Un asesor del presidente de Brasil, Michel Temer, fue detenido ayer junto con dos ex gobernadores de Brasilia por cargos de corrupción en torno a la reforma del estadio de fútbol Mané Garrincha de esa ciudad, realizada para el Mundial del 2014. A su vez, el oficialismo brasileño logró bloquear los trabajos de una comisión de la Cámara de Diputados que debe tratar una enmienda constitucional destinada a convocar a elecciones generales anticipadas.
El asesor presidencial Tadeu Filipelli y los ex gobernadores José Roberto Arruda y Agnelo Queiroz, entre otras personas, fueron arrestados por acusaciones de que participaron en una trama de desvío de recursos que infló el costo de las obras del Mané Garrincha a un monto casi tres veces superior. Según la investigación, el sobrecosto de la reforma realizada entre el 2010 y el 2013 fue de unos 900 millones de reales (275 millones de dólares). Con un costo final de más de 1.500 millones de reales, el Mané
Garrincha fue la arena más cara del Mundial del 2014. El gasto previsto inicialmente era de unos 600 millones de reales. “La hipótesis investigada por la Policía Federal es que agentes públicos, con intermediación de pagadores de sobornos, se coludieron y simularon procedimientos previstos en la convocatoria de licitación”, señaló un comunicado de las autoridades.
En total, la Policía ejecutó 15 órdenes de prisión, diez de aprehensión temporal y tres de comparecencia forzosa ante la Justicia. Al menos la mitad de los 12 estadios construidos o remodelados para Brasil 2014 están bajo sospecha de corrupción, según informaciones difundidas en abril. Las investigaciones pedidas por la fiscalía están vinculadas con el escándalo en torno a la empresa Odebrecht.
La compañía, la constructora más grande de América Latina, admitió en diciembre haber sobornado a las autoridades de 12 países, diez de ellos de la región, para obtener contratos públicos. Los sobrecostos de los sobornos eran compensados con un posterior encarecimiento de las obras. La trama de Odebrecht está relacionada con el caso “Lava Jato” en Brasil, una megacausa que investiga a decenas de políticos por una trama corrupta que empezó en la petrolera estatal Petrobras. El propio Temer está implicado en el caso. Una denuncia que lo acusa de obstrucción a la Justicia y de dar su aval al pago de sobornos puso a su gobierno contra las cuerdas desde la semana pasada. El mandatario, que sustituyó hace apenas un año a la después destituida ex presidenta Dilma Rousseff, afronta varios pedidos de “impeachment” por el escándalo.
Por otro lado, la corte suprema brasileña despojó ayer al diputado Paulo Maluf, aliado del presidente Temer, de su mandato legislativo y lo condenó a casi ocho años de prisión por lavado de dinero. “El Supremo Tribunal Federal condenó al diputado federal Paulo Maluf, por el crimen de lavado de dinero, a siete años, nueve meses y diez días de reclusión en régimen inicial cerrado”, informó la corte en un comunicado. En un nuevo capítulo de la saga de corrupción que golpea al país, la corte le prohibió además ejercer cargos públicos. Según expertos judiciales, Maluf, de 85 años, podría cumplir la sentencia en prisión domiciliaria. El ahora ex diputado fue acusado por la fiscalía de blanquear dinero desviado de obras públicas y enviarlo al extranjero a través de operadores del mercado ilegal de cambio.
El caso contra Maluf, del Partido Progresista (PP, derecha), remite a un esquema de sobornos iniciado en los años 90 en San Pablo, donde fue gobernador. El juez Luiz Edson Fachin determinó que parte de los delitos de lavado cometidos entre 1998 y 2006 no habían prescripto y votó en favor de condenarlo.
A su vez, el oficialismo brasileño logró bloquear los trabajos de una comisión de la Cámara de Diputados que debe tratar una enmienda constitucional destinada a convocar a elecciones generales anticipadas. Mientras que, la oposición, en medio de empujones entre senadores, logró suspender en la cámara alta la lectura del informe de la reforma laboral, una de las apuestas de Temer y del ministro de Economía, Henrique Meirelles, que ya tiene media sanción.
La discusión en la Comisión de Constitución y Justicia fue postergada para hoy luego de que los oficialistas impidieran a la oposición imponerse para poner en la agenda la Propuesta de Enmienda Constititucional para modificar el calendario electoral. En la primera sesión desde que estalló el escándalo de las grabaciones, los aliados que sustentan a Temer dieron señales de que apuestan por las elecciones indirectas, es decir, que el Congreso elija un eventual nuevo jefe del Estado hasta 2018.
La enmienda constitucional busca cambiar el proceso de sucesión vigente en la Constitución: si Temer renuncia o es destituido, como está en la segunda mitad del mandato, la solución es una elección indirecta hecha por el Congreso. Las fuerzas de la base de Temer, como el Partido del Movimiento de la Democracia del Brasil, el Partido de la Social Democracia Brasileña y Demócratas se oponen a las elecciones directas.
