Había una vez –hace ya mucho tiempo- en la que –en términos políticos- se afirmaba que en la Argentina “en enero no pasa nada”. Era la idea de que el país entraba en pausa con motivo de las vacaciones. La presunta certeza cayó en desuso por imperio de los propios acontecimientos. No hace falta enumerar los hechos que han sacudido al país cada comienzo de año en la historia reciente. Casi por el contrario enero ha sido un tiempo de aceleración de hechos de trascendencia política por múltiples motivos no vinculados ciertamente ni al clima ni a las altas temperaturas.

El 2022 no es, en ese sentido, una novedad ni una sorpresa. Pasan cosas. Llama, sin embargo, la atención la sucesión de acontecimientos generados por actores protagónicos del frente gobernante y que, por su significación y alineamiento, mueven a la pregunta acerca de si estamos ante un cambio de clima apenas circunstancial como el de estos días después de atravesar la tórrida semana anterior, o si se trata de una modificación del rumbo de la gestión encabezada por Alberto Fernández.

Cualquier afirmación categórica puede ser temeraria e inducir a conclusiones equivocadas. Por falta de información, por una mala lectura de la existente o por análisis político incorrecto. No obstante –y solo para tenerlos en cuenta como elemento para la reflexión- vale consignar los hechos a los que nos estamos refiriendo.

El 19 de enero, al cumplirse seis años de la prisión ilegal de Milagro Sala, se publicó una solicitada en la que además, de reclamar la libertad de la dirigente política jujeña, se afirma que "con presos y presas políticas no hay democracia plena". Lo llamativo del caso es que ese documento además de llevar la firma de referentes del campo de la defensa de los derechos humanos, también está subscrita por gobernadores, miembros del gabinete nacional y dirigentes políticos de la alianza de gobierno.

En la misma línea debe ubicarse el gesto de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta y el ministro Eduardo de Pedro al visitar a la dirigente de la organización barrial Tupac Amaru en su arresto domiciliario de San Salvador. En esa ocasión el ministro del Interior sostuvo la necesidad de “reconstruir una Justicia que no persiga opositores” confrontando directamente con el gobernador Gerardo Morales, un habitual aliado del oficialismo desde filas de la oposición.

Antes y durante el ministro Martín Guzmán se mostró firme ante el desafío de Juntos por el Cambio que, mientras finge amnesia respecto de sus responsabilidades por la criminal deuda externa contraída durante el macrismo, ahora reclama condiciones especiales para sentarse a recibir información sobre las negociaciones en curso. Guzmán se plantó: si quieren saber vengan a Economía, porque no están en situación de exigir condiciones, habría dicho palabra más o menos, en medio del debate casi ridículo sobre el escenario y la oportunidad del encuentro. Hasta ahora al menos, Alberto Fernández banca la parada.

El propio ministro de Economía –que suele hablar con más interlocutores que los que se conocen públicamente- se encontró con Cristina Fernández de Kirchner y  la vicepresidenta escribió una nueva carta en la que afirma que la “pandemia macrista” ha sido más grave que la pandemia covid-19. La titular del Senado apoya su afirmación en datos y usa argumentos que, alguien puede suponer, cotejó también con Guzmán.

Por su parte el ministro de Economía, que ha guardado reserva entendible respecto de las negociaciones sobre la deuda y ha sido cauto al criticar a los prestamistas ahora dio un paso más y advirtió que "el Fondo Monetario Internacional puede perder legitimidad si empuja a Argentina a una situación desestabilizante". Alguien con más libertad que la que puede tener Guzmán en su calidad de ministro y principal negociador de la deuda, podría preguntarse si al FMI todavía le queda algo de legitimidad. Tanto Fernández como Guzmán levantaron el tono como nunca antes para decir que “el FMI intenta imponernos un programa y nosotros no estamos de acuerdo”. Quedó atrás de la idea del “FMI bueno”.

No debería pasarse por alto que mientras el canciller Santiago Cafiero va a Estados Unidos a encontrarse con su par Antony Blinken, en una suerte de jugada a varias bandas el presidente Alberto Fernández anuncia su visita a Rusia para verse con Vladimir Putin y a China donde se propone dialogar con el presidente Xi Jinping, una ofensiva diplomática que podría interpretarse como un mensaje de autonomía de parte del mandatario argentino quien ahora, además, es presidente de la CELAC.

Mientras tanto en el horizonte político interno y mientras avanza la causa derivada del espionaje macrista y la desmesura de la “gestapro” -orquestada por María Eugenia Vidal aunque ella pretenda hacerse la víctima inocente- se está gestando como nuevo hecho político lo que se presume será una masiva manifestación de repudio al poder judicial para el próximo 1 de febrero frente a Tribunales. La novedad radica en que a esa propuesta se suman dirigentes políticos del oficialismo, sindicalistas, movimientos sociales y actores que hasta el momento no se habían pronunciado en la calle sobre este tema.

Seguramente el lector, la lectora, podrá agregar de su propia cosecha otros hechos y acontecimientos de similar tenor que escapan en este momento a la memoria del cronista o que sería largo de enumerar en el espacio del que se dispone. Pero – basado también en la certeza de que en enero ocurren… cosas- la pregunta política central es si todo lo enumerado y lo que se pueda adicionar constituye apenas un coyuntural cambio de clima o, si más allá de ello, las circunstancias políticas, la coyuntura económica y las dificultades derivadas de la negociación de la deuda –entre otros factores- están empujando a Alberto Fernández y su equipo hacia un cambio de rumbo. O, todavía más: que estamos iniciando una nueva etapa política en la Argentina. Nada está dicho por el momento.

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