Las imágenes se borraban. El familiar desaparecido abandonaba los chats que compartía con los suyos. Todo era extrañeza y conmoción para los parientes de los 44 tripulantes del ARA San Juan al detectar movimientos extraños en sus teléfonos celulares cuando el buque de la Armada Argentina ya llevaba varias semanas hundido. Los episodios, denunciados durante el gobierno de Cambiemos, adquirieron nueva relevancia después de la investigación que llevó adelante el juez federal Martín Bava y que terminó con Mauricio Macri procesado por el espionaje sobre los familiares de los submarinistas. Pero, sobre todo, lo que denuncian como una alteración en sus teléfonos caló hondo en las familias, que este miércoles le preguntaron a la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, si el organismo tiene capacidad para determinar si se borró información intencionalmente desde los móviles.

Mucho antes de que se probara que la AFI los había seguido, los parientes de los submarinistas tenían una sensación: el gobierno de Macri estaba siempre un paso adelantado. Algunos sentían que sus teléfonos se recalentaban; otros pensaban que los estaban escuchando. La preocupación fue mayor cuando vieron que se borraron mensajes de los suyos, sus fotos e incluso se quedaron sin la posibilidad de seguir llamando al contestador con la intención de escuchar, al menos, la voz que extrañaban.

Los familiares –en su mayoría mujeres– le hicieron saber al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, acerca de la actividad inusual que se estaba reportando en sus teléfonos cuando él compareció ante la bicameral que investigaba lo ocurrido con el ARA San Juan. Aguad les dijo que denunciaría la situación. Y así lo hizo, al igual que la abogada querellante Valeria Carreras.

Sin embargo, hasta hace unas pocas semanas, las familias nunca habían tenido una versión del gobierno de Macri acerca de lo que podría haber pasado con los teléfonos. La teoría la ofreció el 10 de noviembre pasado Aguad, al declarar como testigo ante el juez Bava en la causa de espionaje que tenía a Macri como principal acusado.

Aguad contó que, después de que las familias le relataran los borrados en sus teléfonos, él le consultó qué podría haber pasado al exjefe de la Armada José Luis Villán.

– Doctor, ¿sabe qué es lo que pasa con los celulares? Dimos de baja todos los celulares de los tripulantes. Es muy probable que esa sea la causa por la que desaparecen las imágenes.

Según el exministro de Defensa de Macri, la Armada dio de baja en marzo de 2018 los teléfonos porque pertenecían a la flota de la fuerza. Los familiares lo niegan y dicen que eran teléfonos particulares. La abogada querellante Valeria Carreras incluso llegó a sugerir que los eventos extraños sucedieron después de que las familias fueron el 6 de febrero de 2018 a la Casa Rosada a ver a Macri, pero debieron dejar sus teléfonos antes de ingresar a la reunión. Por el contrario, Aguad le restó importancia y sostuvo que era una práctica habitual para todos los visitantes al entonces presidente –incluso para los ministros–.

Carreras fue este mediodía a reunirse con Caamaño en la sede de la AFI para consultar si hay forma de determinar cómo se borraron los teléfonos. 

La intención última de los familiares es recuperar las fotos o los mensajes que se evaporaron en 2018. Un experto que asesora a la abogada le dijo que era posible. Aún no se sabe cuál será la respuesta del organismo. Lo más probable es que la inquietud tenga que canalizarse judicialmente. Después del encuentro, Carreras le dijo a este diario que hará una presentación en la causa de Caleta Olivia en la que se investigan estas irregularidades.

La situación con los teléfonos ya había sido un punto de conversación en la reunión que Caamaño mantuvo el 14 de octubre con las mujeres –madres, parejas y hermanas– que Carreras patrocina. El encuentro –concretado por Zoom– se había dado mientras estaba en pleno trámite en el Juzgado Federal de Dolores la causa por el espionaje a los familiares.

Caamaño fue quien denunció en septiembre de 2020 que la AFI, desde su delegación Mar del Plata, había seguido a las familias para anticiparle a Macri cuáles serían sus reclamos. El juez Bava procesó por estos hechos al expresidente, al exdirector general de la AFI Gustavo Arribas, a la subdirectora Silvia Majdalani, a los exdirectores operacionales de Contrainteligencia Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, al exdirector de Reunión Interior Eduardo Winkler, al exjefe de la base Mar del Plata Nicolás Iuspa Benítez y a cinco agentes que reportaban en esa repartición.

Al momento de dictar los procesamientos, Bava sostuvo que la denuncia por los teléfonos alterados –presentada por Aguad durante el gobierno de Macri– era una evidencia de que la administración Cambiemos estaba al tanto de que los familiares estaban siendo víctimas de vigilancia. Como no se tomaron medidas desde la AFI, esa inactividad era señal, para el juez, de que había un plan para espiarlos.

En unos pocos días, cuando se termine la feria de enero, Macri volverá a la carga con sus objetivos que incluyen sacarse de encima al juez, llevar la causa a la tierra prometida de Comodoro Py o conseguir una nulidad.