El gobernador Omar Perotti instruyó a la Fiscalía de Estado de la provincia para que se constituya como querellante en la investigación que se lleva adelante en la capital provincial para determinar si en el ámbito del Ministerio de Seguridad se realizaron tareas ilegales de espionaje o acopio de información de personas, instituciones y empresas durante la gestión del ex ministro Marcelo Sain.

El decreto 22 dice: "Instrúyase al Fiscal de Estado de la Provincia a intervenir como parte querellante, de acuerdo a los artículos 93 y siguientes del Código Procesal Penal, en el proceso que se investiga en el Ministerio Público de la Acusación hechos ocurridos en el Ministerio de Seguridad a que refieren los considerandos del presente".

A partir de este documento, el fiscal Rubén Weber deberá solicitar a la Justicia que le permita al Poder Ejecutivo ser querellante. Se plantea aquí una particularidad: es un área del propio Ejecutivo la que está bajo investigación. Deberá escucharse la posición de la Fiscalía y eventuales otros querellantes.

Cabe recordar que en diciembre los fiscales notificaron a un grupo de funcionarios, a la cabeza de los cuales está Marcelo Sain, que se los estaba investigando. A pedido de sus defensas se les mostró parte de información recolectada que está bajo análisis, pero por el momento no hay imputación formal de delitos, a pesar de los trascendidos por la prensa y la publicación de un listado con más de 600 nombres de presuntas víctimas.

Además de la feria judicial, trascendió que los fiscales pedirán prorrogar la audiencia imputativa para terminar de verificar si la información recolectada en las requisas que se hicieron en noviembre pasado en oficinas y equipos electrónicos del Ministerio de Seguridad de Rosario y Santa Fe, así como de celulares de funcionarios, se hizo en el marco de una investigación autorizada desde una fiscalía o un juez, que es la única forma que sea legal, o fue por iniciativa propia fuera del marco de la ley.

El pasado 26 de noviembre los fiscales Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández encabezaron procedimientos para asegurar pruebas en el marco de una investigación que estaban llevando adelante. Los procedimientos se precipitaron cuando se enteraron que los funcionarios que respondían a Sain habían presentado la renuncia unos días antes y que ese viernes se retiraban definitivamente de las oficinas. Sain había renunciado en marzo de 2021, pero todo su equipo se quedó en sus puestos, con lo cual mantenía el control del Ministerio a pesar de la llegada de Jorge Lagna en su reemplazo.

Los ex funcionarios notificados por fiscalía de que estaban comprendidos en la investigación son el ex secretario de Seguridad Germán Montenegro; Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa); Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano); Pablo Álvarez (subsecretario de Investigación Criminal); Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva); Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias), y Federico Llumá (director de Comunicaciones); Ramiro Cortese (asesor), Diego Rodríguez (subsecretario de Control); Nadia Schujman (ex titular de la Agencia de Control Policial) y Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal).

En uno de los últimos párrafos, el decreto firmado en las últimas horas por el gobernador y la ministra de Gobierno Celia Arena justifica la decisión de ser querella para "resguardar el accionar no sólo de los poderes estatales involucrados en la causa prealudida, sino además el resto de las personas que puedan -eventualmente- estar involucradas en la misma".

Con respecto al tema de los ex funcionarios bajo investigación, la semana pasada Marcelo Sain reprochó al gobernador Perotti a través de Twitter falta de apoyo, con un mensaje que, fiel al estilo del ex ministro, levantó polvareda: "En Santa Fe, también quien conduce tiene que bancar, particularmente a aquellos que se jugaron el cuero y el trabajo por una gestión de gobierno acordada explícitamente".