La subsecretaria en Gestión de Salud de la Provincia, Silvia Cardozo, encargada de investigar mediante un proceso administrativo la muerte de la adolescente wichí Aldana Quico, de 18 años, en el Hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, sostuvo que hubo una negligencia de una parte del equipo sanitario interviniente y adelantó que habrá sanciones.
La familia de la fallecida radicó una denuncia penal contra el tocoginecólogo Patricio Parra Marin, porque a pesar de que la chica había ingresado al Hospital con el feto muerto, no le practicó una cesárea y pretendía que espere para tener “un parto normal”. Ni siquiera le practicaron una cirugía para retirar el feto después del deceso de la madre.
Este médico ya viene siendo denunciado por incumplimiento de sus deberes desde 2020, cuando fue acusado de negarle asistencia médica a una adolescente qom (toba) que se desangraba, con lo que incurrió en violencia obstétrica.
Tras la denuncia pública y ahora penal que realizó la familia de Quico, manifestando que hubo "mala praxis, abandono de persona y/o torturas, violencia obstétrica y discriminación cultural", la secretaria de Gestión de Salud contó en declaraciones al canal Videotar Noticias, de Tartagal, que se inició un proceso administrativo, y afirmó que hubo "una negligencia absoluta y una omisión de todos los deberes y obligaciones" que tenía el equipo sanitario interviniente en la atención a la joven embarazada.
"No estamos hablando de todo el equipo. Estamos hablando de una parte del equipo, inclusive de una de las más importantes que es el médico", sostuvo Cardozo. La funcionaria aseguró que "más allá de la investigación y del análisis que se hizo con cada interviniente del equipo de salud que estuvo ese día, además de todas las medidas administrativas que empezaron desde ayer (lunes), en el proceso van a ser sancionados, van a ser sumariados".
Y agregó que en "esta gestión no duermen sumarios", aunque aclaró que el proceso adminsitrativo debe ser "cuidadoso" porque si no, “después terminamos nosotros denunciados”.
En enero de 2020 Parra Marin fue denunciado por la madre de una adolescente toba de 18 años a la que le negó asistencia cuando se desangraba, porque creía que se había practicado un aborto cuando no estaba siquiera embarazada y tenía otro problema de salud. De forma similar a lo sucedido con Quico, aquella vez el médico demoró la asistencia y puso en riesgo la vida la adolescente. Como una crónica anunciada, en 2020 la madre de aquella chica había pedido "que lo saquen" del Hospital porque ya había puesto en peligro la vida de su hija y consideraba que podía seguirlo haciendo con otrxs pacientes, también las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres reclamaban que se tomaran medidas para evitar que el profesional siguiera incurriendo en este tipo de acciones, como el abandono de persona y la violencia obstétrica y de género, además de la discriminación cultural por la que incluso fue denunciado en el INADI.
Quico no resistió las 12 horas que esperó al médico para que la asistiera. Parra Marin no le practicó una cesárea a pesar de que el feto había fallecido, y después de la muerte de la adolescente, tampoco se le extrajo el feto. La subgerenta del Hospital, Lorena Torres, había explicado a Salta/12 que en la historia clínica el personal de salud consignó que la adolescente tenía hipertensión arterial. Si esta hubiera sido la excusa del médico para no intervenirla quirúrgicamente, tampoco se entiende por qué no le retiró el feto una vez que la chica falleció. El cuerpo de la adolescente fue entregado con su bebé adentro y así fue enterrado.
"Cualquiera tiene derecho a defenderse y a hacer un descargo. Todos tenemos derecho a un proceso administrativo", dijo ayer Cardozo, no obstante, insistió en que hubo impericia.
Quico se hacía los controles prenatales, según precisó ayer la secretaria de Gestión Pública, se había realizado cinco controles. La adolescente residía en la comunidad La Puntana, en el municipio de Santa Victoria Este, pero ya en la última etapa de su embarazo había ido a vivir en la comunidad Kilómetro 6, cerca de Tartagal, donde su madre, Enriqueta Díaz, tiene una vivienda, precisamente para hacerse los controles médicos.
Cardozo relató que fue hasta La Puntana, donde Quico "hacía tiempo que no estaba". "Tenía todos los controles pertinentes; de hecho, cuando ella ya tenía su feto muerto es trasladada y derivada por el médico al Hospital", donde "entra a las 11 de la mañana y comienza la inducción del parto, no se hacen diligentemente las actuaciones para inducir la extracción del feto muerto y hace un paro a las 2 de la mañana", afirmó. Además, señaló que no recibieron correctamente los informes de laboratorio, y que hubo una omisión también en esto por parte del personal.
Otra vez la cuestión cultural
Por otro lado, la subsecretaria de Gestión de Salud de la provincia agregó que regresará hoy a La Puntana, donde también vio problemáticas de la comunidad vinculadas a la covid-19.
Dijo que las personas de la comunidad indígena “no se quieren vacunar, no quieren ser trasladados" a centros de salud. Como ejemplo, contó que ella misma revisó a "una paciente que era clínicamente un covid, estaba con falta de aire y no se quería trasladar". Añadió que "Los niños salen con test positivos cuando son trasladados. Yo trasladé en la camioneta en la que iba a una mamá con una niña deshidratada con problemas respiratorios, y el abuelo se negaba porque quería curarla con productos, hierbas naturales", declaró.
A pesar de esta afirmación, Cardozo dijo que la cultura originaria es algo que desde la cartera de Salud deben tener en cuenta y saber llegar estratégicamente. Además, como limitantes para el acceso a la salud, señaló los caminos en mal estado que ante una lluvia dejan a las comunidades aisladas, y la falta de agua potable, lo que provoca diarreas y deshidrataciones. "Ahora, la demanda hacia el hospital, hacia el centro o hacia el puesto, es baja porque ellos esperan hasta último momento", no es lo ocurre en general, pero "sí la mayoría de las veces", dijo.
Como respuesta de su dependencia, aseguró que establecerán que "el equipo (de salud) tiene que estar en terreno constantemente".
