En medio de la difusión de distintos hechos que exhiben, otra vez, la vulneración histórica de derechos que sufren las poblaciones indígenas del norte salteño, un juez de la capital provincial le ordenó ayer al gobierno de Salta mejorar el acceso a la salud de niños y niñas indígenas. Por otra parte, la Asesoría de Incapaces N° 2 de Tartagal le requirió que informe de manera perentoria el avance del plan de acción presentado por el gobierno en septiembre del año pasado, y avalado por la Justicia en diciembre, con el objetivo de restituir derechos a las infancias originarias de la localidad de Santa Victoria Este, en el extremo noreste de la provincia. 

Del otro lado, el gobierno anunció que proyecta crear una Unidad Coordinadora interministerial que "recepcione, articule, derive y ejecute con los organismos correspondientes la atención que requieran comunidades del norte provincial ante diferentes tipos de emergencias". 

En el territorio, estos días han sido profusos en malas noticias en el norte salteño: el 13 de enero falleció Aldana Quico después de esperar 12 horas por atención en el Hospital Juan Domingo Perón de la ciudad de Tartagal; el 15 de enero se supo del femicidio de Pamela Julia Flores, de 12 años de edad, y entre el martes y el miércoles último fallecieron dos bebés. Desde las comunidades llegó el aviso de la muerte de otro niñito indígena y de tres que estarían internados en grave estado. En todos los casos se señalan causas vinculadas a la desnutrición como el origen de sus males. Hasta anoche ninguna instancia del gobierno accedió a hablar de estas versiones. 

En una resolución que se conoció ayer, el juez Eduardo Barrionuevo, vocal del Tribunal de Impugnación, ordenó al gobierno de Salta que garantice albergues para las personas, y sus parientes, que deban ser trasladadas por razones de salud a la ciudad de Salta y a otros centros urbanos de los departamentos Orán, San Martín y Rivadavia, comprendidos en la declaración de la emergencia socio sanitaria. Los traslados representan un gran contratiempo para les habitantes del Chaco salteño, a más de 300 kilómetros de la ciudad capital, y con grandes extensiones sin medios de transporte público ni caminos en buen estado; además de la lejanía con sus familiares y sus lugares, deben afrontar gastos extraordinarios para les acompañantes de la persona enferma, y luego deben afrontar los gastos del regreso. 

El juez también ordenó designar facilitadores interculturales en los hospitales de San Martín, Rivadavia y Orán, algo que ya existe en el Hospital de Tartagal (donde hay 13), uno de los señalados por violaciones de derechos a mujeres indígenas. También los hospitales de la capital provincial deberán contar con facilitadores interculturales. 

La decisión de Barrionuevo se tomó al admitir una medida cautelar solicitada por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ, integrante del colectivo Infancia en Deuda) y la comunidad indígena Comisión Directiva Wichi Misión La Loma en un amparo colectivo presentado por la falta de aplicación y reglamentación de la ley provincial N° 7856, de salud intercultural.

Al resolver el magistrado reseñó que efectivamente esta ley establece la figura de facilitadores interculturales bilingües en los hospitales, “a efectos de permitir una adecuada armonización intercultural entre el sistema de salud y el paciente originario, garantizando su atención y contención”, y la existencia de “albergues institucionales de tránsito dentro del ejido hospitalario, para brindar hospedaje, manutención y acompañamiento integral al paciente originario y su familia mientras sea necesaria su permanencia por motivos estrictamente vinculados a su atención de salud”, pero el propio Ministerio de Salud Pública de la provincia reconoció en un informe que le elevó que los fondos para este fin ni siquiera fueron incluidos en los presupuestos de 2020 y 2021.

Para el magistrado, es "claro el peligro en la demora, ello por la propia situación de emergencia constatada y definida por el Estado Provincial, a lo que debe sumarse la situación estacionaria estival y las enfermedades endémicas de la zona y del covid-19”.  

En un comunicado en el que informó sobre esta decisión judicial, la ACIJ destacó que "Persiste actualmente un contexto de discriminación histórica hacia estas poblaciones, que repercuten en obstáculos graves en el acceso al derecho a la salud" por ello "este fallo es fundamental para mejorar las condiciones de acceso a la salud por parte de niños y niñas indígenas en estos territorios".

