La decisión del gobierno de Santa Fe de presentarse como querellante en la causa por el supuesto espionaje en que se apunta fundamentalmente a Marcelo Sain, antes que provocar efectos jurídicos determina un contexto político que pone en "negro sobre blanco" la determinación de avanzar sobre el ex-ministro de Seguridad de la provincia, afectando inclusive su libertad. En las últimas horas, de la todavía inexplicada acción de los fiscales de Santa Fe en la sede del gobierno en Rosario --de la que han pasado casi dos meses-- no existe información oficial en la página del MPA, ni los propios funcionarios actuantes aportan datos. Se han sucedido reuniones y contactos entre los diferentes estratos del Poder. No solo el institucional, con sus tres ramas, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, sino con otros actores como empresarios de la salud, dueños de medios de comunicación, titulares de constructoras, profesionales y sindicalistas. Es decir, el Poder real, que al parecer en buena medida figura en las "listas y carpetas", que han sido publicadas pero nunca "blanqueadas" por la justicia, en una causa que aún no tiene juez ni tipificación de los supuestos delitos.

El reproche del ex-funcionario a su antiguo Jefe, Omar Perotti --utilizando el tweet a quemarropas como lo hizo durante toda su estancia en Santa Fe-- terminó de definir la situación: "el que conduce tiene que bancar" dijo Sain, parafraseando a Ginés González García, quien utilizó esa expresión para mostrar su disgusto con el Presidente Alberto Fernández que lo "despidió" sin siquiera hablar con él cuando el escándalo de la vacunación de un grupo de allegados al gobierno en la sede del Ministerio de Salud, en ausencia de Ginés. 

Acá Sain fue más allá y destaca de algún modo que lo "limpiaron" por llevar adelante al pie de la letra la política que se había acordado con el gobernador. A esta altura de los hechos, y analizando lo que fue desde el inicio de esta gestión la puja con el sector que lidera Armando Traferri --quien consensuó con Perotti la fórmula que lo llevó a la Casa Gris, incluyendo a Alejandra Rodenas-- quedan pocas dudas de la afirmación de Sain, o mejor dicho ninguna. 

Lo que sí abre esa instancia son los métodos y acciones que llevaba adelante el ex-jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria a la hora de ese "combate". Sin perjuicio de la repudiable actitud del propio senador sanlorencino de no allanarse a una investigación por parte de dos fiscales de Rosario, amparándose en sus fueros, y de que el Senado, antes que un ámbito deliberativo se haya convertido en una guarida, lo que se intentará probar en los próximos meses es que se combatió la ilegalidad con más ilegalidad.

De acuerdo a altas fuentes de los tres poderes del Estado, habrá presentaciones contra Sain por parte de integrantes del Ejecutivo -inclusive puede ser un Ministro-, de legisladores, y de altos funcionarios de la Justicia, de los más encumbrados.

Además, se suceden reuniones entre empresarios de diferentes rubros -enumerados al comienzo de esta nota- y de personas que particularmente creen haber sido "espiadas" por su actividad profesional, política y/o sindical.

Esto que desde hace 10 meses -Sain renunció el 18 de marzo de 2021 al Ministerio y volvió a su cargo por concurso en la oficina de investigaciones del MPA, de donde fue desplazado por una objetable decisión legislativa- fue in-crescendo, sobre todo por la difusión de los hechos, con versiones en muchos casos ajustadas a las necesidades de los que contaban la historia, cobrará impulso y un rumbo en principio más serio desde el momento en que se avance sobre la imputación y el plexo probatorio existente, que sigue siendo una incógnita, más allá de las versiones interesadas. Ese es el punto de inflexión y no la finalización de la feria judicial, aunque podrían ser fechas coincidentes.

Lo que si ha comenzado a analizarse, especialmente por los profesionales que patrocinarán a los denunciantes, es la tipificación de los delitos presuntamente cometidos: violación a la ley de inteligencia interior, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos, aparecen repetidamente en las hipótesis de los letrados.

Sain está al corriente de todos estos movimientos, del mismo modo que la mayoría de sus colaboradores --algunos absurdamente involucrados y cuya honorabilidad está fuera de discusión--, a la espera de que lo que hasta ahora es una acción del MPA se transforme en una causa judicial en la que pueda ventilarse en detalle qué fue lo que ocurrió. El rol de asesor del Ministerio de Seguridad de la Nación es un arma de doble filo. Su continuidad expresa de algún modo la confianza en su accionar por parte del gobierno nacional, y a la vez -y a la hora de una eventual imputación- lo coloca en una posición que (doctrina Irurzun mediante) le asigna algún grado "poder" para incidir en la investigación, según los abogados que lo demandarán.

Sería saludable que se avance en determinar responsabilidades y -si los hubo- delitos. Identificar a los responsables, del mismo modo que dejar en claro el accionar de los fiscales, sus jefes y la estructura de los diferentes poderes en esta historia que parece interminable, y que afecta en funcionamiento de las instituciones. Dejar de lado el sainete --dramático, popular y burlesco-- y darle paso una acción que contribuya seriamente a modificar el escenario de tragedia que vive Santa Fe desde hace demasiado tiempo.