El diputado provincial Gustaco Orozco (Salta Somos Todos, partido del ex legislador nacional Alfredo Olmedo) ofreció mediante su perfil de facebook donar un bono mensual de $30.000 para que sea sorteado entre integrantes de la Policía de Salta y el Servicio Penitenciario de la provincia.

A pesar de que su iniciativa fue lanzada el 19 de enero, en medio de las repercusiones por el sorteo de su dieta realizado por el diputado nacional Javier Milei, Orozco rechazó que se diga que está imitando este ejemplo. Para desmentirlo, aseguró que en la pandemia donó su dieta completa, de unos $200 mil, en tres oportunidades, y en otras ocasiones donó parte de su dieta. "Esto lo venimos haciendo hace cuatro años", aseguró. 

El legislador salteño dijo que policías y guardiacárceles están mal pagados y que reciben un trato ingrato. Y, entre las razones para hacer este sorteo, sostuvo que aún se siente parte de la Policía, que es como su segunda familia. 

Orozco, expolicía, fue jefe de la Brigada de Investigaciones en la ciudad de Rosario de la Frontera, entre 2014 y 2016 y por su desempeño en este cargo está procesado, ya con elevación a juicio, en tres causas por apremios, vejaciones y torturas, delitos por los que también están acusados otros ocho policías. El debate oral ya debía haberse realizado, pero viene posponiéndose sucesivamente, ahora la causa está en la Corte de Justicia de Salta, por un recurso de inconstuticionalidad presentado por su abogado, Nicolás Vedia, que planteó la caducidad de las acusaciones.

“Ustedes conocen de mi compromiso con los agentes de las fuerzas de seguridad, aún me siento parte de esta Mi Segunda Familia. Frecuentemente vemos el trato ingrato que reciben muchos compañeros por simplemente hacer su tarea, notamos el abandono económico y laboral que padecen; por eso pensé en retribuirles algo aunque no sea todo. Como reconocimiento a su labor, a la dedicación con que día a día cuidan de nosotros ofreciendo su vida por la nuestra y como cierta compensación por los agravios que muchas veces reciben; creemos necesario premiar su trabajo”, manifestó Orozco en el perfil de facebook de su fundación.

Según especificó el diputado, cada mes, a partir del 10 de marzo, hará un sorteo de $30.000 entre integrantes, en actividad y pasivos, de la Policía provincial y el Servicio Penitenciario de Salta. Para participar, deberán inscribirse en el perfil del legislador, donde se indica que deberán asentar nombre y apellido, domicilio, teléfono y lugar de trabajo. El legislador dijo que ya hay casi 1800 inscriptxs. 

En declaraciones públicas Orozco insistió en que el personal de la seguridad provincial "Es el peor pago de la administración pública de Salta".

La Corte decidirá si es juzgado

Orozco y 8 policías están imputados por vejaciones agravadas por el uso de la violencia, severidades, torturas, privación ilegítima de la libertad y apremios ilegales. La Sala IV del Tribunal de Impugnación rechazó el año pasado la petición de sobreseimiento por caducidad presentada por su defensor y consideró que los plazos no habían caducado. Entre sus fundamentos el Tribunal citó precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y especialmente, de la Corte de Justicia de Salta, por lo que ordenó que el legislador y el resto de los acusados fueran juzgados por las imputaciones en su contra. Lo último que ha demorado el juicio es una presentación realizada por el abogado del diputado planteando un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de Justicia de Salta, que aún no ha dictado el veredicto.

Vedia explicó a Salta/12 que Orozco y lxs otros efectivxs defendidos por él estuvieron “siempre a disposición de la justicia, que podía definir fecha y hora del juicio pero no se concretó”. Originalmente el juicio se iba a realizar en marzo de 2020, pero por la pandemia y una serie de excusaciones y recusaciones, no llegó a concretarse

Además del legislador, están imputados lxs policías Víctor Orellana, Andrés Fernando Suárez, Javier Sebastián Reynoso, Denis Coronel, Rubén Darío Medina, Andrea Alejandra Díaz, Víctor Alejandro Luna y Dardo Ezequiel Pérez.

Vedia también detalló que en caso de prosperar el juicio a Orozco y los 8 policías imputados, éste se hará en Joaquín V. González porque el juez designado para juzgarlos es Héctor Sebastián Guzmán, a pesar de que este magistrado había intentado inhibirse esgrimiendo violencia moral, lo que no le fue aceptado.

El defensor detalló las acusaciones contra los denunciantes de Orozco y los otros efectivos, pero no negó los hechos. Vedia destacó que los denunciantes son Adrián López, investigado por robo calificado y abuso sexual con acceso carnal; Francisco Díaz, imputado por robo. Otro denunciante es Pablo Carrizo, imputado por homicidio.

Otras causas 

La exfiscala de Derechos Humanos Verónica Simesen de Bielke solicitó otro juicio contra Orozco y los policías Medina y Coronel por un hecho denunciado en 2015 en el que se los acusa de vejaciones agravadas por el uso de la violencia. 

En este caso el denunciante relató que el 3 de febrero de 2015, a la salida del Complejo Deportivo Municipal de La Candelaria, cuando junto a otras personas se retiraban de un festival un hombre de civil se acercó a uno de sus amigos y tras preguntarle “en qué había venido, y con quién, y si lo podía acompañar”, intentó detenerlo. El denunciante se acercó a preguntar el motivo de la detención y recibió un golpe de puño en la cara, cayó y se le volcó el vaso de cerveza justo en el pantalón de Orozco. Los policías lo levantaron del cuello y lo subieron al móvil, donde estaban el ahora diputado y dos hombres más de civil. 

El denunciante dijo que en el trayecto a la Comisaría de La Candelaria viajó en el asiento trasero junto a dos policías, uno lo ahorcaba y el otro le pegaba golpes de puño en las costillas.

Una vez llegados a la Comisaría, no le pidieron datos ni lo ingresaron como demorado y, en cambio, lo llevaron a un descampado contiguo, donde Orozco le cuestionó “por qué se había acercado al lugar donde estaba el personal policial”. El denunciante le pidió perdón y Orozco le dijo “porque te metés, en éstas cosas no tenés que andar”. Luego llegó una hermana y le permitieron irse. Al día siguiente, su padre radicó una denuncia.

El legislador también tiene denuncias de su expareja por violencia de género, y por violación de las perimetrales.

Además, en noviembre del año pasado, el fiscal penal de Rosario de la Frontera, Nicolás Rodríguez López, lo imputó por apología del crimen luego de que dijera que quienes maten a un policía y los violadores “deben ser condenados de manera ejemplar en las plazas y ejecutarse como corresponde”.

La última causa contra Orozco es por violencia durante la campaña política de este año. Simesen de Bielke y el fiscal Gabriel Alejandro González lo imputaron por coacción agravada por el uso de arma de fuego, en perjuicio de una persona, y por amenazas en perjuicio de otra.