En cuanto al pedido de aplicación y reglamentación de la ley N° 7856 el juez resolvió que la causa se siga tramitando ante la Corte de Justicia Salta por cuestiones procesales de competencia. "Es indispensable que la Corte resuelva de forma adecuada y oportuna estos aspectos, para garantizar el derecho a la salud de los niños y niñas de estas comunidades", insistió ACIJ.

Y recordó que en la provincia hay actualmente unas 500 comunidades indígenas de 14 pueblos originarios y que "viven en condiciones de pobreza estructural y discriminación, con fuertes restricciones en el acceso al sistema de salud y a servicios básicos como el agua potable", especialmente en Rivadavia, Orán y San Martín, departamentos donde en enero de 2020 se declaró la emergencia socio sanitaria tras la muerte de al menos nueve niñas y niños indígenas. "Pese a que el Poder Ejecutivo Salteño debía tomar todas las medidas necesarias para modificar esta situación, todavía persisten las vulneraciones graves a los derechos de niñas, niños y adolescentes", agregó la organización.

Según información oficial, al menos 7543 niñas y niños de entre 0 y 5 años que residen en el norte provincial se encuentran en estado de riesgo nutricional. "Además, los fallecimientos están lejos de disminuir. De acuerdo con el Ministerio de Salud Pública, en los territorios de emergencia fallecieron 108 niñas y niños en 2020 y, en el transcurso de los primeros 6 meses de 2021, se registraron 64 casos". Y "recientemente el actual Ministro de Salud Pública de la Provincia (Juan José Esteban) reconoció públicamente que este año se inició con más muertes por desnutrición y complicaciones por deshidratación".

Qué pasó con el plan de acción 

Por otra parte, ayer la Asesoría de Incapaces N° 2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, requirió al gobierno provincial que en un plazo de 5 días informe sobre el avance del plan de acción para restituir derechos vulnerados de niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este que presentó en septiembre de 2021 en respuesta a un planteo en tal sentido realizado en 2016 por la entonces asesora de Incapaces Eugenia Fernández Berni. 

El plan gubernamental, aprobado en diciembre último por la jueza de Personas y Familia Carmen Juliá, tiene como ejes principales el acceso al agua segura, la salud, la educación, la identificación, vivienda digna, seguridad y "otros servicios básicos que el Estado debe garantizar a esta población donde conviven comunidades criollas y aborígenes", sostuvo la Asesoría de Incapaces en un comunicado.

Hernández Berni hizo esta presentación en 2016, en relación al caso de una niña wichí  que fue vícitma de una violación en banda, situación que "dejó al descubierto numerosas falencias que impiden la acceso a los derechos fundamentales por parte de los niños, niñas y adolescentes de Santa Victoria Este", sostuvo la Asesoría. El año pasado, además de aprobar el plan de acción, la jueza dispuso que las medidas de acción deben ser informadas en lengua wichí y castellana.

La actual asesora de Incapaces N° 2 de Tartagal, María Fernanda Chocobar, indicó ayer que el expediente fue habilitado en la feria "tomando en consideración que en temporada estival las inclemencias climáticas provocan numerosos perjuicios para la población", lo que precisamente se está viendo ahora, con los casos de niños y niñas con deshidratación por diarrea. 

No se sabe si ya está elaborando la respuesta que requiere la asesora, pero ayer el gobierno informó que proyecta crear una Unidad Coordinadora interministerial que será la encargada de recibir, articular, derivar y ejecutar "con los organismos correspondientes la atención que requieran comunidades del norte provincial ante diferentes tipos de emergencias".

La novedad surgió de una reunión de la que participaron el ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo; la ministra de Desarrollo Social, Silvina Vargas, y el secretario de la Delegación de Asuntos Indígenas, Marcelo Córdova, con el objetivo de "avanzar en el trabajo interministerial que permita eficientizar el sistema de asistencia" para atender a las poblaciones vulnerables del norte provincial.