El juez Enrique Lavié Pico declaró inconstitucional el artículo de la ley que quitó la obligación de ser abogado para integrar el Consejo de la Magistratura. En ese marco, estableció que el senador del PJ-FpV, Ruperto Godoy, “cese de inmediato en su función” como consejero. Para el legislador la decisión “es parte de una maniobra política del oficialismo que busca desequilibrar el número de representantes en el Consejo para poder disciplinar a los jueces que no responden a sus intereses”.
Godoy y los integrantes de su bancada apelarán el fallo en los próximos días. Al senador por San Juan no le cabe duda que el fallo, que lo expulsa de la silla del Consejo, tiene por lo menos dos objetivos: destituir al camarista federal, Eduardo Freiler y, por ende, disciplinar jueces evitando, de esa manera, fallos incómodos para el Poder Ejecutivo.
“La maniobra pergeñada es peligrosa porque además cuenta con la connivencia de magistrados que acatan las órdenes del Ejecutivo”, aseguró el legislador a PáginaI12. En ese sentido, sostuvo que la decisión de Lavié Pico, quien falló a favor de la presentación del ex consejero, Alejandro Fargosi, llega en el preciso momento en que se debe definir el proceso por enriquecimiento ilícito que se sustancia contra Freiler. El gobierno macrista nunca ocultó su desagrado por el desempeño del camarista desde que, por ejemplo, señaló la comisión de delitos de lesa humanidad en el caso Papel Prensa o su posición contraria a la Ley de Derribo, entre otros temas.
La investigación que lleva adelante la comisión de Acusación y Disciplina que preside el diputado del PRO, Pablo Tonelli, tiene que emitir dictamen el próximo lunes. Tonelli pugna por destituir a Freiler pero le falta un voto para el plenario del jueves de la semana próxima. Entonces, como el tan mentado noveno voto no aparece lo mejor es quitarle un integrante a la oposición y allí es donde aparece el fallo contra Godoy. Lavié Pico interpretó que es inconstitucional el artículo cinco de la ley 26.855, que modificó la norma original del Consejo, y que prevé que para ser miembro del Consejo de la Magistratura “se requerirá contar con las condiciones mínimas exigidas para ser diputado”. Esta modificación le permitió a Godoy, que no es abogado, asumir ese curul. “Cuando asumí me tomaron juramento (Ricardo) Lorenzetti, (Juan Carlos) Maqueda y (Elena) Higton de Nolasco. Ellos, en algún momento, deberán opinar sobre esta causa y fueron los que avalaron mi nombramiento”, afirmó Godoy. Para el legislador esto es una prueba más del sustrato político que tiene el fallo de Lavié Pico.
Ayer, el bloque que integra Godoy y que preside Miguel Ángel Pichetto, hizo público su respaldo al senador sanjuanino y anticipó que apelarán la decisión de Lavié Pico a la que le agregarán el pedido de efecto suspensivo. Pichetto indicó que “llama la atención la oportunidad en que se emite este fallo precisamente en las circunstancias actuales en las que el Consejo de la Magistratura debe resolver cuestiones importantes en el ámbito de la Justicia”. Por otra parte, el senador por Río Negro afirmó que “la resolución es inoportuna y tardía, y que en todo caso esta resolución se debería haber tomado al momento de la designación de Godoy como consejero y no ahora”.
Lo curioso del fallo de Lavié Pico es que, además de declarar inconstitucional ese artículo, también afirma que “en modo alguno priva de validez a las decisiones que hubieran sido adoptadas con la participación de Ruperto Godoy”.