El interrogante que indaga las maneras en las que los Estados responden a la protesta social debe, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), “ser indispensable en la conversación entre los movimientos sociales para entender cómo pararse, cómo discutir con los Estados y, por sobre todo, cómo evitar la desmovilización y la futura ausencia del reclamo en las calles que sus respuestas buscan”. La conclusión le pertenece a la directora del área de Justicia y Seguridad de ese organismo, Paula Litvachky, y sirvió de conclusión de la jornada de reflexión sobre el derecho a la protesta en la región. Integrantes de movimientos sociales y mecanismos de protección, investigadores y activistas de Argentina, México, Brasil, Paraguay, Venezuela, Estados Unidos y Sudáfrica compartieron durante cuatro horas diagnósticos de lo que ocurre en sus territorios de acción y evaluaciones preliminares sobre cómo avanzar ante Estados que “cuestionan la legitimidad de los reclamos, buscan incrementar las restricciones y los controles, persiguen la organización social y política y utilizan la violencia contra quienes salen a las calles”. 

El derecho a la protesta “está amenazado”, postuló el CELS para estructurar las dos mesas en las que se dividió el debate sobre los conflictos sociales y la represión en el continente americano que ayer desarrolló en el teatro La Máscara. El secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrao, no pudo participar del cierre de la jornada, como estaba previsto, porque se retrasó a raíz de la Marcha de las Antorchas en reclamo de la liberación de Milagro Sala que se realizó hasta la puerta del Hotel Sheraton, donde la CIDH sesionará hasta el sábado próximo.    

“El gobierno de Cambiemos ha tenido una perspectiva despectiva de la movilización social, con mensajes negativos que plantearon una presunción de ilegitimidad sobre el derecho a la protesta y generaron una escalada represiva”, apuntó Litvachky en el cierre de la última mesa debate. En ese contexto, planteó la integrante del CELS, existen indicios “que no empezaron ahora, pero que se acentúan, y que ponen a los movimientos sociales a la defensiva”. Para el caso, mencionó que el próximo 26 de junio se cumplen 15 años del asesinato de los militantes sociales Darío Santillán y Maximiliano Kosteki durante un piquete en Puente Pueyrredón y que el próximo 30 de este mes se cumplen 500 días de la detención arbitraria de Sala. “Ambos ataques sirvieron para amedrentar y desorganizar a los movimientos sociales, quitando de la calle la expresión de conflictos”, remarcó. También advirtió que no se puede entender el proceso de criminalización social de la protesta “sin la participación del Poder Judicial, que sostiene la represión y la criminalización”. 

En Brasil sucede algo similar, contó Camila Marques la abogada e integrante del colectivo Artículo 19. Precisó que allí el proceso de “sofisticación, perfeccionamiento e innovación de las técnicas represivas del Estado y de la criminalización de la protesta”, que comenzó en 2013, se dio de manera “coordinada entre los tres poderes del Estado. “La restricción a la protesta integra los primeros puntos de la agenda de gobierno en mi país, impopular y profundamente cuestionado, que viene retirando derechos económicos y políticos”, advirtió. 

Inti Rodríguez es referente del Programa Venezolano de Educación y de Provea. Ese programa se encarga de la elaboración anual de la agenda de derechos humanos de su país, y ayer fue tajante y crítico respecto de lo que sucede en la Venezuela gobernada por Nicolás Maduro, sobre todo en lo que respecta a las respuestas que da a la protesta social. “Ante el nuevo ciclo de protestas que estamos viviendo en Venezuela, integradas no solo por los espacios que siempre fueron contrarios al proceso bolivariano iniciado con Hugo Chávez, sino por espacios que integraron su base de apoyo, el gobierno de Maduro responde con una militarización de la sociedad, la eliminación de garantías para el ejercicio de ese derecho”, denunció. También acusó al gobierno de haber “promovido una serie de instrumentos legales que penalizan el ejercicio del derecho a la huelga y a la manifestación”. “Aumentaron los abusos policiales, las ejecuciones extrajudiciales, los allanamientos ilegales y las detenciones arbitrarias contra habitantes de comunidades populares, además de los juicios con tribunales militares a manifestantes detenidos en el marco de protestas sociales”, advirtió. La mesa la completaron el médico estadounidense Homer Venters, quien informó sobre la letalidad de las armas utilizadas por los Estados en la represión de protestas sociales, y el sudafricano Michael Power. 

Referentes de colectivos y agrupaciones que fueron protagonistas de los más recientes reclamos callejeros en la región hablaron durante la primera parte del encuentro. “El hoy nos encuentra discutiendo cómo no retroceder, en una postura casi defensiva”, resumió la profesora universitaria María Esperanza Casullo, que ofició como moderadora. Sonia Alesso, de Ctera, advirtió que “se está sintiendo en todas las provincias un aumento de la represión a las movilizaciones” que “no se puede pensar por fuera de la vuelta de la derecha al Gobierno en tándem con el poder económico”. La editora del suplemento Las 12 y referente del movimiento Ni Una Menos, Marta Dillon, mencionó que la represión, así como “la invisibilización y la demonización”, son herramientas de un “disciplinamiento que viene del Estado en íntima complicidad con los medios de comunicación, al desplazamiento de las mujeres del lugar de víctimas a la de sujetas rebeldes y activas que generó la salida a la calle desde junio de 2015”. 

Oscar Ayala, de la Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, opinó que el problema no es sólo la represión a la protesta sino también la criminalización de la pobreza. “La discusión de los derechos económicos y sociales conlleva la discusión de qué Estado queremos tener, uno receptor de esas demandas”, concluyó. El referente de la coordinadora latinoamericana de organizaciones del campo e integrante de Vía Campesina Diego Montón, graficó la situación como “una ofensiva regional asociada a la violencia y al poder judicial, que estigmatiza la población indígena calificándola en el atraso”. Matthew Cagle, de la estadounidense American Civil Liberties Union, completó la ronda.