido considera a la BBC, que tuvo sus altercados con Margaret Thatcher durante la guerra de Malvinas, como el “enemigo”. El fin de semana un diputado conservador no dudó en decir que la BBC estaba aprovechando el “partygate” para asestar un golpe mediático contra Boris Johnson. “Hoy el boletín de noticias de la BBC comenzó con una noticia fabricada. Esta creación continua de noticias es un intento de golpe contra Boris Johnson”, twitió Michael Fabricant.

La realidad es que la BBC y el NHS, el Servicio Nacional de Salud, son dos anomalías en el Reino Unido que forjó en los 80 a su imagen y semejanza Margaret Thatcher, líder totémica de esta poderosa ala intransigente de los Tories. En una sociedad que desmanteló casi por completo su sector público son el mayor escándalo posible: dos servicios con financiamiento estatal o público e importantes márgenes de independencia del poder económico y del poder político conservador, que muchas veces son exactamente lo mismo.

En la BBC lamentaron el anuncio de los recortes y señalaron que se perderían miles de trabajos. “Es una pena porque habrá que hacer recortes en la programación. Esto no solo será perjudicial para los usuarios directos que pagan la licencia anual sino para la industria cultural que necesita a la BBC”, señaló la BBC en un comunicado de prensa.

Mucho depende del Partygate

Dorries dio el puntapié inicial para la nueva BBC. El congelamiento de la licencia anual en los próximos dos años es inamovible, pero el nuevo modelo será parte de una larga negociación en la que participarán fuerzas que el gobierno no controla por completo como el parlamento y la opinión pública (en su mayoría favorable a la BBC).

En el camino Johnson necesita sobrevivir al escándalo. El "Partygate" comenzó a fines de noviembre por las fiestas y reuniones sociales en 10 Downing Street en tiempos de confinamiento. Al principio se hablaba de un par de reuniones: hoy la investigación que conduce la funcionaria de carrera Sue Gray está lidiando con por lo menos 13 "fiestas".

Central es si Boris Johnson autorizó estas reuniones. Un poco más a la sombra esta la discusión más bizantina de si eran eventos sociales o una continuación de la rutina laboral sazonada con vino, gin and tonic y canapés. El miércoles pasado Johnson se disculpó ante la Cámara de los Comunes diciendo que los 40 invitados por mail al jardín de 10 Downing Street, con los que departió durante 25 minutos, estaban en una "reunión de trabajo”.

La justificación era inverosímil, no la creyeron ni los mismos conservadores con excepción de algunos ministros, pero será fundamental lo que diga Sue Gray. La funcionaria debería expedirse en las próximas dos semanas si es que no saltan más fiestas o detalles que extiendan la investigación. Si concluye que el primer ministro sabía, los días de Johnson al frente del ejecutivo podrían estar contados.

En sus comparecencias parlamentarias previas al pedido de disculpas de la semana pasada, el primer ministro dijo que no sabía nada de estas fiestas. Según el código parlamentario, un ministro que miente o engaña al parlamento debe renunciar a su puesto.

Es posible que Johnson le encuentre la vuelta al protocolo y haga rodar otras cabezas para salvar la suya, pero el gran problema que tiene está en su frente interno. Hay un fuerte número de diputados conservadores que están buscando su renuncia porque temen el impacto que está teniendo el Partygate en el electorado. Si atraviesa el veredicto de Gray, Johnson tendrá que enfrentar el de las elecciones locales en mayo: una derrota calamitosa podría ser su sentencia.

Habrá que ver si llega tan lejos. Basta la voluntad de 54 diputados que cuestionen su liderazgo según las reglas internas de los conservadores para que haya una elección interna del partido. Si en esta elección la mitad más uno de los diputados vota en contra de Johnson, su renuncia será un hecho.