El presidente Alberto Fernández irá a declarar personalmente al juicio por la obra publica de Santa Cruz, a principios de febrero. Lo mismo harán el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y el ministro de Seguridad Aníbal Fernández. Todos tienen la chance de declarar por escrito, pero Página/12 constató que irán a Comodoro Py para ser testigos en el juicio que tiene como principal imputada a Cristina Fernández de Kirchner, aunque en los casi tres años de audiencias a la exmandataria se la nombró poco y nada. 

Las declaraciones empiezan el 1 de febrero con el exjefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina, que también irá personalmente. Ese mismo día prestará testimonio Carlos Zannini, exsecretario de Legal y Técnica, que igualmente lo hará de forma presencial. Y una semana más tarde están citados el Presidente y el titular de Diputados, que le pidieron al tribunal cambiar la fecha porque el primero estará en China y el segundo en Panamá.

Los ejes de la declaración de Alberto, Massa, Aníbal y Zannini

El arranque del año judicial tendrá esos fuertes impactos, en un juicio que empezó en mayo de 2019 y seguramente no terminará en 2022. La presencia de Alberto Fernández, Massa, Aníbal Fernández, Abal Medina, Jorge Capitanich -no recibió la notificación todavía- y Zannini significa un fuerte respaldo a Cristina Kirchner porque lo que todos van a explicar es algo bastante sencillo:

  • La obra pública se vota en el Congreso Nacional, en la Ley de Presupuesto, de manera que un presidente no tiene el poder de asignar una ruta por sí mismo, sino que pasa por Diputados y Senadores.
  • Ante esa realidad, la acusación trata de virar la sospecha hacia la reasignación de partidas que es responsabilidad de los jefes de Gabinete. Por eso, la defensa de CFK, a cargo de Carlos Beraldi, convocó a todos los que ocuparon ese cargo. Seguramente explicarán cómo se hicieron las reasignaciones de partidas que suelen ser generales, no específicas para tal obra o tal otra, especialmente cuando -como en el caso del juicio- las licitó, adjudicó y controló la propia provincia.
  • Pero hay un dato adicional, terminado cada año, las reasignaciones y todo el manejo concreto del presupuesto requieren de aprobación. En primer lugar, del propio Congreso a través de la votación que se denomina Cuenta de Inversión. Hay un segundo control de la Auditoría General de la Nación, que también tiene que aprobar la gestión del presupuesto y las reasignaciones. En todos los casos, la Cuenta de Inversión se aprobó y la AGN no objetó nada.

En el proceso de reasignación de partidas intervienen numerosos protagonistas en los ministerios nacionales y sobre todo en los provinciales, donde se ejecutaron las obras, de manera que un jefe de Gabinete termina rubricando gruesos expedientes que vienen con muchas firmas. Pero aún así, no tiene intervención en nada que tenga que ver con supuestos sobreprecios ni quién hace las obras, que es de lo que se trata el juicio. 

Cómo el macrismo armó la causa

Las imágenes de la reunión de la Gestapo en el salón del Bapro hacen pensar que algo similar se tejió para poner en marcha el expediente de la obra pública de Santa Cruz. Mauricio Macri tomó posesión el 10 de diciembre de 2015. Recién designó un interventor en Vialidad Nacional el 15 de enero. Pero al día siguiente, el 16 de enero, el nuevo interventor -el ultramacrista Javier Iguacel- emitió su resolución número 1: puso en marcha una auditoría. Pero no sobre todas o algunas de las provincias, sino sobre una sola: Santa Cruz. Esa auditoría concluyó en que no se pagaron obras que no se hicieron, que las rutas estaban bien hechas y que los atrasos eran los habituales en las obras de todo el país. 

Después de tantear con otras acusaciones, la denuncia se centró en que empresas de Lázaro Báez ganaron 51 de las 81 licitaciones, algo bastante habitual: las empresas locales se imponen porque tienen el personal y la maquinaria en el lugar, algo todavía más importante en el caso de Santa Cruz, distante 1800 kilómetros del área metropolitana y con un clima inhóspito. Además, no hubo objeciones a las licitaciones. Aún así, Iguacel presentó la denuncia, porque seguramente así se decidió en una reunión parecida a la del Bapro, donde también es muy posible que hayan dicho: "vamos para adelante, la cuestión judicial está asegurada".