La fiscala Ana Russo dictaminó que hay razones para abrir una investigación en base a  la denuncia que presentó Alberto Pérez, exjefe de gabinete de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires, junto con dos audios revelados por Página/12 donde el comisario Hernán Casassa describía un circuito de armado de causas judiciales y carpetazos durante el gobierno de María Eugenia Vidal. El policía había participado en allanamientos en propiedades de ambos ex funcionarios, en una causa iniciada por Elisa Carrió. El juez Ernesto Kreplak aceptó a Pérez como querellante y, entre las primeras medidas, le pidió a la Comisión Bicameral de Inteligencia una copia de la declaración que brindó allí Casassa, donde confirmó que era él quien hablaba en la grabación y conectó la mesa judicial de la provincia de Buenos Aires con otra a nivel nacional. Mencionó que Vidal, su exjefe de gabinete, Federico Salvai, el procurador Julio Conte Grand, y el exministro de Seguridad, Cristian Ritondo, eran convocados por la AFI a la "mesa judicial" que también se reunía en la Casa Rosada.     

El dictamen de la fiscalía todavía no individualiza personas imputadas. Dice que impulsa la acción "contra toda persona que pudiere resultar autor/a, coautor/a, cómplice, partícipe y/o instigador/a de los hechos por los que se insta su investigación y que se pudieran identificar con el devenir de la pesquisa". Pérez denunciaba “una serie de episodios de espionaje ilegal coordinados por una denominada mesa judicial, cometidos por quienes fueran los máximos responsables del gobierno provincial, penalmente relevantes en los términos de la ley 25.520 de inteligencia nacional... ". También señalaba: “he sido ilegalmente espiado por la estructura mencionada, junto a distintas personas de mi entorno –y a centenares de opositores al entonces gobierno de la Provincia de Buenos Aires- mediante la recolección de información ilegal que luego era entregada a medios periodísticos afines y vaya a saber uno a quien más, con el objeto de realizar campañas mediáticas y nutrir de información a fiscales y jueces para alentar persecuciones judiciales también manifiestamente ilegales”.

En los audios Casassa decía que el área de Auditoría de Asuntos Internos de la policía bonaerense, que dirigía Guillermo Berra, acopiaba información de manera ilegal de distintas bases de información: las privadas, como el sistema Nosis, para obtener datos patrimoniales y crediticios, y otras estatales como la Unidad de Información Financiera y la AFIP. También señalaba una vinculación con la Agencia Federal de Inteligencia. El comisario, que era subcomisario de Activos Ilegales de la Superintendencia de Investigaciones Complejas de la bonaerense cuando allanó los inmuebles de Pérez y Scioli, describió el mecanismo que existía como una "mesa judicial" que comparó con un "grupo de tareas" y describía que la información terminaba en manos de personas como Carrió, que luego hacía las denuncias penales. Ante los diputados de la Bicameral de Inteligencia confirmó esta descripción, y agregó el nexo con la Casa Rosada. 

Cuando ratificó la denuncia, Pérez recordó que Berra y su pareja, María Rosario Sardiña, auditora sumarial, fueron procesados. Están camino a juicio oral. Pero la causa se circunscribió a la información que recopilaba Asuntos Internos y lo que sostiene el exjefe de gabinete es que otras dependencias del Ministerio de Seguridad gestionaron información ilegal, y que por ejemplo habría 40.000 Nosis pedidos sin explicación legal sobre dirigentes políticos, como él y Scioli, sindicalistas como Roberto Baradel y uno de sus propios abogados, el ex camarista federal Jorge Ballestero. Entre las primeras medidas, Kreplak también pidió una copia de este expediente. Todo apunta a que se investigará lo que aquella pesquisa excluyó y que mostraría que el espionaje y armado de acusaciones penales no se limitaba a sindicalistas.