La Comisión de la Cámara Baja de Estados Unidos que investiga el asalto al Capitolio del año pasado llamó a declarar a Ivanka Trump, hija y asesora del expresidente Donald Trump, para que aporte información sobre las actividades del exmandatario antes y durante esa trágica jornada. Según detalló el comité en un comunicado, Ivanka "estuvo en contacto directo con el expresidente en momentos clave" del seis de enero de 2021, cuando una turba de seguidores del magnate republicano asaltó el Congreso para impedir la ratificación de la victoria del actual presidente, Joe Biden.
"Le escribimos para solicitar su cooperación voluntaria con nuestra investigación sobre una variedad de temas. Proponemos reunirnos con usted el tres o cuatro de febrero de 2022", dijo en la carta el presidente de la Comisión, Bennie Thompson. Este grupo de legisladores busca registros relacionados con las denuncias de fraude electoral del expresidente y su manejo de los disturbios en el edificio del Capitolio estadounidense.
En un documento que marca un momento importante de la investigación dentro del círculo íntimo de Trump, la Comisión de la Cámara Baja señaló a Ivanka Trump que cuenta con evidencia de que ella le había implorado a su padre que llamara a sus partidarios a cesar la violencia aquel día. "El comité no ha identificado evidencia de que el presidente Trump emitiera alguna orden o tomara alguna otra medida para desplegar la Guardia Nacional" en el Capitolio, informó el comunicado.
Según información recabada por los miembros del comité, Ivanka Trump estuvo en el Despacho Oval cuando Donald Trump llamó al entonces vicepresidente Mike Pence para exigirle que se sumara a su plan de frenar la ratificación de Biden. "Una de las conversaciones del presidente con el vicepresidente ocurrió por teléfono la mañana del seis de enero. Usted estuvo presente en la Oficina Oval y presenció al menos un lado de esa conversación telefónica", planteó Thompson.
La comisión señaló en un comunicado que espera contar con la versión de Ivanka sobre las preocupaciones expresadas por los abogados de la Casa Blanca, los legisladores y los asesores de Pence respecto de los planes para presionar al vicepresidente para que revocara las elecciones. "Al comité le gustaría discutir cualquier otra conversación que haya presenciado o en la que haya participado con respecto al plan del presidente para obstruir o impedir el recuento de votos electorales", remarcó Thompson en ese sentido.
La Comisión fue creada por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, y está formado por una mayoría de congresistas demócratas, aunque hay dos integrantes republicanos, Liz Cheney y Adam Kinzinger, que están enfrentados con Trump. El martes pasado, dicho comité llamó a declarar a cuatro antiguos aliados del expresidente, entre los que destaca el exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani.
De negarse, podrían ser declarados en desacato, tal y como ha ocurrido hasta ahora con tres excolaboradores de Trump: su exjefe de gabinete Mark Meadows, el exayudante del fiscal general Jeffrey Clark y su exasesor y exjefe de campaña Steve Bannon, quien además enfrenta cargos por la vía penal.
El Tribunal Supremo rechazó el miércoles una petición de Trump para mantener ocultos unos 700 documentos sobre el asalto al Capitolio, lo que abre la puerta a que sean entregados a la Comisión.
El seis de enero de 2021, cientos de simpatizantes del entonces presidente Trump irrumpieron, muchos con armas, en el edificio del Capitolio con la intención expresa de evitar la ratificación de la victoria electoral de Biden. Los violentos manifestantes derribaron las vallas policiales del Congreso y, en medio de agresiones, superaron a los pocos agentes de seguridad que estaban protegiendo la sede del poder legislativo.
Una vez adentro iniciaron una cacería por los pasillos, los recintos y oficinas en busca de los legisladores que se negaban a reconocer el presunto fraude de la elección, algo nunca probado. En total, cinco personas murieron en ese ataque, entre ellos un policía.
Hasta ahora, el Departamento de Justicia acusó a más de 700 personas, incluidas 75 por posesión de armas "en una zona restringida". Al menos 120 ya se declararon culpables por cargos menores y una veintena ya fueron condenados.
