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En la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se encontraron más de 250 mil fichas con antecedentes de personas y organizaciones, más de un millón de registros similares pero informatizados, legajos de los agentes, partes diarios y normativa interna. Toda esa documentación lleva meses siendo analizada, pero, para facilitar la tarea de jueces y fiscales que quieran acceder a ella para avanzar con las investigaciones sobre delitos de lesa humanidad, el organismo hizo pública una guía con los criterios para que el Poder Judicial y el Ministerio Público puedan pedirla. “Creemos que esto facilitará la relación entre nuestros archivos y el servicio de administración de justicia”, dijo la interventora Cristina Caamaño después de que el material fuera publicado en el Boletín Oficial.
La inteligencia fue el cerebro del aparato represivo durante los años del terrorismo de Estado. Sin embargo, de ese cerebro que determinaba blancos en la cacería aún se sabe muy poco. Cuando Caamaño asumió al frente de la intervención de la AFI creó un programa de Protección de Registro y Archivo para buscar la documentación producida por el organismo desde su creación –en 1946– hasta el 9 de diciembre de 1985, día en que la Cámara Federal porteña dictó la sentencia en el Juicio a las Juntas.
Desde entonces, los expertos y las expertas que trabajan con los archivos hallaron 250 mil fichas producidas por el área de Antecedentes de la SIDE entre 1960 y 1980. Antecedentes reunía entre las distintas bases del Estado información sobre personas u organizaciones. Algunos de esos archivos, dados a conocer por Página/12, fueron entregados a organismos de derechos humanos que sufrieron la persecución de los servicios durante los años de la dictadura y después también.
En la AFI también se encontraron 1.387.836 registros informáticos almacenados en el sistema Excalibur que datan de 1960 y llegan hasta 2000. Los investigadores y las investigadoras piensan que las fichas de Antecedentes podrían haberse digitalizado y pasado al Excalibur. Están aún en proceso de análisis.
Además, cuentan con los legajos del personal que reportó en la SIDE desde 1946, los sumarios que se abrieron entre 1960 y 1983, el escalafón de personal, los libros de sanciones o de licencias, las resoluciones que firmó el secretario de inteligencia o la normativa que regía internamente el funcionamiento de la agencia. Según informó la AFI también se encontró documentación sobre inmuebles usados por los servicios y sobre las empresas que se empleaban como “pantallas”.
Hubo otros hallazgos de documentación como un álbum de fotos con las personas que eran buscadas por la dictadura. Ese álbum había sido confeccionado por la Jefatura II del Ejército, el órgano de inteligencia de mayor preeminencia en la estructura represiva. Además, se ubicó un manual de operaciones de inteligencia a través del cual los servicios construían sus “fake news” del momento.
En los juicios se logró reconstruir que la SIDE fue la que estuvo a cargo de la coordinación con otras agencias regionales en el Plan Cóndor y que estaba particularmente interesada en la persecución de militantes de organizaciones de otros países. Además, la SIDE regenteó el centro clandestino conocido como Automotores Orletti hasta noviembre de 1976 tras la fuga de dos prisioneros que obligó a los represores a levantar el lugar. Antes, había funcionado otro campo de concentración en la calle Bacacay, identificado por el juez federal Daniel Rafecas tras una investigación del exPrograma Verdad y Justicia de la Secretaría de Derechos Humanos.
“Cuando asumimos la intervención de la AFI, una de nuestras prioridades era ordenar los archivos históricos de la exSIDE pero también ponerlos en valor y darles la utilidad que el Estado necesitaba para el proceso de Memoria, Verdad y Justicia”, sostiene Caamaño. “Las causas judiciales por delitos de lesa humanidad no contaban con las herramientas necesarias para entender qué había en nuestros archivos y cómo acceder de forma eficiente a esta información. Históricamente, ha sido una gran dificultad entender el rol de los servicios de inteligencia en el terrorismo de Estado”, añade.
Con la guía que se publicó este viernes, la AFI les explica a jueces y fiscales cómo encauzar sus pedidos para que la información pueda hallarse en el mar de documentos que hay en la exSIDE. Entre otras cosas piden que las solicitudes sean detalladas y que den contexto de la causa que está tramitando para que quienes deban buscar la documentación sepan por dónde guiarse.
La guía se formuló a partir de las recomendaciones que hicieron organizaciones de derechos humanos que participan de la mesa conjunta de documentación de inteligencia vinculada a violaciones de los derechos humanos, que se creó oficialmente en julio del año pasado y de la que participan también el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y el Archivo General de la Nación (AGN). El trabajo, explicaron desde el organismo, está en pleno proceso y el próximo paso será avanzar hacia la digitalización de los archivos.
