La derecha argentina desde la transición democrática desarrolló una argumentación pesimista respecto de la educación, los docentes y los estudiantes. Repasaremos algunos de esos momentos:

En los años 80, la Unión para la Apertura Universitaria (UPAU) sostuvo como eje de su propuesta, avalada en elecciones por el 32 por ciento de los estudiantes de la UBA en 1987, la supresión del CBC y la vuelta a los exámenes de ingreso. Se llegó a caracterizar a los estudiantes que tardaban más en recibirse como “masa deambulante”.

En 1996, el Grupo Sophía, coordinado por Horacio Rodríguez Larreta, propuso en un documento el examen de ingreso a los profesorados, ya que varios de los postulantes a la docencia, se sostenía, eran irrecuperables.

En la campaña de 2015, Mauricio Macri se preguntó: "¿Qué es esto de universidades por todos lados?”, aludiendo a las 8 nuevas universidades del conurbano y las 9 nuevas del interior del país creadas entre 2003 y 2015. Si los pobres del conurbano y los habitantes de localidades más alejadas “igual no van a ir a la universidad”, ¿para qué crear universidades próximas a ellos?

El presidente Macri en 2017 señaló que en los últimos diez años:

a) la cantidad de universidades nacionales (UUNN) y la planta de docentes y no docentes de ellas aumentó un 30 por ciento pero la matrícula estudiantil solo un 13 por ciento;

b) la tasa de graduación de nuestras UUNN está entre las más bajas del mundo y entonces

c) las UUNN deben asignar los recursos según criterios de eficiencia y

d) las UUNN deben contribuir a reducir el gasto público.

En definitiva, la inversión universitaria fue vista como un despilfarro. En ese sentido no sorprende que haya sido electo diputado por Cambiemos quien anunció en marzo de 2001 una poda de 550 millones de pesos del Fondo Nacional de Incentivo Docente y una baja de 360 millones para las universidades. Sobre un presupuesto universitario de 1800 millones, el recorte a las casas de altos estudios representaba el 20 por ciento. El “Bulldog” López Murphy proponía reducir otros 650 millones en 2002.

La gobernadora María Eugenia Vidal sostuvo en 2018 que “nadie que nace en la pobreza llega a la universidad”, desconociendo que cada año que pasa es mayor el porcentaje de los sectores de menores ingresos que acceden a las universidades, en parte respaldados por las Becas Manuel Belgrano y Progresar, que este año cuenta con 750 mil plazas.

En 2020, la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, sostuvo que “el problema educativo radica en el perfil de quienes eligen estudiar para docentes, que eligen militar en lugar de hacer docencia”.

Para la ministra, el problema no estaría sólo en los docentes, sino en los estudiantes de profesorado.

Demonizar la política, los estudiantes y los profesorados se vincula con la prédica de Vidal, que intentó durante su mandato enfrentar a docentes y familias, proponiendo incluso la figura del docente voluntario en reemplazo del docente titulado y agremiado.

También aseguró que los docentes eran fracasados, ya que antes habían cursado otros estudios, y venían de hogares cada vez más pobres.

En este sentido, una encuesta realizada por IIPE Unesco a estudiantes de formación docente en 2010 encontró que un 43 por ciento de los entrevistados provenía de hogares con un capital cultural relativamente alto (secundario completo o más). Los estudiantes que ingresaban a la docencia provenían de hogares de diverso nivel socioeconómico y eran muy representativos del promedio de la población.

Si comparamos con los datos de la UBA en 2018, veremos que hay más maestros y profesores que vienen de hogares pobres por la misma razón que hay más abogados o contadores que vienen de hogares pobres: porque la educación superior crece y la pobreza es poco lo que decrece.

La democratización del nivel secundario exige más docentes y resulta lógico que estos se recluten de sectores sociales cada vez menos restringidos (en la Argentina hay más de 1.200.000 docentes en todos los niveles).

Entendemos que repudiar la pobreza de origen de docentes o graduados universitarios resulta no sólo una injusticia sino un absurdo.

Es evidente que lo que debemos hacer como sociedad es reducir la pobreza y la desigualdad y no impedir que los pobres se conviertan en abogadas, contadoras, maestras o profesoras.

La última predicción de la ministra Acuña, relativa a que los estudiantes secundarios que interrumpieron su escolaridad durante la pandemia ya están mutando en precarizados o narcotraficantes, excede el pesimismo y expresa directamente el desprecio.

Es que pesimismo y desprecio están vinculados: si parte de los ingresantes a la universidad o a los profesorados son irrecuperables, si los aspirantes a ingresar en universidades del conurbano no estudiarán ni aunque puedan ir caminando a su universidad, si ya es tarde para ir a buscar a los chicos que interrumpieron su trayectoria educativa en pandemia, si todo esfuerzo por democratizar la educación está condenado de antemano al fracaso por los motivos más diversos e insólitos (déficits previos irrecuperables, politización, agremiación, pobreza, tendencia al narcotráfico) entonces queda sólo la peor pedagogía, la del pesimismo, la resignación y el desprecio por el otro.

Quienes no nos resignamos ni despreciamos somos optimistas, como lo fueron quienes en 1884 establecieron la educación primaria gratuita y obligatoria, quienes en 1918 transformaron la universidad con la Reforma, quienes en 1949 establecieron la gratuidad universitaria y quienes en 1985 suprimieron para siempre en nuestras universidades los exámenes, cupos y aranceles heredados de la última dictadura.

* Mariano Echenique es Doctor en Ciencias de la Educación UNLP.