Desde comienzos del 2020, la humanidad se encuentra sacudida por el covid-19. La pandemia no solo reveló problemas sanitarios en todo el mundo, sino que puso al descubierto los límites de un modelo económico, político, cultural, social y ético hegemónico, el neoliberalismo, sustentado en lógicas de acumulación que atentan contra las mínimas condiciones necesarias para la reproducción de la vida. En este contexto de tremenda inestabilidad, nuestra región está atravesando un momento de álgida disputa entre gobiernos progresistas y/o de izquierda y una brutal ofensiva de una derecha conservadora, reaccionaria, que gobierna varios países del continente y también jurisdicciones, como es el caso de Juntos por el Cambio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Como todes debemos recordar, el lunes 16 de marzo de 2020 fue establecida en Argentina la suspensión de las clases como medida sanitaria necesaria para evitar la propagación del virus. Por primera vez en la historia desde que se crearon los Sistemas Educativos Nacionales, las instituciones educativas --no solo del país sino de todo el mundo- -suspendieron al unísono las clases. Esta inédita e inesperada situación generó una mudanza de la educación de la escuela --espacio público-- al hogar -espacio privado-, a partir de las implementación de un conjunto de prácticas y estrategias educativas con el fin de garantizar la denominada “continuidad pedagógica”.

En este marco, el principal problema que afloró con mayor fuerza fue el de la desigualdad educativa, no solo respecto a las posibilidades de acceso y uso de los recursos educativos tecnológicos disponibles (computadora y conexión a internet), sino también con relación a las diferenciales experiencias educativas en todos los niveles y modalidades. De todas maneras y como ya sabemos, la desigualdad educativa no es un fenómeno nuevo, ni propio de la pandemia; existe nutrida investigación científica en el campo de las ciencias sociales y humanas que desde hace décadas viene evidenciado las diversas formas y dimensiones en que se produce y reproduce la desigualdad en la educación en términos de clase, género y raza, así como en sus interrelaciones.

Sin embargo, y si bien el problema de la desigualdad fue un tema que por un (breve) lapso ocupó la agenda del debate educativo, rápidamente la pandemia se convirtió en el escenario donde distintas posiciones político-pedagógicas se expresaron nítidamente. Como planteó Pablo Imen en un artículo de este diario, comenzó una “batalla de época” entre procesos de individualización imbricados con la mercantilización y una concepción tecnocrática de la educación (como el movimiento de homeschooling, la modalidad de educación virtual, las pruebas estandarizadas y las nuevas formas de injerencia privada en la educación a través de empresas, fundaciones y ONG’s) y procesos de emancipación.

Como parte de esta “batalla de época” y al comienzo de la pandemia, el cierre de las escuelas fue una decisión indiscutida. La derecha y sus grupos “festejaron” el pasaje forzoso de lo presencial a lo virtual. Para los grupos de la derecha la crisis ocasionada por el coronavirus se convirtió en una/la oportunidad para fomentar la introducción de nuevas formas de privatización y colonización de la educación por parte del gran capital, ya que todos los productos y recursos tecnológicos que docentes y estudiantes empezamos a usar pertenecen a corporaciones privadas que, desde hace unos años para acá, están viendo en la educación virtual una oportunidad de mercado excepcional.

Sin embargo, como recuerda en la entrevista realizada en Radio Rivadavia Soledad Acuña, ministra de Educación de la CABA, hacia mediados del 2020 e inicios del 2021, la estrategia política de las fuerzas políticas de la derecha, como el caso de Juntos por el Cambio en la CABA, viró y comenzaron a presionar por la reapertura de las escuelas y la vuelta a la presencialidad. A partir de agosto de 2020, el Ministerio de Educación porteño comenzó a implementar distintos programas y proyectos para la reapertura presencial, con el argumento, de que “6500 chicos que las escuelas identificaron perdieron contacto con sus docentes”.

Este proceso de ofensiva por el retorno a las clases presenciales tuvo su momento culmine en febrero de 2021, cuando el gobierno de la CABA --desonociendo las regulaciones nacionales-- elaboró un protocolo para el inicio de las clases presenciales, que estableció las “pautas y lineamientos, generales y específicos, para la elaboración de medidas de prevención”. El protocolo regulaba el regreso a unas escuelas realmente existentes que, como denunció la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), no contaban con las condiciones necesarias para evitar la propagación del virus. Cabe destacar también que en este contexto de crisis, el gobierno porteño implementó un recorte en el presupuesto educativo. Así es, cuando todo indicaba que se necesitaban más escuelas y en mejores condiciones para afrontar ese momento, el GCBA decidió disminuir el presupuesto para obras y refacciones en 476 millones de pesos (un 70 por ciento), y transferir dichos fondos y los destinados al Plan S@rmiento --la entrega de computadoras a escuelas de gestión estatal-- a la Dirección de Educación Privada.

Estos “datos del mundo” expresan, junto con las nuevas declaraciones de Soledad Acuña, el proyecto político-pedagógico del gobierno porteño (y no solo de su ministra, sino del conjunto de la fuerza política de la que es parte). Las declaraciones racistas y de clase que la ministra realizó en la radio, no son excepcionales. Se inscriben en esta serie de políticas y acciones educativas, y de discursos de una fuerza política que desprecia a las clases populares y a la educación pública. No hace falta recordar las declaraciones que Mauricio Macri, Esteban Bullrich o María Eugenia Vidal hicieron en la misma sintonía.

En tiempos de “Gestapo” macrista, estas expresiones de Acuña vienen a reforzarnos a quienes estamos comprometides con una sociedad justa e igualitaria, la necesidad de construir propuestas superadoras para una Ciudad que urgentemente necesita de un gobierno comprometido con una educación pública, democrática y popular.

* Cinthia Wanschelbaum es investigadora del Conicet-IICE/UBA y profesora del Departamento de Educación de la UNLu.