El Gobierno intenta controlar a través de la Oficina Anticorrupción la investigación sobre las coimas repartidas en el país por la empresa Odebrecht, aunque presenta su iniciativa como si tuviera un interés extremo por el esclarecimiento de las maniobras. El ministro de Justicia, Germán Garavano, empezó a tuitear el lunes a la noche que los fiscales no consiguieron resultados hasta ahora y luego culpó a la Procuradora Alejandra Gils Carbó, aunque es obvio que las fiscalías deben trabajar de manera independiente. Garavano recibió ayer a los abogados de Odebrecht que, anunció, le hicieron una propuesta para dar información sobre los  destinatarios de sobornos pagados para ganar licitaciones. Pero ni la OA ni el ministerio tienen facultades para negociar y ofrecer beneficios a imputados “delatores”. Sólo los investigadores en tribunales tienen la potestad de, a lo sumo, ofrecerles declarar bajo la ley del arrepentido. Eso fue lo que hizo ayer, como réplica, el fiscal Federico Delgado: le dio cinco días de plazo a la firma para acogerse a esa figura y aportar lo que tenga sobre coimas sobreprecios en la obra de la planta potabilizadora de Alta Paraná.

Delgado y el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez, son los fiscales que lograron dos semanas atrás que declare el cambista Leonardo Meirelles -un arrepentido de la investigación Lava Jato en Brasil– por videoconferencia. Al oficialismo no le agradó porque involucró al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. Pero también nombró a Iecsa, que era del primo de Mauricio Macri, Angelo Calcaterra, y que representa un problema actual: en una unión con Odebrecht hoy recibe pagos millonarios de la Casa Rosada por el soterramiento del tren Sarmiento, cuyo financiamiento el Presidente estatizó por DNU. Sólo para este año está previsto en un anexo del decreto 797/2016 que cobre 8.940 millones de pesos. El total estipulado es de 45.000 millones.  

“Es inaudito que el Poder Ejecutivo negocie con imputados”, dijeron a este diario en un despacho de Comodoro Py. La OA ni siquiera es querellante en esta causa. Pero tampoco tiene las mismas funciones que los fiscales: “No es titular de la acción penal”, aclaró la Corte Suprema en una vieja sentencia sobre una causa contra el ex titular de la casa de la Moneda Armando Gostanián.  Eso significa que tampoco puede negociar con los imputados. A lo sumo podría convencer, en este caso a la firma Odebrecht, de que entregue información sobre las coimas. A la vez, es un terreno riesgoso, porque el Ejecutivo no debe generar influencia sobre el Poder Judicial.  Aun así, desde el lunes comenzó el despliegue sobre el tema desde el Gobierno, con tuits de Garavano, que culpó a los fiscales y dijo que Macri dio “orden de colaborar con la justicia”, y luego declaraciones de la titular de la OA, Laura Alonso, para que Odebrecht aparte datos.

El telón de fondo de todo este interés repentino por las coimas de Odebrecht  está compuesto por varios factores de preocupación para el Gobierno:

  • Las declaraciones de Elisa Carrió, que el fin de semana dijo que el Gobierno protege al es ministro de Planificación, Julio De Vido. “Puede hablar y si habla puede comprometer a todos, incluso a personas del Gobierno”, dijo. Y agregó que es “obvia” la relación entre Franco Macri y De Vido.  
  • La declaración por videoconferencia de Meirelles, un cambista operador de Odebrecht que trabajaba junto con Alberto Youseff, quien también dio testimonio. Ambos fueron beneficiados en Brasil por el régimen de “delación premiada”, que permite desvincular a quienes aporten información sobre una trama de corrupción. Ambos hoy están en libertad. Meirelles dijo al declarar que había hecho al menos diez transferencias a una cuenta en Suiza para Arribas por 850 mil dólares. También dijo que recordaba a la empresa Iecsa. Precisó que la información sobre todas las operaciones la tiene el juez de su país Sergio Moro. El titular de la PIA, Rodríguez, ya envió un exhorto pidiendo todo el material para poder analizarlo.
  • La empresa Odebrecht reconoció en Estados Unidos que pagó 35 millones de dólares de coimas en Argentina. Aquí se la investiga por lo menos por sobornos en tres obras públicas: el soterramiento del Sarmiento, la planta potabilizadora de Paraná de las Palmas y los gasoductos Norte y Sur. La empresa tiene una enorme preocupación por no perder la adjudicación de esas obras. Si se confirmaran coimas, la lógica sería que les quiten la licitación. Por eso también Odebrecht tiene tan alto interés en dialogar y pactar algo con el Gobierno. La obra del Sarmiento está proyectada hasta el año 2022 (la ganó un consorcio integrado por Odebrecht, Iecsa, Ghella y Comsa). El año paso Macri firmó un DNU sorprendente donde resolvió que quien iba  pagar sería el Estado, cuando originalmente estaba previsto el financiamiento del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social. La adjudicación había sido en 2007, con lo cual es claro que las demoras involucran al gobierno anterior.
  • En una semana se levantará en Brasil el secreto sobre las declaraciones de 77 ejecutivos y empleados de Odebrecht que aportaron información sobre todo tipo de maniobras irregulares. Una decena de ellos se habría referido a asuntos argentinos.  Esto los dejará expuestos ante los tribunales argentinos que podrían implicarlos y a la vez obtener información, en base a lo que ya declararon.  

Existen causas judiciales donde se investigan cada una de las tres obras en marcha en Argentina y los posibles sobornos. Hay fiscales distintos pero existe una pesquisa grande sobre un posible Lava Jato en Argentina es Rodríguez, desde la PIA. Por iniciativa de Rodríguez, y con la aprobación de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, el 11 de abril desde la PIA se envió a los fiscales brasileños que integran el equipo de investigación de Lava Jato una propuesta de trabajo bilateral. El escrito estuvo varado tres semanas en la Cancillería, que no lo envió al país vecino hasta después de la declaración de Meirelles. Un dato elocuente, y de alto contraste con los reproches que aprovechó Garavano para hacerle ayer públicamente a Gils Carbó, a quien acusó de obstaculizar estas investigaciones sobre hechos de corrupción. Cuando el fiscal Delgado le preguntó a ella si podía motorizar algún tipo de acuerdo con los imputados, la jefa de los fiscales le dijo que era una potestad suya, dentro de lo que le permite la ley. Si ella le diera alguna instrucción expresa, sería una intromisión lisa y llana, y también la denunciarían (en ese caso con razón). Lo que ofreció Delgado ahora es que Odebrecht se acoja a la figura del arrepentido, ya que aquí no hay delación premiada. Solo se puede morigerar la gravedad del castigo para los imputados que colaboran.  

Para un Gobierno, en teoría, no debería haber nada mejor que tener un Procurador independiente. Es la situación ideal. Pero es evidente que todas las iniciativas oficiales a lo que apuntan a entrometerse en todos aquellos territorios que quieren controlar. Igual que con la cuestión “Odebrecht”, el mismo Ministerio de Justicia decidió desplazar a la UFI-AMIA del manejo de los archivos sobre el atentado, e impulsó -entre otros ejemplos-los traslados de jueces afines sin concurso a lugares claves como el juzgado electoral de la Plata y la Cámara Federal de Casación Penal.